Por: Paula Giménez. 07/01/2026
Estados Unidos lanzó una agresión militar directa contra la República Bolivariana de Venezuela. Bombardeos sobre Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, sumados al secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de su esposa, la primera combatiente Cilia Flores -confirmado por Donald Trump y sin prueba de vida audiovisual verificable hasta el momento- constituyen una gravísima violación a la Paz de nuestros pueblos, al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela calificó la ofensiva como una “agresión militar gravísima”, declaró el estado de Conmoción Exterior, activó planes de defensa integral y convocó a la movilización popular frente a una ofensiva imperialista orientada a despojar al país de sus recursos estratégicos y a quebrar su autodeterminación política.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, desde territorio venezolano, fue categórica al denunciar el ataque: “Este es un ataque aéreo brutal por parte del Gobierno de los Estados Unidos, violando todas las normas del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La capital de la República ha sido vulnerada y agredida. Exigimos prueba de vida del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores.”
Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, reafirmó la decisión histórica del chavismo y de la Revolución Bolivariana: “Venezuela resistirá la presencia de tropas extranjeras dentro de sus fronteras. Unámonos, pueblo y Fuerza Armada, para defender lo que es nuestro.” Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, sintetizó el horizonte político del momento histórico: “Aquí nadie se entrega, aquí nadie se rinde.”
En la conferencia de prensa en la que anunció la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Donald Trump dejó al descubierto el verdadero alcance de la operación. Afirmó que Estados Unidos avanzará hacia una “transición segura” en Venezuela, bajo control directo de Washington, y sostuvo que su administración asumirá un rol central en la gestión política y estratégica del país. En ese marco, tomó distancia de María Corina Machado al señalar que “no tiene el apoyo ni el respeto necesarios dentro de Venezuela para gobernar”, descartándola como garante de una salida política estable. Trump explicitó además que dicha “transición segura” estará supervisada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, dejando en claro que el secuestro del presidente constitucional y la intervención militar forman parte de un esquema de administración tutelada del país por parte de Estados Unidos.
Toda la derecha internacional, bajo conducción neofascista, intenta justificar esta agresión con argumentos falsos y construcciones mediáticas deliberadamente engañosas. El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que el secuestro de Maduro “se encuadra dentro de la autoridad inherente del presidente, en virtud del artículo II de la Constitución”. Esto es categóricamente falso. Ese artículo no habilita operaciones militares ofensivas. La Constitución estadounidense es clara: sin declaración del Congreso, facultad exclusiva del Artículo I, se trata de una acción ilegal y de un crimen de guerra. Incluso sectores del propio sistema político estadounidense lo reconocen. El congresista Jim McGovern fue contundente: “Sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses en contra de la acción militar, Trump acaba de lanzar un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela.”
El eje central de la narrativa imperialista para justificar la guerra es el narcotráfico. Este argumento no resiste el más mínimo contraste con la realidad empírica. La propia DEA reconoce que solo el 8% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos pasa por el Caribe, mientras que el 74% lo hace por el Pacífico. A su vez, la Organización Mundial de Aduanas confirma que hoy la cocaína circula mayormente en contenedores marítimos, no en pequeñas embarcaciones. El desplazamiento de las rutas hacia el Pacífico es evidente y tiene un epicentro claro: Ecuador. Entre 2019 y 2023, la tasa de homicidios en ese país creció más de un 600%, reflejo directo de ese corrimiento criminal. Allí, además, empresas vinculadas a la familia del presidente Noboa están denunciadas internacionalmente por exportar drogas ilegales ocultas en cargamentos de bananas. Sin embargo, no hay sanciones ni agresiones militares contra gobiernos alineados con Washington. Las rutas del narcotráfico, que tuvieron a Honduras como epicentro durante más de una década, fueron confirmadas por la propia Justicia estadounidense, que condenó por narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por el propio Donald Trump.
Hay que ser claros: la llamada “lucha antidrogas” funciona únicamente como coartada geopolítica para intervenir, disciplinar gobiernos no alineados y justificar la militarización del continente.
También es imprescindible una caracterización histórica precisa. El secuestro del presidente Nicolás Maduro abre un nuevo capítulo en la historia latinoamericana. Un punto de inflexión que solo encuentra un antecedente comparable en el Golpe de Estado contra Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular en 1973. Al igual que entonces, se combinan agresión externa, deslegitimación mediática, presión económica y ruptura abierta del orden institucional. La diferencia es que hoy esa ruptura se expresa con intervención militar directa, tal como ocurrió en Panamá en 1989. No es solo un ataque a un gobierno: es un mensaje de guerra dirigido a toda la región.
En este marco, la línea Trump consolida un nuevo Plan Cóndor del siglo XXI. Ya no se trata únicamente de golpes «blandos» ni de guerras judiciales («lawfare»). El salto es operacional, militar y abierto. Venezuela es el primer objetivo. El tablero siguiente aparece con claridad estratégica: Cuba, Colombia, México y Brasil. Países clave por su peso geopolítico, territorial y demográfico, y por su potencial para articular proyectos autónomos en América Latina.
Al abrir la convocatoria del Consejo de Defensa Nacional y anunciar el decreto de estado de Conmoción Exterior, Delcy Rodríguez fue terminante: Nicolás Maduro es el único presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Denunció el secuestro como un acto ilegal e ilegítimo, exigió su liberación inmediata y afirmó que el Estado venezolano, su Constitución, el pueblo y la Fuerza Armada permanecen cohesionados para defender la soberanía y garantizar la continuidad institucional frente a la agresión imperialista. Venezuela no aceptará tutelajes ni administraciones coloniales.
Este es un verdadero punto de no retorno para la política latinoamericana. Quien no lo quiera asumir, quien vacile frente a esta agresión imperialista abierta, pasará a engrosar el listado de intelectuales que, como advertía Rodolfo Walsh, quedarán “en la antología del llanto”. En momentos históricos como este, no hay lugar para ambigüedades ni equidistancias: se está del lado de los pueblos o del lado del imperialismo.
Por eso crecen las convocatorias a la movilización y a la solidaridad internacional. Frente a la agresión imperialista, la neutralidad no existe. La historia vuelve a interpelar a los pueblos.
Venezuela no está sola.
*Paula Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL.
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Fotografía: La Izquierda Diario