Por: TLACHINOLLAN. 12/03/2022
Mar de agravios montaña de esperanza
Tlapa, Guerrero a 08 de marzo de 2022.- La mujer indígena de la Montaña de Guerrero no tiene motivos para festejar este día. La discriminación secular, pobreza y violencias laceran sus vidas y socavan su dignidad. Un estado y modelo económico inminentemente patriarcal que las oprime y que alienta las violencias en su contra. Que ha propiciado relaciones asimétricas y genera una intersección de discriminación.
Pese a los esfuerzos de las mujeres y su lucha organizada con tristeza podemos constatar que la pobreza para la mujer sigue aumentando, respecto al hombre. Según datos del CONEVAL las mujeres hablantes de una lengua indígena en situación de pobreza sumaron 2.8 millones hace dos años, un aumento de 74 mil personas con respecto a 2018. Mientras que la pobreza en los hombres indígenas disminuyó.
Estas circunstancias las vive día a día la mujer indígena de la Montaña que experimenta en carne propia las carencias e imposibilidad de acceder a los productos de la canasta básica, a las medicinas y una vivienda digna.
En lo que va del presente año hemos documentado 317 casos de mujeres, de estas 202 denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia, 82 fueron de violencia económica, perpetrados por los esposos, concubinos y algún otro familiar obligado a proporcionar alimentos, 48 de violencia física, 43 de violencia psicoemocional (guarda y custodia, separación y divorcios), 6 casos de violencia patrimonial (mujeres que fueron despojadas de sus bienes), 9 casos de agresión sexual contra niñas, 9 casos de feminicidio, 5 casos de criminalización de mujeres que denunciaron violencia y 2 de venta de niñas y matrimonios forzados.
La política social del gobierno ha sido insuficiente para revertir la pobreza secular de la mujer, por el contrario, se ha acentuado. No existe una estrategia clara que potencie los esfuerzos y trabajo de la mujer indígena y revierta la situación de pobreza y marginación que vive.
Los servicios de salud siguen siendo inaccesibles, no disponibles y de mala calidad. El personal carece de perspectiva de género y pertinencia intercultural en la atención que brinda, malas prácticas que han ocasionado muertes maternas, infantiles y violencia obstétrica.
Las violencias que viven aumentan exponencialmente, particularmente durante la pandemia generada por el Covid-19, mientras los órganos de procuración e impartición de justicia que investigan sus casos incurren en dilaciones, falencias en las diligencias, pérdida y destrucción de indicios que impiden el esclarecimiento de los hechos y corrupción. Aunado a las fallas estructurales e institucionales como la falta de recursos humanos y económicos para varias agencias especializadas en atención de mujeres, ausencia de peritos en distintas materias, principalmente médicas legistas e intérpretes indígenas.
Tlachinollan ha documentado cinco casos donde el Ministerio Público, lejos de investigar los casos, criminaliza a las mujeres indígenas por denunciar la violencia que sufren. Ayer, 7 de marzo de este año, María Magdalena, indígena Naua de Tlaquilzingo, municipio de Tlapa, la sentaron en el banquillo de las acusadas al formularle imputación por el delito de privación ilegal de la libertad contra el que violó a su hija. Afortunadamente el Juez de control de Tlapa le dictó auto de libertad. Mientras, tuvo que tragarse el trago amargo y contener el llanto en la sala de audiencia, cuando escuchaba como el violador de su hija la acusaba de privación de la libertad personal. El mismo día el Ministerio Público presentó acusación contra Agustina Flores por violencia familiar. Indígena Naua que ha sufrido en carne propia la violencia de su ex pareja y sus suegros que en un proceso civil y familiar injusto e irregular le quitaron la custodia de sus hijos y la acusaron de violentarlos. Ahora enfrenta un proceso y está próxima a ser condenada mientras los que la violentan gozan de impunidad.
Por lo demás, la venta de niñas y matrimonios forzados es una mala práctica que persiste en algunos municipios de la montaña y que las autoridades no han podido erradicar. El gobierno estatal y los municipios implicados carecen de una política efectiva que revierta este lastre social. No se despliegan campañas que informen de los derechos de la mujeres y niñas, ni se atienden las causas estructurales de pobreza y marginación que propician estas malas prácticas, por el contrario, los municipios implicados participan en los arreglos de matrimonios forzados o muchas de las veces obligan a las niñas que intentan deshacer estos matrimonios a devolver el dinero o de lo contrario las encarcelan. Los esfuerzos del gobierno del estado en esta materia fue una acción declarativa más que una estrategia efectiva clara para erradicar esta mala práctica.
Por lo anterior, el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, exige que el estado remueva los obstáculos y barreras institucionales para que las mujeres puedan acceder a la salud, educación y la justicia. Que se implementen políticas efectivas para revertir la pobreza y marginación de la mujer indígena y los niveles de violencia que lacera sus vidas y alto a la violencia feminicida contra las mujeres indígenas de la Montaña.
¡Por una vida libre de violencia!
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
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Fotografía: Tlachinollan
