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Muertos, violencia, detenciones policiales y cierre de medios opositores. Un presidente en crisis, que traicionó la voluntad popular para arreglar con el FMI, declara el estado de excepción y muda su gobierno de Quito a Guayaquil. Crónica de Augusto Verduga de un Ecuador al rojo vivo.
Ecuador vive una situación de violencia generalizada, protestas en varias provincias del país, población civil asesinada, casi un millar de detenciones policiales, ataques a centros de acopio de alimentos, militarización de las urbes, cambio de la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, intervención, censura previa y allanamiento de medios de comunicación no alineados con el discurso del oficialismo. Todo ello ocurre en el contexto de un estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno con el que se han restringido las libertades de reunión y de expresión, y un toque de queda que limita, asimismo, la libertad de tránsito en todo el territorio nacional, en zonas consideradas como estratégicas, entendiendo por tales a los edificios de las funciones del Estado y las que determine el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
¿La causa de esta conmoción? Un inverosímil vuelco de tuerca en el plan de trabajo propuesto por Lenín Moreno que, se suponía, significaba la continuidad del proceso de la Revolución Ciudadana y de sus políticas de justicia social, con las cuales el Ecuador rompió récords en reducción de pobreza durante 10 años. Al contrario, desde los primeros meses de su mandato, Moreno se desmarcó de su electorado y pactó con los sectores oligárquicos del país, la banca y las denominadas “Cámaras de la producción”, todos ellos derrotados en las urnas, desmontando así la capacidad de planificación del Estado, reduciendo de forma dramática los presupuestos destinados a salud y educación, y despidiendo a más de 23 mil servidores del sector público.
En esa recomposición neoliberal del Estado, la gota que derramó el vaso fue su decisión de suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4200 millones de dólares, con la consecuente exigencia de aplicar políticas de shock ampliamente conocidas en América Latina. Lo paradójico del asunto es que, hacía menos de dos años, con la justificación de dinamizar la economía y traicionando el plan de trabajo que lo llevó a la Presidencia, Moreno literalmente condonó el pago de impuestos a las empresas más opulentas del Ecuador por un valor casi igual al desembolsado por el FMI, por lo que, con mucha pertinencia, desde los sectores progresistas del país se ha venido afirmando que se trata de una crisis auto-inducida para beneficiar a los grandes grupos de poder económico.
Así, el plan de austeridad emprendido por Moreno contempló un ajuste en el sector público, con una reducción salarial de hasta un 20% para los servidores con contratos temporales, la disminución del período de vacaciones de 30 a 15 días y la obligación de aportar al Estado con un día de salario por mes. De otro lado, se eliminaron los subsidios a los combustibles, medida que tuvo un efecto dominó en el alza del precio de los servicios de transporte, así como en los precios de los víveres de primera necesidad.
Sobre esa base, el sector transportista se declaró en paro nacional, y a él se sumaron los estudiantes, sindicatos, montubios y los movimientos indígenas, estos últimos aglutinados desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organización que, desde el segundo día del paro, ha liderado las protestas en todas las regiones del país.
Con una aceptación de menos del 12% y un creciente descontento popular, el gobierno de Lenín Moreno pende de un hilo. Acaso los bastiones más importantes con los que cuenta -y por los que aún se mantiene en el poder- son los medios de comunicación tradicionales que deliberadamente han invisibilizado las protestas y la represión policial; la Corte Constitucional que legitimó el estado de excepción; y el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien mandó a cerrar las vías de acceso a esta ciudad para impedir el paso de los manifestantes a la nueva sede del gobierno. Este personaje político forma parte del 2% más rico del país y representa, por lejos, la figura más visible de la derecha ecuatoriana, la que lo perfila como el candidato mejor posicionado para las presidenciales del 2021. Ello, claro está, si es que al ex mandatario y perseguido político Rafael Correa -a quien el oficialismo se ha encargado de acusar de actos de corrupción no comprobados y sobre el que pesa una orden de captura que no le permite regresar al Ecuador- se le impide inscribir su candidatura en dichos comicios, pues todo indica que de tener la chance de participar, sería Correa quien ganaría nuevamente las elecciones.
En este escenario de grave conmoción interna y violación sistemática de los derechos humanos, la única vía institucional para derrocar al régimen de turno es el de la “muerte cruzada”; esto es, la posibilidad de que, con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional, se proceda a destituir al Presidente de la República, luego de lo cual -tal como lo prevé la Constitución- se realice una convocatoria a elecciones anticipadas para las funciones Legislativa y Ejecutiva de cara al resto de los respectivos períodos. Que ello ocurra o no, dependerá de la forma en que los asambleístas manejen la presión de los sectores sociales que se cierne sobre sus curules, montubios, indígenas, estudiantes, obreros, gente de a pie, que exigen enérgicamente y sin concesiones “que se vayan todos”.
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Fotografía: El grito del sur