Por: Cencos. 16/04/2018
Durante los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la violencia contra las mujeres cobró más de 8 mil 900 vidas, siendo 2017 el año más dramático, con 3 mil 256 mujeres asesinadas, lo que representa un incremento de 52% respeto de dos años anteriores, alertó María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Durante la presentación del informe “Implementación del tipo penal del feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”, Estrada Mendoza resaltó que, pese a la obligatoriedad de las entidades federativas de incorporar estándares internacionales en sus legislaciones, menos de la cuarta parte de las muertes violentas de mujeres son investigadas como feminicidio, lo que perpetúa la impunidad.
Ante familiares de 14 víctimas de feminicidio y de tentativa de este delito, representadas por el OCNF, la defensora dio a conocer un panorama desolador sobre la falta de acceso a la justicia, la criminalización de las víctimas, la ausencia de investigación de contextos y de la relación víctima-victimario, y del desdén institucional hacia las agresiones contra mujeres que en ocasiones terminan en feminicidios.
La investigación de la organización se fundamentó en solicitudes de información a la entidades federativas, la revisión de estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Nacional (SNSP), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) así como de los 24 informes para determinar la pertinencia o no de las Alertas de Violencia de Género, de las legislaciones en los estados y sus Códigos Penales, además del análisis de 14 casos defendidos.
María de la Luz Estrada destacó que, de acuerdo con datos del SNSP, entre 2014 y 2017, de las 8 mil 904 mujeres asesinadas en el país, sólo 2 mil 188, es decir, 24.57% de los casos, fueron investigados como feminicidios, reportándose entidades con crecimientos preocupantes de homicidios de mujeres como Baja California Sur, con 658%, y Querétaro con 112%, entre 2015 y 2017.
La defensora destacó que, pese al crecimiento de la violencia feminicida, sólo 19 entidades prevén el tipo penal de feminicidio, pero que en muchos de ellos “la legislación sirve para evitar tipificar una muerte violenta de mujer como feminicidio”.
Sobre las víctimas, la defensora explicó que el OCNF analizó mil 886 feminicidios ocurridos entre 2014 y 2017, de los cuales la gran mayoría oscilaban entre los 21 y 30 años; entre las causas de muerte destacan golpes, estrangulamientos, asfixia, quemaduras, envenenamientos, por heridas mutilantes y por arma de fuego; la gran mayoría fueron encontradas en espacios públicos como carreteras, terrenos baldíos, hoteles, bares, hospitales restaurantes, entre otros, en tanto que 30% de los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en sus domicilios.
Estrada Mendoza destacó que la indiferencia de las autoridades se refleja en la impunidad en la que están los casos, y destacó que en entidades consideradas por la propia Conavim como de extrema violencia para las mujeres, como Sinaloa, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz, las autoridades “no investigan los contextos de violencia, por lo que muchos feminicidios provocados por la delincuencia organizada no están siendo investigados”.
Anayeli Pérez Garrido explicó que, tomando en cuenta los 14 casos que ha litigado el OCNF, se han podido identificar como las principales fallas por parte de las autoridades la “resistencia a investigar las muertes de mujeres como feminicidio; revictimización; malos manejos del lugar del hallazgo y pérdida de evidencia; inconsistencias en dictámenes periciales; falta de análisis de contexto; no se garantizan los derechos de las víctimas; inexistencia de mecanismos efectivos de supervisión y evaluación y sanción de servidores públicos, y falta de perspectiva de género en las resoluciones del Poder Judicial”.
Al detallar cada uno de los “ocho pasos de la ruta de la impunidad”, Pérez Garrido destacó que con lo que se topan las víctimas y sus familiares es con “la falta de reconocimiento de la pérdida del proyecto de vida, y con casos lastimosos de orfandad, por lo que la magnitud de los desafíos del Estado mexicano son tremendos”.
Por su parte, Mercedes Rubio explicó que hasta ahora sólo en 26 entidades federativas las procuradurías o fiscalías cuentan con protocolos para investigar feminicidios.
“Preocupa cómo es que se pueden clasificar o no casos de feminicidio en las seis entidades que no cuentan con protocolos (Tamaulipas, Michoacán, Baja California Sur, Tlaxcala Michoacán, Durango y Nayarit), y cuáles son los elemento que toman en cuenta si no cuentan con protocolos de investigación”, dijo la defensora
Añadió que una gran preocupación es también el que, en ninguna de las 32 entidades federativas, “existen protocolos de investigación con perspectiva de género, como lo ordenó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso del homicidio de Mariana Lima Buendía, no se incorporó la perspectiva de género, ni siquiera en el Estado de México, entidad donde ocurrió el homicidio”.
En la presentación, la responsable de la Cooperación de la Delegación de la Unión Europea, Marie Augouy, informó que el organismo mantendrá su apoyo a proyectos para acabar con la “pandemia” de feminicidios en México. Enseguida anunció que la UE canalizará, en cinco años, 50 millones de euros.
La investigación del informe del OCNF fue financiado por la UE y por la embajada del Reino de los Países Bajos.
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Fotografía: Cencos
