Por: Eric Toussaint. 12/11/2026
[Como demostró la experiencia de Grecia en 2015 la llegada al gobierno de una alternativa de izquierdas con voluntad de dar respuesta a las necesidades de las clases populares va a topar necesariamente con todos los mecanismos económicos que dispone el sistema para impedir realizar la experiencia. Sin duda, la deuda pública es uno de esos mecanismos de presión importante. Eric Toussaint nos acerca en este articulo las reflexiones de Marx al respecto, ante la posibilidad de que en 2027 la izquierda gobierne en Francia, si bien tanto la configuración de la economía mundial, como el contexto en el que la izquierda pueda acceder el gobierno en 2027, plantean una situación harto más compleja de la analizada por Marx, a la que será preciso responder con el «análisis concreto de la situación concreta” y en el que, sobre todo, va a ser determinante tanto la relación de fuerzas a nivel nacional como internacional-. Como respondió Ernest Mandel a representantes de ERP salvadoreño en la década en los 90 del siglo pasado cuando le preguntaron sobre las medidas de política económica a aplicar en caso de llegar al gobierno: “analicemos la situación en concreto”.]
En febrero de 1848 la revolución derroca a la monarquía y proclama la República. Pero el Gobierno Provisional, ansioso por tranquilizar a los acreedores, opta por mantener los compromisos financieros del Estado y preservar los intereses de la burguesía, en detrimento de las aspiraciones populares. En su libro Las luchas de clases en Francia, Marx analiza esta contradicción y muestra cómo la sumisión al poder del dinero contribuyó al fracaso de las esperanzas revolucionarias. Este análisis conserva toda su actualidad en vísperas de 2027.
En 1848, la República busca tranquilizar a los acreedores de la monarquía
“El gobierno provisional quería despojar a la República de su apariencia antiburguesa. Por eso, lo primero que tenía que hacer era asegurar el valor de cambio de esta nueva forma de gobierno, su cotización en la Bolsa. Con la cotización de la República en la Bolsa volvió a elevarse, necesariamente, el crédito privado.
Para alejar la más mínima sospecha de que la República no quisiese o no pudiese hacer honor a las obligaciones legadas por la monarquía, para despertar la fe en la moral burguesa y en la solvencia de la República, el gobierno provisional acudió a una fanfarronada tan indigna como pueril: la de pagar a los acreedores del Estado los intereses del cinco, del cuatro y medio y del cuatro por ciento antes del vencimiento legal. El aplomo burgués, la arrogancia del capitalista se despertaron en seguida al ver la prisa angustiosa con que se procuraba comprar su confianza
Naturalmente, las dificultades pecuniarias del gobierno provisional no disminuyeron con este golpe teatral, que lo privó del dinero en efectivo de que disponía. La apretura financiera no podía seguirse ocultando, y los pequeñoburgueses, los criados y los obreros hubieron de pagar la agradable sorpresa que se había deparado a los acreedores del Estado.
Las libretas de las cajas de ahorro con sumas superiores a cien francos se declararon no canjeables por dinero, fueron confiscadas y convertidas por decreto en deuda pública no amortizable. Esto hizo que el pequeñoburgués, ya de por sí en aprietos, se irritase contra la República. Al recibir, en sustitución de su libreta, títulos de deuda pública se veía obligado a ir a la Bolsa a venderlos”.
Marx había precedido el pasaje que acabamos de reproducir con esta fórmula fuerte: “El crédito público y el crédito privado son el termómetro económico por el que se puede medir la intensidad de una revolución”, antes de añadir: “En la misma medida en que aquellos bajan, suben el calor y la fuerza creadora de la revolución”. (Fuente del texto y sus notas, Karl Marx, Las luchas de clase en Francia 1848-1850, pg)
Para continuar con el pago de la deuda, el gobierno hace pagar a las clases populares
Este pasaje de Marx pone de relieve una contradicción fundamental con la que puede encontrarse un gobierno nacido de una revolución popular: en lugar de apoyarse en el movimiento que lo llevó al poder para romper con los privilegios de las clases dominantes, busca tranquilizarlas y preservar sus intereses. Esto es precisamente lo que hizo el Gobierno Provisional de la República Francesa en 1848.
La monarquía acaba de ser derrocada. El nuevo gobierno goza de la legitimidad política que le confiere la revolución de febrero. Sin embargo, en lugar de cuestionar las obligaciones financieras heredadas del régimen monárquico y abrir un debate sobre la legitimidad de las deudas acumuladas por éste, se apresura a demostrar a los acreedores del Estado que no tienen nada que temer. Marx subraya la prisa del gobierno por pagar los intereses de la deuda incluso antes de su vencimiento legal. No se trata simplemente de cumplir con un compromiso financiero: se trata de restablecer la confianza de la burguesía financiera en el nuevo orden político y demostrarle que la República no cuestionará sus créditos.
Marx describe esta operación como un intento de hacer subir el “curso bursátil” de la República. El nuevo régimen quiere demostrar su respetabilidad a los ojos de los tenedores de capital. En otras palabras, incluso cuando una revolución acaba de derrocar a la monarquía, el gobierno busca obtener el reconocimiento de las clases cuyos privilegios podría y debería haber cuestionado. La continuidad del servicio de la deuda se convierte así en una forma de tranquilizar a la burguesía sobre la continuidad de sus intereses, más allá del cambio de régimen político.
Pero esta política de conciliación tiene un coste social. El gobierno, que ha movilizado sus recursos disponibles para pagar por adelantado los intereses adeudados a los acreedores del Estado, se encuentra en una situación financiera aún más difícil. Entonces hace que los pequeños burgueses, los empleados y los trabajadores soporten parte del coste de esta política, limitando la posibilidad de recuperar en efectivo las sumas depositadas en las cajas de ahorros. Marx subraya el contraste: los acreedores del Estado son tranquilizados, mientras que los pequeños ahorradores se ven perjudicados. La República contribuye así a volver contra ella a parte de quienes constituían su base social.
La lección política es esencial. Al querer evitar el enfrentamiento con las clases dominantes, un gobierno puede ser llevado a tomar medidas que golpeen a las categorías populares o que las decepcionen y erosionen el apoyo del que disfruta. Por lo tanto, la conciliación no garantiza la estabilidad política que pretende garantizar. Por el contrario, puede debilitar al gobierno al separarlo de las fuerzas sociales que han hecho posible su victoria, sin garantizarle la benevolencia duradera de las potencias económicas y financieras.
La deuda pública no es una cuestión puramente contable
El ejemplo de 1848 invita así a plantear una pregunta que sigue siendo actual: ¿puede un gobierno llevado al poder por una fuerte movilización popular transformar realmente la sociedad si se prohíbe cuestionar los compromisos financieros y los privilegios heredados del régimen anterior? La cuestión de la deuda pública es central aquí. Antes de considerar su reembolso como una obligación intangible, es necesario examinar las condiciones en las que se contrajo, identificar a quienes se ha beneficiado y las categorías sociales que realmente soportan su coste.
Marx nos invita a entender que la deuda pública no es una cuestión puramente contable. Establece una correlación de fuerzas entre las clases sociales. La decisión de proteger a los acreedores no es neutral: expresa una orientación política. En 1848, el gobierno provisional prefirió dar garantías a la burguesía financiera en lugar de poner en práctica una política de ruptura con los intereses del antiguo régimen. Esta experiencia muestra los riesgos de una revolución política que no va acompañada de un cuestionamiento de las relaciones económicas y sociales en las que se basaba el poder derrocado.
Banco de Francia: Marx denuncia la capitulación del Gobierno Provisional
“Amenazada directamente por la revolución de Febrero, no solo en su dominación, sino en su misma existencia, la banca procuró desacreditar desde el primer momento la república, generalizando la falta de crédito. Se lo retiró súbitamente a los banqueros, a los fabricantes, a los comerciantes. Esta maniobra, al no provocar una contrarrevolución inmediata, por fuerza tenía que repercutir en perjuicio de la propia banca. Los capitalistas retiraron el dinero que tenían depositado en los sótanos de los bancos. Los tenedores de billetes acudieron en tropel a las ventanillas de los bancos a canjearlos por oro y plata” (idem, p. 59).
Lo que el gobierno podría y debería haber hecho.
“El gobierno provisional podía obligar a la banca a declararse en quiebra, sin ninguna injerencia violenta, por vía legal; para ello no tenía más que mantenerse a la expectativa, abandonando a la banca a su suerte. La quiebra de la banca hubiera sido el diluvio que, en un abrir y cerrar de ojos, barriese del suelo de Francia a la aristocracia financiera, la más poderosa y la más peligrosa enemiga de la República, el pedestal de oro de la Monarquía de Julio. Y una vez quebrada la banca, la propia burguesía, en un último intento desesperado de salvación, vería necesario que el gobierno crease un Banco Nacional y sometiese el crédito nacional al control de la nación” (Idem. p. 59)
¿Qué hizo, al contrario?
“Pero lo que hizo el gobierno provisional fue, por el contrario, dar curso forzoso a los billetes de banco. Y aún hizo más. Convirtió todos los bancos provinciales en sucursales del Banco de Francia, permitiéndole así lanzar su red por toda Francia. Más tarde, le hipotecó los bosques del Estado como garantía de un empréstito que contrajo con él. De este modo, la revolución de Febrero reforzó y amplió directamente la bancocracia que venía a derribar.
Entretanto, el gobierno provisional se encorvaba ante la pesadilla de un déficit cada vez mayor. En vano mendigaba sacrificios patrióticos. Solo los obreros le echaron una limosna. Había que recurrir a un remedio heroico: establecer un nuevo impuesto. ¿Pero a quién gravar con él? ¿A los lobos de la Bolsa, a los reyes de la Banca, a los acreedores del Estado, a los rentistas, a los industriales? No era por este camino por el que la República se iba a ganar la voluntad de la burguesía. Eso hubiera sido poner en peligro con una mano el crédito del Estado y el crédito comercial, mientras con la otra se le procuraba rescatar a fuerza de grandes sacrificios y humillaciones. Pero alguien tenía que ser el pagano. ¿Y quién fue sacrificado al crédito burgués? Jacques le bonhomme, el campesino [Jacques le bonhomme –Jacobo el simple– era el nombre despectivo que los nobles franceses daban a los campesinos ndt].
El gobierno provisional estableció un recargo de 45 céntimos por franco sobre los cuatro impuestos directos. La prensa gubernamental, para engañar al proletariado de París, le contó que este impuesto gravaba preferentemente a los grandes terratenientes, recaía sobre los beneficiarios de los mil millones conferidos por la Restauración [Se trata de la suma asignada en 1825 por la corona francesa a los aristócratas como compensación por los bienes confiscados durante la revolución burguesa de 1789 ndt]. Pero, en realidad, iba sobre todo contra el campesinado, es decir, contra la gran mayoría del pueblo francés. Los campesinos tenían que pagar las costas de la revolución de Febrero; de ellos sacó la contrarrevolución su principal contingente. El impuesto de los 45 céntimos era para el campesino francés una cuestión vital y la convirtió en cuestión vital para la república. Desde este momento, la República fue para el campesino francés el impuesto de los 45 céntimos y en el proletario de París vio al dilapidador que se daba buena vida a costa suya.
Mientras que la revolución de 1789 comenzó liberando a los campesinos de las cargas feudales, la revolución de 1848, para no poner en peligro al capital y mantener en marcha su máquina estatal,
se inauguró con un nuevo impuesto cargado sobre la población campesina” (Idem p. 60)
Marx afirma lo que el gobierno podría haber hecho
“Solo había un medio con el que el gobierno provisional podía eliminar todos estos inconvenientes y sacar al Estado de su viejo cauce: la declaración de la bancarrota del Estado.
Al reconocer las letras de cambio libradas contra el Estado por la vieja sociedad burguesa, el gobierno provisional había caído bajo su férula. Se convirtió en deudor acosado de la sociedad burguesa, en vez de enfrentarse a ella como un acreedor amenazante que venía a cobrar las deudas revolucionarias de muchos años. Tuvo que consolidar el vacilante régimen burgués para poder atender a las obligaciones que solo hay que cumplir dentro de este régimen. El crédito se convirtió en cuestión de vida o muerte para él y las concesiones y promesas hechas al proletariado en otros tantos grilletes que era necesario romper. La emancipación de los obreros -incluso como frase- se convirtió para la nueva República en un peligro insoportable, pues era una protesta constante contra el restablecimiento del crédito, que descansaba en el reconocimiento neto e indiscutido de
las relaciones económicas de clase existentes. No había más remedio, por tanto, que terminar con los obreros” (Idem pp. 60-61)
Marx no se limita a criticar la moderación del gobierno provisional de 1848: muestra concretamente lo que podría haber hecho y opone esta posibilidad a las decisiones que realmente tomó. El Banco de Francia, una institución privada creada bajo Napoleón Bonaparte, era entonces un pilar del poder de la burguesía financiera. Amenazado por la revolución de febrero, restringió brutalmente el crédito, contribuyendo a agravar las dificultades económicas. Para Marx, el Gobierno Provisional podría haber dejado que el Banco llegara a la quiebra y luego crear un banco nacional que colocara el crédito bajo el control de la nación. Podría así haber atacado uno de los principales centros de poder de la burguesía financiera.
Sin embargo, el gobierno hizo exactamente lo contrario: consolidó el Banco de Francia, extendió su red a todo el país y le concedió nuevas garantías. Del mismo modo, en lugar de cuestionar la deuda heredada del régimen anterior, se esforzó por preservar el crédito del Estado y tranquilizar a los acreedores. Para financiar sus gastos, finalmente introdujo una contribución adicional que afectó especialmente a los campesinos. Marx subraya así la paradoja de una revolución que, en lugar de hacer pagar a las clases privilegiadas, hace que la mayoría de la población sufra una parte de su coste.
Saca de esta experiencia una conclusión radical: el Gobierno provisional debería haber declarado la bancarrota del Estado. Al reconocer sin cuestionar los créditos heredados de la antigua sociedad, se colocó en una posición de dependencia de la burguesía. El mantenimiento del crédito y la voluntad de tranquilizar a los tenedores de capital acabaron prevaleciendo sobre los compromisos asumidos con las clases populares. Para Marx, esta lógica llevó al gobierno a romper las aspiraciones de emancipación de los trabajadores para restablecer la confianza de la burguesía.
Lección de Marx para 2027: un cambio de gobierno no es suficiente
Este análisis merece ser meditado cuando se acerca 2027. Si, tras el gran movimiento social en curso y las elecciones, un gobierno de izquierda llega al poder con un amplio apoyo popular, ¿podrá apoyarse en esta legitimidad para cuestionar los privilegios de las finanzas y examinar la deuda heredada de los gobiernos anteriores? ¿O buscará primero tranquilizar a los mercados financieros, a los bancos y a los grandes tenedores de capital, aunque sea a costa de renunciar a parte de su programa y hacer que las clases populares soporten el peso de esta conciliación?
La lección de Marx es que un cambio de gobierno no es suficiente para transformar las correlaciones de fuerzas si se preservan las instituciones y los compromisos financieros que aseguran el dominio de las clases privilegiadas. Este análisis plantea una pregunta decisiva: ¿cómo podría un gobierno de izquierda, impulsado por una poderosa movilización popular, implementar sus compromisos sin examinar la legitimidad de las deudas heredadas de gobiernos anteriores? La experiencia de 1848 muestra cómo la preocupación por preservar el crédito del Estado a toda costa puede llevar a sacrificar los derechos sociales y las aspiraciones populares a los intereses de los acreedores.
Después de la represión de los trabajadores y trabajadoras, la burguesía entrega a los pequeños comerciantes a sus acreedores
“El plan concebido por el gobierno provisional, y recogido por Goudchaux [Michel Goudchaux (1797-1862): Banquero y político francés. Durante la monarquía de Julio escribió como experto financiero en el diario opositor Le National. Tras la revolución de febrero de 1848 fue ministro de Hacienda del gobierno provisional, con el fin de inspirar confianza en los sectores financieros. En junio se convirtió en ministro de Finanzas del gobierno del general Cavaignac nde] de crear un impuesto sobre el capital —en forma de impuesto sobre las hipotecas- fue rechazado por la Asamblea Constituyente; la ley que limitaba la jornada de trabajo a diez horas, fue derogada; la prisión por deudas, restablecida; los analfabetos, que constituían la mayor parte de la población francesa, fueron incapacitados para el jurado. ¿Por qué no también para el sufragio? Volvió a implantarse la fianza para los periódicos y se restringió el derecho de asociación” (Idem, p. 76).
La pequeña burguesía parisina frente a la propiedad y las deudas privadas
“Nadie había luchado más fanáticamente en las jornadas de Junio por la salvación de la propiedad y el restablecimiento del crédito que el pequeñoburgués de París: los dueños de cafés, los propietarios de restaurantes, los taberneros, los pequeños comerciantes, los tenderos, los artesanos, etc. La tienda se puso en pie y marchó contra la barricada para restablecer la circulación, que lleva al público de la calle a la tienda. De un lado de la barricada estaban los clientes y los deudores; del otro, los acreedores del tendero. Y cuando, después de deshechas las barricadas y de ser aplastados los obreros, los dueños de las tiendas, ebrios de victoria, retornaron a ellas, se encontraron en la puerta, a guisa de barricada, a un salvador de la propiedad, a un agente oficial del crédito, que les alargaba unos papeles amenazadores: ¡Las letras vencidas! ¡Las rentas vencidas! ¡Los préstamos vencidos! ¡¡Vencidos también la tienda y el tendero!! ¡Salvación de la propiedad!
Pero la casa que habitaban no era propiedad de ellos; la tienda que guardaban no era propiedad de ellos; las mercancías con que negociaban no eran propiedad de ellos. Ni el negocio, ni el plato en que comían, ni la cama en que dormían eran ya suyos. Frente a ellos precisamente era frente a quienes había que salvar esta propiedad para el casero que les alquilaba la casa, para el banquero que les descontaba las letras, para el capitalista que les anticipaba el dinero, para el fabricante que confiaba las mercancías a estos tenderos para que se las vendieran, para el comerciante al por mayor que daba a crédito a estos artesanos las materias primas. ¡Restablecimiento del crédito! Pero el crédito, nuevamente consolidado, se comportaba como un dios viviente y celoso, arrojando de entre sus cuatro paredes, con mujer e hijos, al deudor insolvente, entregando sus ilusorios bienes al capital y arrojándole a aquella cárcel de deudores que había vuelto a levantarse, amenazadora, sobre los cadáveres de los insurrectos de Junio”.
Los pequeñoburgueses se dieron cuenta, con espanto, de que, al aplastar a los obreros, se habían puesto mansamente en manos de sus acreedores. Su bancarrota, que pasaba desapercibida, aunque desde Febrero venía arrastrándose como una enfermedad crónica, después de Junio se declaró abiertamente. No se había tocado su propiedad nominal mientras se trataba de empujarlos al campo de batalla en nombre de la propiedad. Ahora, cuando ya el gran pleito con el proletariado estaba ventilado, podía ventilarse también el pequeño pleito con el tendero. En París, la masa de las deudas reclamadas pasaba de 21 millones de francos y en provincias de 11 millones. Los dueños de más de 7.000 negocios de París no habían pagado sus alquileres desde febrero.
Si la Asamblea Nacional había abierto una investigación sobre el delito político a partir de Febrero, los pequeñoburgueses, por su parte, exigieron ahora que se abriese también una investigación sobre las deudas civiles hasta el 24 de febrero. Se reunieron en masa en el vestíbulo de la Bolsa y exigieron, en términos amenazadores, que a todo comerciante que pudiese probar que solo había quebrado a causa de la paralización de los negocios originada por la revolución, y que el 24 de febrero su negocio marchaba bien, se le prorrogase el término de vencimiento por fallo del tribunal comercial y se obligase al acreedor a retirar la demanda por un tanto por ciento prudencial. Presentado como propuesta de ley, la Asamblea Nacional trató el asunto bajo la forma de concordats à l’amiable [acuerdos amistosos ndt]. La Asamblea estaba vacilante; pero de pronto supo que, al mismo tiempo en la Puerta de Saint Denis miles de mujeres y niños de los insurrectos preparaban una petición de amnistía” (Idem, pp. 77-78).
“Frente al espectro resucitado de junio, los pequeños burgueses temblaron y la Asamblea recuperó su implacabilidad. Los acuerdos amistosos entre el acreedor y el deudor fueron rechazados en sus puntos esenciales.
Y así, cuando ya hacía tiempo que los representantes demócratas de los pequeñoburgueses habían sido rechazados en la Asamblea Nacional por los representantes republicanos de la burguesía, esta ruptura parlamentaria cobró un sentido burgués, real, económico, al ser entregados los pequeñoburgueses, como deudores, a merced de los burgueses, como acreedores. Una gran parte de los primeros quedó arruinada y el resto solo pudo continuar el negocio bajo condiciones que le convertían en un siervo absoluto del capital.
El 22 de agosto de 1848, la Asamblea Nacional rechazó los concordats à l’amiable; el 19 de septiembre de 1848, en pleno estado de sitio, fueron elegidos representantes de París el príncipe Luis Bonaparte y el comunista Raspail, (…)
Sin largas explicaciones, se comprende que la bancarrota en masa de los pequeñoburgueses de París tenía que repercutir mucho más allá de los directamente afectados y desquiciar una vez más el comercio burgués, al mismo tiempo que volvía a crecer el déficit del Estado por el coste de la revolución de Junio y disminuían sin cesar los ingresos públicos, la producción estaba paralizada, el consumo restringido y la importación disminuyendo. Cavaignac y la Asamblea Nacional solo podían acudir a un nuevo empréstito, que les habría de someter todavía más al yugo de la aristocracia financiera” (Idem, pp. 78-79)
Marx muestra aquí las consecuencias sociales y políticas de la orientación seguida por el Gobierno Provisional y luego por la Asamblea Constituyente. Lejos de prolongar la dinámica revolucionaria de febrero de 1848, las nuevas instituciones republicanas cuestionan varias conquistas sociales: se deroga la limitación de la jornada laboral a diez horas, se restablece la prisión por deudas, se restringe el derecho de asociación y se restablecen las garantías financieras impuestas a la prensa. Se abandona el proyecto de aumentar los impuestos al capital. En lugar de hacer que las clases privilegiadas contribuyan a la financiación de la nueva República, los dirigentes renuncian gradualmente a tocar sus intereses.
La sangrienta represión de las jornadas de junio de 1848 constituye un punto de inflexión decisivo. La burguesía logra arrastrar a parte de la pequeña burguesía parisina a la lucha contra los trabajadores insurgentes, en nombre de la defensa de la propiedad y el restablecimiento del crédito. Sin embargo, una vez que los trabajadores fueron aplastados por la represión, los pequeños comerciantes, artesanos y tenderos descubrieron que lucharon contra aquellos con los que compartían intereses esenciales, mientras que sus propios acreedores siguen siendo sus adversarios. Los propietarios reclaman sus alquileres, los banqueros el reembolso de las letras de cambio y los proveedores el reembolso de sus anticipos. La Asamblea finalmente rechaza las medidas que habrían permitido aligerar las deudas de los pequeños comerciantes víctimas de la crisis.
Marx revela así la trampa en la que cae la pequeña burguesía: movilizada para defender la propiedad, descubre que esta propiedad es a menudo solo una ficción, ya que su vivienda, su comercio, sus bienes y sus medios de subsistencia pertenecen en realidad a sus acreedores. Tras haber contribuido a aplastar a los trabajadores, a su vez es sacrificada a los intereses del capital financiero. Por lo tanto, la represión no solo aplastó una insurrección obrera: también permitió consolidar un orden social que se volvería contra algunos de los que lo habían defendido.
Esta evolución revela la lógica de la política de conciliación denunciada por Marx. Al negarse a atacar los intereses de la burguesía financiera y a cuestionar las deudas heredadas del antiguo orden social, el gobierno y la Asamblea se privan de los medios para responder a las necesidades populares. La crisis económica se agrava, las quiebras se multiplican y los ingresos estatales disminuyen. Para financiar sus gastos, en particular los provocados por la represión de junio, el poder debe recurrir a nuevos préstamos, lo que aumenta aún más su dependencia de la aristocracia financiera. La política llevada a cabo en nombre del restablecimiento del crédito contribuye así a profundizar la crisis que pretende resolver.
Una revolución que no avanza retrocede: las lecciones de 1848 para 2027
La experiencia de 1848 confirma que una revolución que no avanza retrocede. El statu quo, el equilibrio estático no existe cuando una sociedad atraviesa una crisis profunda y las clases dominantes buscan recuperar el control de la situación. Cuando una fuerza progresista renuncia a satisfacer las aspiraciones populares y a enfrentarse a los intereses que obstaculizan su realización, no preserva un equilibrio: permite que se fortalezcan las fuerzas de la reacción. La derrota de la República Social de 1848, seguida del golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte en diciembre de 1851 y el establecimiento del Segundo Imperio autoritario en 1852, ilustra la magnitud del retroceso político que puede resultar de este encadenamiento.
Esta lección concierne directamente a la situación actual. Si el gran movimiento social en curso y las elecciones de 2027 permiten a la izquierda acceder al gobierno, ¿cómo podrá responder a las aspiraciones populares en materia de justicia fiscal, condiciones de trabajo, poder adquisitivo, servicios públicos (educación, salud, transporte, etc.), vivienda y lucha contra el cambio climático, si considera el reembolso total de la deuda pública como una obligación intangible o como un medio oportuno para intentar en vano no provocar la desconfianza de los «mercados»? ¿Cómo financiar una transformación social sin gravar a las grandes fortunas y los intereses financieros, ni cuestionar las deudas cuyo carácter ilegítimo se estableciera?
La experiencia de 1848 invita así a plantear una pregunta estratégica: ¿puede un gobierno de izquierda satisfacer de forma sostenible las aspiraciones populares mientras se somete a las exigencias de los acreedores? El debate sobre la legitimidad de la deuda y los medios para aflojar el control de los poderes financieros no es solo una cuestión de política presupuestaria: implica la posibilidad misma de una transformación social. La alternativa es política: iniciar una ruptura con el orden económico y financiero dominante o dejar que este orden sofoque las transformaciones prometidas, a riesgo de alimentar una nueva derrota popular y fortalecer las fuerzas autoritarias.
No repetir las derrotas del pasado
Lo que ocurrió en Francia en 1848 se ha repetido, de diferentes formas, en varias ocasiones a lo largo de la historia. La Comuna de París, en 1871, fue mucho más allá que el Gobierno provisional de 1848 en el cuestionamiento del orden social. Tomó medidas importantes a favor de las clases populares. Sin embargo, se detuvo en el umbral del Banco de Francia: no trató de apoderarse de los medios financieros que podrían haber contribuido a financiar las reformas emprendidas y a fortalecer su capacidad de resistencia frente a las tropas de Versalles, mientras París estaba rodeado por las fuerzas alemanas. Esta abstención privó a la Comuna de una palanca muy importante[1].
Más recientemente, en 2015 en Grecia, el gobierno de Alexis Tsipras, elegido con la promesa de poner fin a la austeridad y obtener una cancelación de gran parte de la deuda, cedió muy rápidamente a las demandas de los acreedores y continuó con el pago de la deuda vaciando las arcas del tesoro público para hacerlo. Sin embargo, la Comisión para la Verdad sobre la Deuda Pública, creada por iniciativa del presidente del Parlamento Griego con el apoyo inicial del Gobierno, había llegado a la conclusión del carácter ilegítimo, ilegal, odioso o insostenible de diferentes categorías de deuda. La comisión había recomendado, en particular, la suspensión de los pagos y aportado argumentos jurídicos sólidos para apoyar el repudio de las deudas[2].
Más grave aún, tras el referéndum del 5 de julio de 2015, en el que la mayoría de la población rechazó las condiciones impuestas por los acreedores, el gobierno renegó de sus compromisos con el pueblo, aceptó un nuevo programa de austeridad y continuó con el pago de la deuda.
Renunció así a implementar las conclusiones de la auditoría, traicionó el voto popular y finalmente dejó en el olvido una verdadera estrategia para romper el chantaje de las instituciones acreedoras.
Las consecuencias fueron graves. Grecia ha permanecido sujeta a una estricta tutela económica y financiera, las políticas de austeridad han seguido pesando sobre las condiciones de vida y la soberanía popular ha sido profundamente limitada. La deuda pública siguió aumentando y la derecha, que volvió al poder en 2019, se ha mantenido en él desde entonces. La experiencia griega muestra que una victoria electoral, incluso reforzada por una movilización popular masiva, no es suficiente si el gobierno se niega a utilizar la legitimidad democrática de la que dispone para enfrentarse a los acreedores.
Estas tres experiencias, a pesar de sus diferencias, ponen de manifiesto el mismo peligro: cuando un gobierno o un movimiento popular renuncia a cuestionar el poder financiero y las obligaciones que lo protegen, corre el riesgo de perder los medios materiales para alcanzar sus objetivos sociales y políticos. La conciliación con las clases dominantes no garantiza ni su cooperación ni la estabilidad del régimen. Por el contrario, contribuye a desmovilizar los apoyos populares, profundizar las dificultades económicas y allanar el camino para una reacción política y social.
Es vital evitar que tales derrotas se repitan en Francia en 2027
Si la izquierda accede al gobierno gracias al movimiento social y a las elecciones, no podrá prometer una política de justicia fiscal, mejores salarios, servicios públicos reforzados, viviendas accesibles y una bifurcación ecológica justa, al tiempo que acepta que el reembolso de la deuda pública continúe y que el déficit presupuestario no aumente o incluso se reduzca. Las experiencias de 1848, de la Comuna de París y de Grecia en 2015 invitan a extraer las consecuencias políticas de esta contradicción. ¿Cómo reunir las condiciones necesarias para cumplir los compromisos asumidos ante la población y resistir las presiones de los acreedores?
La historia nunca se repite de la misma manera. Pero enseña que las aspiraciones populares no pueden triunfar de forma duradera si quienes tienen la responsabilidad de llevarlas renuncian a enfrentarse a los poderes que las obstaculizan. En Francia, en 1848 y 1871, y luego en Grecia en 2015, la cuestión del poder financiero y la deuda fue un tema de la máxima importancia, aunque no explica por sí sola el resultado de estas experiencias. Para que un gobierno de izquierda pueda transformar realmente la sociedad, tendrá que romper con la lógica de sacrificar las necesidades del pueblo para la satisfacción de los acreedores. Esto implica, en particular, organizar una auditoría ciudadana de la deuda pública, negarse a hacer pagar a la población las deudas ilegítimas acumuladas por los gobiernos de Macron desde 2017 y prepararse para imponer a los acreedores las cancelaciones o reducciones de créditos justificadas por esta auditoría. Esta es una condición esencial para evitar una nueva derrota y allanar el camino para una transformación democrática y social a la altura de las expectativas populares.
10/11/2027
Traducción: Faustino Eguberri
[1] Para saber más sobre La Comuna de Paris, el banco y la deuda: https://www.cadtm.org/Se-han-perdido-en-gran-medida-las-ensenanzas-de-la-Comuna-de-Paris
[2] Ver el informe oral presentado en el parlamento griego ante el gobierno
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Fotografía: Viento sur. Manifestación en París