Por: Carlos Raúl Kestler. 11/10/2026
Las iglesias evangélicas crecen en los registros estatales no solo por conversiones divinas, sino también por impulso político. El gobierno de Alejandro Giammattei reconoció más congregaciones que ningún otro en dos décadas, un auge que bajó con Bernardo Arévalo. Cinco diputados buscaron revivir ese ritmo y, a un año de las elecciones, algunos pastores y fieles creen que su cálculo es más electoral que espiritual.
El culto transcurre en la primera de cuatro plantas de un edificio antiguo cerca del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala. El pastor Mario Paz predica desde un atril con forma de menorá, el candelabro de siete brazos propio de la tradición hebrea. Frente a él, unas 40 personas escuchan con profunda concentración. Nadie mira el celular.
Paz concluyó su sermón a las diez de la mañana, unos 40 minutos después de haberlo empezado. Aquel domingo habló sobre la religión con «apariencia de piedad», la que, según observa, predica una cosa y practica otra, y se hace de la vista gorda ante los problemas sociales.
El pastor fundó la congregación, llamada Camino Nuevo, en 1980, a sus 46 años, tras terminar sus estudios de teología. Al principio solo lo acompañaban a los servicios unas seis personas. Cinco años después, cuando ya reunía con regularidad a unas 60, la inscribió junto con otros «hermanos» ante la Municipalidad de Guatemala.
No recuerda cuánto costó formalizar la iglesia, pero sí que pagaron a un abogado para que los asesorara en el trámite. Cuando lo completaron, la Municipalidad le otorgó a Camino Nuevo la personalidad jurídica, que le permite firmar contratos y quedar exenta de ciertos impuestos, entre otros beneficios.
Nadie sabe con exactitud cuántos templos como Camino Nuevo hay en el país. Según cálculos de la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG), la entidad más grande del sector, podrían ser unos 40,000, aunque el número real es difícil de precisar y probablemente sea mayor.
Y es que no todos necesitan personería jurídica para funcionar. Con frecuencia, una iglesia funciona como sombrilla que usa su sustento legal para albergar a otras más pequeñas, y estas ya no se inscriben. Ahí radica la diferencia entre las decenas de miles de congregaciones que estima la AEG y las que sí constan en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (Repeju), el ente del Ministerio de Gobernación (Mingob) que hoy confiere el reconocimiento legal.
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La oficina pública que lleva el conteo oficial nació en 2006 y, antes de ese año, las comunidades religiosas se anotaban en cada alcaldía. Desde su creación hasta febrero de 2026, inscribió 4,267 iglesias evangélicas en todo el país, casi diez veces menos que la estimación de la AEG. La mayor parte está en el departamento de Guatemala, seguido de Quetzaltenango.
De esas dos décadas de registros, ningún gobierno tramitó tantas iglesias como el de Alejandro Giammattei, del partido Vamos. Entre 2020 y 2023 contabilizó 1,261, casi un tercio del total acumulado, según el archivo del Repeju al que accedió Plaza Pública para este reportaje. Le siguen las administraciones de Otto Pérez Molina, con 938, y de Jimmy Morales, con 771.
Bajo el mandato de Giammattei, solo 2020 —su primer año, el de la pandemia del coronavirus— cerró con menos inscripciones que el año anterior, del gobierno de Morales. En el resto de su gestión —2021, 2022 y 2023— el número creció anualmente, aunque el salto más fuerte llegó en 2023, año electoral, cuando el incremento alcanzó el 26%.
La tendencia se cortó de golpe con la llegada al poder de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Su primer año de trabajo experimentó una caída del 48% en la inscripción de iglesias. De 438 congregaciones en 2023 pasó a 229 en 2024. En 2025 subió un poco a 275.
Al pastor Paz, esos números no le quitan el sueño. Lo que le importa, dice, es que las iglesias vivan valores cristianos como la solidaridad, la empatía y la búsqueda del bien común. Que no tengan solo «apariencia de piedad».
«Es un gallo o gallina. Que haya más inscripciones es bueno porque todo debe estar en la legalidad, pero también puede servir después a intereses oscuros», opina.
A ciertos diputados del Congreso sí les importa la estadística. Desde que empezó el mandato de Arévalo —y con él, la caída en los registros—, cinco parlamentarios han insistido en agilizar el trámite de inscripción. Con iniciativas de ley, reuniones, citaciones y peticiones al Repeju y al Mingob, han intentado que las iglesias evangélicas se multipliquen en los archivos gubernamentales.
Un Ejecutivo con vocación evangélica
Cuando el culto termina y los fieles abandonan el salón, Paz se sienta hasta el frente, en una silla de plástico, y baja la voz.
Retoma ahí la idea de la religión con «apariencia de piedad», pero esta vez sin guardarse el nombre de quienes la practican: los políticos, dice, sobre todo los diputados.
«Hay gente que profesa ser lo que no es. Lo que realmente somos lo manifiestan nuestros hechos. Jesús dijo: “Por sus frutos los conoceréis”», comenta, con un tono seguro pero sereno.
A su lado izquierdo, Miguel y Mimi, dos de los fieles más constantes de Camino Nuevo, asienten con la cabeza.
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Antes de que diputados movieran los hilos para acelerar la acreditación de iglesias evangélicas ante el Estado, esa tarea ya la había asumido el Organismo Ejecutivo de Giammattei, que impulsó al menos tres acciones para facilitar el registro.
La primera fue eliminar uno de los pasos del proceso. En mayo de 2023, el entonces mandatario modificó una norma que databa de 2006 —del gobierno de Óscar Berger— y dispuso que una congregación ya no necesitaba el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para formalizarse. Solo ese requisito podía añadir un mes al trámite, según el mandatario.
Con este cambio, el procedimiento para validar iglesias quedó reducido a cuatro pasos principales:
- Solicitar la formalización mediante un expediente —con el documento de constitución y otros certificados—,
- emitir el acuerdo de aprobación con la firma del jefe del Mingob,
- publicar el acuerdo en el Diario de Centroamérica —suele costar 3,000 quetzales, dependiendo del tamaño— e
- inscribir la iglesia en el Repeju —vale 200 quetzales—, después de que el interesado traslade el expediente.
Las etapas uno y tres son responsabilidad de los líderes religiosos. La segunda y la cuarta dependen del Mingob. Cualquier caso puede quedar atrapado en alguna de las fases si la papelería tiene errores y hay que corregirla.
Acortar el trámite no fue suficiente para la administración de Vamos. Giammattei fue más allá y ofreció, además, atención personalizada a las comunidades religiosas que querían ser legalizadas por el Estado.
En 2023, el entonces ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, ordenó habilitar una ventanilla especial para iglesias en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Mingob. Esta dependencia revisa parte de los documentos antes de la solicitud formal de inscripción, como la minuta de constitución, en la que los feligreses expresan su voluntad de crear una comunidad religiosa.
Un año antes, por instrucción del presidente, el Repeju hizo lo mismo en su sede, donde se tramita la última etapa del proceso, una vez firmado el acuerdo ministerial de aprobación.
Foto: Esteban Biba
Tres trabajadores del Mingob —uno de la Dirección de Asuntos Administrativos, otro de la de Asuntos Jurídicos y uno del Repeju— dijeron a Plaza Pública que estos cambios fueron los responsables de disparar el registro de iglesias evangélicas en la época de Giammattei.
«Tenían mucha empatía con el tema religioso, de cualquier denominación, pero especialmente con la iglesia evangélica tenían mayor apertura», señaló una fuente que suma más de una década laborando en la cartera.
Un análisis de este medio revela que el gobierno de Vamos también disminuyó, año con año, el tiempo promedio de inscripción de templos evangélicos. De 459 días en 2020 —un año y tres meses— a 432 en 2021, 388 en 2022 y 305 en 2023.
Al Mingob se sumó otra institución en la tarea de facilitarles la vida a las iglesias: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn). Desde 1986, una ley obliga a las organizaciones que practican cultos religiosos a registrarse ante esta entidad, encargada de verificar que no contaminen el entorno. Hasta antes de 2022, quien no lo hacía podía recibir una multa de 5,000 quetzales.
Ese año, el entonces ministro Mario Rojas Espino exoneró a las iglesias de las sanciones, con el argumento de que las prédicas «no son negocios». En la práctica, dejó sin efecto una regla que, hasta 2019, había generado 835,869 quetzales en multas, según datos del Marn compartidos con este medio. La oficina tiene actualmente 1,362 congregaciones evangélicas en su catálogo.
¿De dónde surgieron todos estos favores para este grupo cristiano durante el mandato de Giammattei? La respuesta está en la Comisión Presidencial por la Libertad Religiosa, creada por el mandatario en 2022 para articular acciones «en favor de la vida y la familia» entre su gobierno e instituciones de fe. En la práctica, fue un espacio orientado a rechazar el aborto y el matrimonio igualitario desde el mismo Estado.
La comisión, que Giammattei disolvió al terminar su período, fue presidida por Robin García, dirigente de la iglesia Rey de las Naciones. Su tarea principal era coordinar la Mesa Multirreligiosa, una instancia formada por 16 representantes de diferente credo —evangélico, católico, musulmán, judío, ortodoxo y otros— que se reunían cada mes para discutir cómo llevar a cabo esas acciones.
En entrevista con Plaza Pública, García afirmó que el recorte al tiempo del trámite de inscripción de iglesias, la creación de las ventanillas especiales y la exoneración de las multas ambientales fueron ideas que nacieron en el seno de esa mesa.
«Fue un espacio para las iglesias evangélicas. Hablaban de libertad de religión, pero más para los pentecostales», critica Marcelo Vicente, coordinador de la Comisión para la Definición de Lugares Sagrados (Colusag), una organización que busca proteger jurídicamente los sitios naturales o arqueológicos que tienen valor espiritual para la cosmovisión maya.
Durante el mandato de Giammattei, Vicente recuerda que la Colusag intentó gestionar un encuentro con la Mesa Multirreligiosa para pedir que los diputados aprobaran una iniciativa de ley que busca resguardar esas áreas sagradas. Según el archivo web del Congreso, el proyecto fue presentado en 2008 y tiene dictamen favorable desde 2009, pero no ha superado ninguna de las tres rondas del debate.
En esos años, el Poder Legislativo estaba dominado por una coalición política comandada por Vamos, cuyos parlamentarios apoyaron una serie de disposiciones que se alineaban con causas evangélicas. Por ejemplo, el perdón de ciertos impuestos a la AEG —contrario al caso de dos organizaciones católicas que también lo buscaron— y la declaratoria de Guatemala como «Capital Iberoamericana Provida».
Respaldar la ley de la Colusag desde la Mesa Multirreligiosa fue imposible, reclama Vicente. De hecho, en la instancia no había representación oficial de quienes practican la espiritualidad maya. Por eso está seguro de que ese espacio pretendía, sobre todo, favorecer al ala evangélica.
«Poco a poco se fue olvidando y se quedó allí. Fue para taparle el ojo al macho», lamenta.
El pastor García, por su parte, arguye que la Mesa Multirreligiosa estuvo abierta a todos los credos. Sostiene que no hubo delegados de la espiritualidad maya porque Giammattei invitó únicamente a organizaciones con personalidad jurídica en el Repeju.
«Dentro de la misma concepción que ellos [los guías espirituales mayas] tienen, no ven esto como una religión, sino que para ellos es una forma de vida, es una espiritualidad. Entonces, no había a quién dirigirse o con quién contar como representante de tal o cual grupo, porque entre ellos también hay variedad», argumenta.
Entre los 16 integrantes regulares de la mesa, sin embargo, había cinco de organizaciones evangélicas. García considera que, si la comisión no se hubiera disuelto, se habrían añadido más asientos para incluir a líderes de la cosmovisión maya.
Sobre el aumento en el registro de iglesias evangélicas, el mismo excomisionado reconoce que las facilidades estatales contribuyeron, pero subraya que no fueron la única causa. Agrega que, entre las comunidades religiosas, también hubo un empuje interno para formalizar sus actividades, desde llevar la contabilidad en orden hasta cumplir con el Marn.
De cualquier modo, el auge de iglesias que se vivió en la gestión de Giammattei encontró un tope en el período de Arévalo. En 2024, el Mingob, en ese entonces encabezado por Francisco Jiménez, impuso una revisión adicional en la papelería de las organizaciones interesadas en anotarse en el Repeju.
Antes de que el ministro firmara los acuerdos que validaban las congregaciones, los funcionarios volvían a chequear algunos de los documentos, como los dictámenes legales. Es un examen que su sucesor, el actual ministro Marco Villeda, mantiene hoy, según confirmó a este medio uno de sus asesores administrativos.
La misma instrucción aplica para los expedientes de otras entidades que se inscriben en el Repeju, como las asociaciones civiles y las fundaciones. Eso, según otra fuente que trabajó en el Despacho Superior del Mingob en 2024 y 2025, causó la caída en el ritmo de las acreditaciones de las iglesias evangélicas.
«Fue una decisión interna, de carácter verbal. No teníamos el afán de impedir el registro porque es un derecho, sino garantizar que el proceso estuviera adecuado a la ley. No veíamos quiénes presentaban las solicitudes, solo cuestiones formales», remarca la fuente, quien optó por omitir su nombre.
De acuerdo con el análisis de Plaza Pública, en el primer año de la gestión de Arévalo el Mingob tomó, en promedio, una semana más para emitir el acuerdo firmado por el ministro. La fase que representó más atraso, no obstante, fue la última: 22 días más en promedio entre la publicación del acuerdo y la inscripción final en el Repeju.
En ese primer año de Arévalo, además de las iglesias, decrecieron casi a la mitad las inscripciones de las fundaciones. Entre 2024 y 2025 bajaron también las de las asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales, según la misma revisión.
Consultada al respecto, la AEG se limitó a responder por escrito que «una variación en el número de inscripciones no permite concluir que exista una política favorable o desfavorable hacia las iglesias».
Sobre el aumento durante el ciclo de Giammattei, mantuvo la misma cautela: «Pueden haber concurrido diversos factores, entre ellos la acumulación de expedientes, mejoras administrativas, una mayor conciencia de las iglesias sobre la importancia de su formalización y el crecimiento mismo de las congregaciones. Lo importante es que el Estado facilite el ejercicio de un derecho y que los procedimientos para obtener personalidad jurídica sean claros, ágiles y transparentes».
Recuperar el apogeo evangélico desde el Congreso
Miguel creció en una familia católica. De joven, una serie de decepciones dentro de la Iglesia lo alejaron tanto de la fe que terminó por declararse ateo. Años después, su hermano lo invitó a una congregación episcopal, pero nunca sintió que ese fuera su lugar.
Todo cambió en su adultez, cuando empezó a acudir a comunidades evangélicas para intentar salvar una relación. Probó varias, y ninguna lo convenció al principio.
«Todo era de temor, todo era de dinero y todo era de condenar», recuerda, mientras el pastor Paz y Mimi lo escuchan sin interrumpir.
La diferencia llegó con Camino Nuevo. Ahí encontró algo distinto, conversaciones más ancladas en la realidad social y menos cargadas de miedo. Allí ha sentido que puede mejorar como persona, aunque siempre ha estado convencido de que «el poder político usa la religión».
Foto: Esteban Biba
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Los cinco diputados que en los últimos dos años han buscado revivir el ritmo de inscripciones de iglesias evangélicas tienen algo en común: todos pertenecen a la oposición al Movimiento Semilla en el Congreso. Se trata de Ronald Portillo (asumió con la bancada Vamos), Edín de Jesús Mejía (Viva), Julio Portillo (ganó con Cabal), Sergio Enríquez y Julio Marroquín (UNE).
Cada uno eligió una estrategia distinta. Ronald Portillo propuso una ley que facilita la formalización de las congregaciones. Julio Portillo y Mejía empujaron la aprobación de un decreto ambiental que, de forma indirecta, ayuda a lograr el mismo objetivo. Enríquez y Marroquín citaron a funcionarios del Mingob para que explicaran las demoras en los registros.
Ronald Portillo, quien migró al Partido Unionista para las elecciones de 2027, presentó su propuesta en agosto de 2025. Es la iniciativa 6606, que plantea reducir a un plazo máximo de 15 días el tiempo para anotar las asociaciones sin fines de lucro y las entidades religiosas en el Mingob.
El proyecto, que ni siquiera ha sido leído por primera vez en el pleno, da además dos ventajas a las organizaciones de fe: que puedan rechazar disposiciones estatales que contradigan principios religiosos —«respetando los límites constitucionales», acota el documento— y que entreguen un reporte contable al fisco una vez al año, sin multas si incumplen la primera ocasión.
En entrevista con Plaza Pública, el diputado explicó que la iniciativa busca, en el fondo, equiparar el estatus legal de las iglesias evangélicas —y otras denominaciones— con el de la Iglesia católica, cuya personería jurídica está reconocida en la Constitución, y aliviar la carga burocrática de un trámite que, según él, limita el derecho de los religiosos a asociarse.
Portillo fue nombrado viceministro de Prevención de la Violencia del Mingob en 2022, al mismo tiempo en que esa institución facilitó el registro de templos evangélicos bajo el gobierno de Giammattei. Como congresista, también impulsó en 2025 el decreto que declaró cada primer sábado de agosto como el Día de la Biblia en Guatemala.
Foto: Diego Alvarado
No es el único legislador que ha pasado por Vamos y ha empujado normas en favor del sector evangélico. En 2021, Allan Rodríguez quiso aprobar la iniciativa 5915, que recibió dictamen desfavorable: impedía que las autoridades judiciales revisaran decisiones internas de las iglesias, como la incorporación de miembros. Dos años después, Shirley Rivera propuso otro decreto para garantizar el derecho a la libertad de religión, pese a que la Constitución ya lo contempla.
Edín de Jesús Mejía y Julio Portillo, por su parte, le apuntaron al registro de las iglesias ante el Marn. En una sesión plenaria de septiembre de 2025 —un mes después de que Ronald Portillo anunciara su iniciativa— desempolvaron un proyecto de 2020 que buscaba reformar la ley de 1986 que obliga a los cultos a inscribirse ante ese ministerio.
La propuesta que retomaron sugería que, entre todas las actividades sujetas al registro, únicamente las comerciales estuvieran obligadas a presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) antes de anotarse. Esta evaluación busca que el Marn reduzca el efecto nocivo de las actividades humanas sobre el entorno.
A última hora, previo a la votación del decreto, Mejía lideró a un grupo de parlamentarios que sumó al borrador una enmienda para exonerar del requisito también a las iglesias, las instituciones benéficas y las ventas informales.
En realidad, la medida era en buena parte simbólica: desde que Giammattei libró a los templos de las multas ambientales en 2022, ya no estaban obligados a presentar el EIA. La enmienda blindaba ese beneficio en la ley, en vez de dejarlo sujeto a una decisión ministerial que un futuro presidente pudiera revertir.
Mejía reconoció a este medio que sí buscaba «proteger» a las iglesias, pero aclaró que el EIA se mantendría si los pastores querían hacer nuevas construcciones, ampliaciones o modificaciones en sus inmuebles.
«Es la única reserva moral que hay y es por eso que nosotros siempre vamos a velar porque la iglesia no se vea afectada ni atropellada», afirmó el legislador.
Viva, el partido de Mejía, fue fundado por Harold Caballeros, quien a su vez estableció la iglesia El Shaddai y fue canciller del exmandatario Otto Pérez Molina. El exdiplomático se retiró de la política en 2014 y hoy es rector de la Universidad de San Pablo.
La propuesta de eliminar el EIA para las iglesias fue aprobada por 83 diputados, con Mejía y Portillo entre sus defensores más férreos en el hemiciclo. Recibió una lluvia de críticas de organizaciones especializadas y, finalmente, el presidente Arévalo la vetó por considerarla un retroceso ambiental.
Para Julio Portillo, quien transitó de Cabal a la UNE de cara a los comicios de 2027, eliminar esa obligación también habría ayudado a formalizar congregaciones ante el Mingob.
«Si no pagan el estudio de impacto ambiental, van a tener para pagar todo el proceso del abogado [que podría cobrar por asesorar la inscripción en Gobernación]. O sea, sí los motiva a ordenarse», comentó.
Portillo es conocido dentro y fuera de los pasillos del Congreso como Poeta del Cielo, el nombre de sus perfiles en redes sociales, donde publica prédicas y música cristiana desde antes de llegar al Legislativo. En 2024 estuvo envuelto en un proceso penal por presunto homicidio culposo, tras un accidente vial en el que murió un policía que lo acompañaba. En 2025, el juez Jimi Bremer, señalado de corrupción, lo absolvió de los cargos.
Un año antes de estos intentos de cambiar las leyes, las maniobras de los diputados se limitaban a confrontar a los empleados del Mingob por el descenso en las inscripciones de iglesias.
El primero en hacerlo fue Julio Marroquín, de la UNE. En junio de 2024, apenas cinco meses después de que asumiera el nuevo Ejecutivo, citó al entonces viceministro administrativo, Felipe Sánchez, a una reunión en el Congreso para cuestionarlo por la baja. A la actividad acudieron abogadas de la cartera en representación del funcionario.
En conversación con este medio, el diputado contó que su objetivo era pedirles que apresuraran las acreditaciones, pues un grupo de pastores se le había acercado para quejarse. No recuerda quiénes fueron, pero una nota informativa publicada en el sitio web del Congreso menciona a John Del Salto, un pastor y teólogo que también vende asesorías a iglesias para tramitar su personalidad jurídica.
Marroquín dice que no volvió a citar a ningún funcionario para tratar el tema porque los religiosos no se lo pidieron de nuevo, y que nunca supo si el Mingob resolvió el problema. De todos modos, apoya las iniciativas en favor de las iglesias porque, considera, ayudan a reducir la violencia.
«Un joven que tiene temor de Dios no va a andar en las maras, no va a andar delinquiendo. Al contrario, tiene principios, tiene valores. Todo aquel que no tiene ningún temor de Dios, que no ha tenido acercamiento a la iglesia, es capaz de hacer cualquier cosa», comenta Marroquín.
Antes de integrar el bloque de la UNE en el Legislativo, el congresista fue alcalde de Villa Canales de 2016 a 2024. En 2021, a mitad de esa gestión de ocho años, el Ministerio Público (MP) solicitó retirarle la inmunidad por presunta propaganda electoral ilegal. Dos fuentes del partido dijeron a este medio que pretende postularse otra vez para la comuna en 2027.
Cinco meses después de la cita convocada por Marroquín, el diputado Sergio Enríquez, también de la UNE, repitió la jugada: invitó al viceministro Sánchez a otra reunión en el Congreso para tratar el mismo problema.
Según Enríquez, esa junta también se la pidió un grupo de pastores. A diferencia de Marroquín, él sí recuerda que estaban liderados por John Del Salto. De acuerdo con un informe del encuentro al que accedió Plaza Pública, Del Salto criticó el tiempo que tardaba el entonces ministro Jiménez en validar las iglesias, al que calificó de «malicioso». Incluso amenazó con denunciar al personal del Mingob, pero Enríquez le respondió que era innecesario.
Para el parlamentario, entre más iglesias se inscriban hoy, mejor: «Hay demasiadas, a veces en las colonias están una a la par de otra, y todas necesitan la personalidad jurídica para operar de una buena manera, como comprar un terreno, adquirir un equipo de sonido o pedir un préstamo».
El diputado dijo a este medio que, después de esa sesión de trabajo, los pastores no volvieron a contactarlo. Este es su primer período en el Congreso. En 2017 fue capturado por un caso de supuesto lavado de dinero vinculado a fondos municipales, pero fue absuelto siete años después. Es hijo de Sergio Enríquez, dirigente de la mega iglesia evangélica Ministerios Ebenezer, una de las más grandes del país.
La fe, irresistible para la política
Algo que hace sentir cómoda a Mimi en Camino Nuevo, dice, es que nunca la han presionado para votar por alguien. En otras congregaciones sí lo ha escuchado, pero aquí, asegura, jamás.
Eso no significa que el tema esté prohibido. Para ella, el voto solo tiene sentido en la medida en que sirva para resolver problemas sociales.
«Muchos evangélicos se espiritualizan y creen que Dios solo está aquí en el templo, y no es así. Dios está en las caídas, en la necesidad […] de denunciar ese tipo de cuestiones, de cuestiones que pasan en la sociedad», opina.
Y remata, sin titubear: «Guatemala sigue padeciendo porque los políticos religiosos no nos han servido de nada».
El pastor Paz y Miguel la escuchan y sonríen levemente.
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Guatemala dejó de ser un país mayoritariamente católico. En apenas dos décadas, el mapa religioso cambió tanto que los evangélicos llegaron a empatar en número de fieles.
En 2004, los católicos representaban el 58.7% de la población y los evangélicos, el 31.8%, según Latinobarómetro, un estudio anual que mide actitudes, valores y comportamientos ciudadanos en 18 países de América Latina. Veinte años después, en 2024, los evangélicos llegaron al 40% y los católicos cayeron al 38.6%. El porcentaje restante corresponde a otras creencias y a personas que no profesan una religión.
Este giro, enfatiza el sociólogo Thierry Maire, es la punta de un proceso mucho más largo. Sus raíces se remontan a 1873, cuando el expresidente Justo Rufino Barrios decretó la libertad de culto y abrió la puerta en Guatemala a las iglesias protestantes, como se les llamó en aquella época a las primeras congregaciones cristianas no católicas.
El académico, quien hizo su tesis doctoral sobre la población evangélica del país, explica que desde entonces su crecimiento responde a un coctel de factores sociales, como:
- La falta de sacerdotes católicos en zonas rurales pobres hasta mediados del siglo XX, que dejó a muchas comunidades sin misa ni atención pastoral regular.
- La ayuda material que ofrecieron las misiones evangélicas a los desplazados tras el terremoto de 1976 y durante el conflicto armado interno.
- Una red social y económica que hoy se sostiene casi a sí misma, entre colegios, empresas y matrimonios dentro del mismo círculo religioso.
«Con eso construyen lealtad, intelectual, espiritual y económica. […] Yo funciono en un circuito cerrado. Toda mi vida ahí gira. Muy probablemente encontraré a mi mujer en el mismo círculo. […] Esto le permite a la gente vivir en cierto grado de comodidad», expone Maire.
Esta perspectiva histórica ayuda a distinguir el crecimiento histórico de la fe evangélica del salto en el número de templos registrados durante el gobierno de Giammattei. Maire advierte que el aumento de inscripciones no necesariamente refleja una ola de nuevas congregaciones en ese período, sino el destrabe de trámites que muchas iglesias —que ya funcionaban desde hacía años, pero nunca habían regularizado su personalidad jurídica— tenían pendientes.
«Giammattei simplificó la declaración. Entregaron un regalito administrativo y se pudieron registrar sin demasiados controles», resume.
Foto: Simone Dalmasso
Sin importar ese pico administrativo, el ascenso de este credo cristiano —lento y sostenido durante más de un siglo, como apunta Maire— convirtió a Guatemala, junto con Honduras, en el país de la región con el mayor porcentaje de personas que se identifican como evangélicas, según el estudio de 2024 de Latinobarómetro.
El país también se distingue por otro dato de la misma encuesta: junto con El Salvador, tiene el mayor porcentaje de ciudadanos que dicen ser practicantes o muy practicantes de una religión, sin importar cuál. Coincidentemente, es el único con tres presidentes evangélicos en su historia: Efraín Ríos Montt, Jorge Serrano Elías y Jimmy Morales.
En un territorio tan devoto, cortejar a las iglesias tiene un rédito político evidente, opina Israel Ortiz, director del Centro Esdras, una organización cristiana dedicada a la formación bíblica y a la investigación religiosa. Tanto las facilidades que ofreció el aparato gubernamental de Giammattei como el interés actual de los diputados, sostiene, son un intento de congraciarse con ese electorado.
¿Cómo funciona exactamente el cálculo? El investigador detalla que la postura de un pastor desde el púlpito puede movilizar las opiniones de los feligreses. Ese poder de influencia pesa más en época de elecciones, precisamente cuando a los propios candidatos se les prohíbe usar la religión con fines de campaña, según el reglamento de la Ley Electoral.
Ya ha pasado en Guatemala que un líder evangélico use el micrófono para motivar a su feligresía a votar con cierto sentido. En las elecciones de 2023, por ejemplo, el pastor Sergio Enríquez —padre del diputado del mismo nombre que, más de un año después, citaría al Mingob por el retraso en las inscripciones de iglesias— dijo en un culto que había que evitar que el Movimiento Semilla ganara el balotaje contra la UNE.
«Tenemos que orar mucho para no permitir que ese comunista de Semilla llegue», aseveró en una ceremonia. Ese mismo año, la entonces presidenciable de la UNE, Sandra Torres, se rodeó de pastores para buscar la simpatía del electorado cristiano, pero de todas formas perdió.
John Del Salto es otro de los dirigentes evangélicos que reconoce esa dinámica transaccional. Aunque en 2024 empujó las citaciones de Marroquín y Enríquez al Mingob, hoy habla de los diputados con otro tono. En entrevista con Plaza Pública, aseguró que ya no pretende pedirle favores a ningún parlamentario, porque terminó convencido de que lo único que buscan es «usar» a las iglesias para sus propios fines.
Así lo explica: «¿Cuál es el interés del político? Mantenerse en el poder por un interés económico. No hay otro. […] Todo diputado tiene un período de vigencia y quiere ser reelecto. […] Entonces, dicen: “Yo te ayudo en esto, pero apóyame con tu fuerza para una reelección”».
Durante el mandato de Arévalo, Del Salto ha sostenido otros encuentros en el Congreso para promover causas conservadoras. Una vez fue en mayo de 2025, cuando junto a un grupo de pastores y profesionales cristianos solicitó a los miembros del Frente Parlamentario para la Protección de la Libertad de Religión rechazar la llamada «ideología de género».
A ese encuentro acudieron Ronald Portillo (Unionista) y Edín de Jesús Mejía (Viva), dos de los 31 congresistas de bancadas mixtas que integran el Frente desde su formación, en junio de 2024. Más allá de esa reunión puntual, el colectivo se ha concentrado en organizar eventos de diálogo sobre la libertad de culto, sin plantear todavía ninguna ley al respecto.
En varios de esos contactos en el Palacio Legislativo, dice Del Salto, ha confirmado que los diputados aceptan hablar con líderes cristianos para negociar votos. Asegura que a él se lo han pedido sin rodeos, aunque no especifica quiénes.
«Cuando ven que tenemos una representatividad significativa, entonces ya nos condicionan», afirma el teólogo. Él también fue uno de los promotores de crear las ventanillas especiales para templos en el Mingob durante los años de Giammattei, y en julio de 2024 se reunió con la entonces fiscal general, Consuelo Porras, para expresarle su apoyo en medio de la tensión que ella sostenía con el presidente Arévalo.
Foto: Simone Dalmasso
Pero enamorar a las iglesias, señala la antropóloga Claudia Dary, no garantiza nada en las urnas. No existe algo como un «voto evangélico» monolítico y disciplinado, subraya la investigadora, quien acumula más de 30 años de experiencia estudiando el fenómeno religioso en Guatemala.
Como ejemplo, cita el propio caso guatemalteco de 2023: pese al acercamiento de Torres a los pastores, Arévalo ganó la segunda vuelta con casi un millón de votos de diferencia.
«No es tan fácil decir que porque son evangélicos van a votarle a un evangélico. No se ha comprobado eso», insiste.
El pastor Robin García coincide con ese argumento. Quien encabezó la Comisión Presidencial por la Libertad Religiosa durante el mandato de Giammattei —y con ello, buena parte de las facilidades que recibieron las iglesias en esos años— dice que por eso no cree que el expresidente haya buscado con esas medidas ganar respaldo político.
Aun así, en otros países latinoamericanos la bendición de los pastores sí parece haber pesado en los resultados electorales. En Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia en junio de 2026 con el apoyo explícito de megaiglesias. Lo mismo sucedió ocho años antes en Brasil, cuando Jair Bolsonaro llegó al Poder Ejecutivo. En la siguiente elección, de 2022, ese aval ya no le alcanzó para retener el cargo.
De los cinco diputados que quieren que las iglesias evangélicas crezcan en los archivos estatales, cuatro niegan directamente que su táctica sea política.
Julio Portillo (UNE) le echó la culpa a otros y acusó, sin dar nombres, a «diputados de antes» de usar un «doble discurso» con los pastores. Ronald Portillo (Unionista), en cambio, lo atribuye a su trabajo como viceministro de Giammattei, donde vio que «la única forma […] en la que cambia más efectivamente una persona que ha sufrido violencia es a través de la reconciliación o de la fe».
Tampoco los diputados de las citaciones lo asumen. Julio Marroquín (UNE) aseguró que ni siquiera recuerda a los pastores que le pidieron gestionar una junta con el Mingob. Su compañero de bancada, Sergio Enríquez, sumó otro argumento: dijo que si ansiara la validación del sector evangélico, lo mostraría en público, y que por eso no suele promocionar en sus redes de congresista las actividades de la iglesia de su padre, Ebenezer.
El único que dejó la duda abierta fue Edín de Jesús Mejía (Viva). No lo refutó, pero tampoco lo aceptó: «Pues qué bueno que lo piensen así y no nos tilden de otro tipo de actividades ilícitas. Si ese es nuestro delito, pues enhorabuena».
Al final, la pregunta que le queda al pastor Mario Paz no es cómo Giammattei, los legisladores o cualquier otro político se acerca a la fe, sino qué hacen los fieles con eso. Es la misma pregunta que les plantea a quienes llenan su templo cada domingo y que, en 2027, podrían llenar también las urnas.
«El voto es una esperanza de cambio que todos podemos ejercer, pero hay que analizar bien a la gente en relación a qué historial tiene. Las prebendas no pueden comprar la conciencia», sentencia.
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Al dejar la silla presidencial en enero de 2024, Giammattei asumió la curul que la ley le otorga en el Parlamento Centroamericano (Parlacén). Plaza Pública contactó vía telefónica a Claudia Ovalle, comunicadora del organismo regional, para gestionar una entrevista con el exmandatario sobre los beneficios que dio a las iglesias evangélicas. Giammattei no respondió al cierre de este reportaje.
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Fotografía: Plaza publica