Por: Pepe Mejía. 07/08/2026
Según los resultados electorales ¿la mitad del país no quiere a Keiko Fujimori y la otra mitad quiere autoritarismo? O es que las regiones del interior, alejadas de la capital, votan izquierda, votan progresismo.
Los resultados electorales nos muestran que en los últimos diez años se ha evidenciado una clara e histórica fractura social en Perú. Los márgenes de diferencia entre los dos candidatos de la segunda vuelta son bastante estrechos, mostrando una polarización estadística que agrieta al territorio en general. Principalmente las regiones andinas del centro y sur (con algunas provincias del norte) se han configurado como bastiones populares, rechazando cualquier imposición centralista y elitista. Esto es el reflejo de décadas de marginación, exclusión, racismo y violencia institucional contra sus justos reclamos y su propia cultura originaria. Creemos que la votación en estos territorios no necesariamente responde a proyecciones izquierdistas y/o progresistas, sino a posturas “antiestablishment” en general.
¿Cuál es su opinión ante el dato de que un tercio de la población decidió no votar o votar en blanco o viciado?
Según cifras difundidas por una encuestadora nacional, alrededor de un 10% estaría en la categoría de blanco o viciado. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en nuestro país un voto en blanco o nulo no suma a ningún candidato. Sin embargo, sí influye al reducir la base sobre la cual se calculan los resultados finales, pues solo se consideran los votos válidos. Legalmente solo se puede declarar la nulidad de un proceso electoral cuando los votos nulos o en blanco juntos superen los dos tercios del total de votos emitidos; es decir, tendría que representar un bloque de más del 66%. Cabe precisar que existen sectores en franco rechazo a ambas candidaturas, ya sea por diferencias ideológicas o posturas pragmáticas, que también fueron blanco de la propaganda de excandidatos que buscaron instrumentalizar el descontento social en función de sus futuras negociaciones políticas.
¿Por qué la población empobrecida de Lima vota Fujimori?
Lima reúne todo el panorama centralista y violentamente elitista del Perú. Diversos procesos históricos han reconfigurado el nuevo mapa demográfico de nuestra capital. Durante y después del conflicto armado interno que tuvimos (1982-1992), poblaciones andinas enteras fueron forzadas a migrar a la costa o a Lima, en particular, empujados por la desesperación y la miseria o atraídos por la supuesta promesa de un “mejor nivel de vida”. Este contexto fue aprovechado por la dictadura fujimorista (1990-2000) que implementó una estrategia de propaganda neoliberal imponiendo una narrativa donde Alberto Fujimori fue quien “derrotó al terrorismo” y “salvó económicamente” al país. Es así como en los sectores más precarizados predominó el discurso del poder dominante y que hoy se traduce en votos para la ultraderecha.
¿Qué es lo que ha pasado con los votos que llegaron desde el extranjero en valija diplomática?
En un recuento rápido, al menos en los últimos diez años, se puede ver que el voto del extranjero siempre fue funcional al candidato de derecha, y esta vez sería el factor decisivo que posibilite el ascenso de Keiko Fujimori al Gobierno. Desde el partido de Roberto Sánchez señalaron que la nueva resolución de la ONPE (que dispuso el traslado físico de actas a Lima en valijas diplomáticas en lugar de digitalizarlas en consulados) vulneró el principio de intangibilidad electoral, pues dicho cambio de procedimiento generó incertidumbre sobre la cadena de custodia y el debido proceso. Desde Juntos por el Perú platearon al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la nulidad de mesas (instalación, sufragio, escrutinio y cómputo de votos, en los procedimientos y resultados) en Argentina y Estados Unidos por supuestas irregularidades, sin obtener respuesta favorable.
Colaboración militar con Estados Unidos
¿Existe interés de la Administración Trump por aumentar la militarización? ¿Qué papel juega el puerto del Callao y la base naval militar?
Según fuentes oficiales, no operan bases militares permanentes de Estados Unidos en territorio peruano. Sin embargo, el gobierno estadounidense mantiene convenios como el que equipa la Base Naval del Callao, donde el Departamento de Estado aprobó un fondo de 1500 millones de dólares para modernizar dicha instalación, con presencia de funcionarios estadounidenses. Además, el Parlamento autoriza periódicamente el ingreso de tropas y personal de fuerzas especiales yankis para entrenamiento, ejercicios combinados de interoperabilidad “contra el narcotráfico y desastres naturales”, incorporando suministros y aeronaves (como helicópteros Black Hawk) para reforzar las capacidades logísticas y de seguridad del Estado peruano. Aquí se siguen aplicando a pie juntillas las exigencias imperialistas en su gestión “contrasubversiva” maquilladas de “cooperación, operaciones combinadas y proyectos de modernización”.
Todos los índices macroeconómicos señalan que Perú va bien en economía. ¿Esto es cierto? ¿Cómo vive la población en el Perú? ¿Hay hambre, pobreza? ¿Puede esto terminar en un estallido social?
Desde las estadísticas que nos muestran los voceros neoliberales, el crecimiento económico registraría una expansión positiva, debido a que el Producto Bruto Interno (PBI) crece impulsado por la minería, pesca y construcción. Sin embargo, la pobreza sigue afectando al 25.7% de la población (unos 8.5 millones de personas), mientras que la pobreza extrema golpea al 4.7% (1.6 millones de personas). El elevado costo de vida y las carencias en servicios básicos (vivienda, luz, agua) siguen siendo los principales factores que, junto a la precarización laboral (eliminación de derechos fundamentales, tercerización, ínfimas tasas de sindicalización, desempleo en crecimiento, subempleo esclavizante, etc.), mantienen grandes capas de pueblo sometido y explotado. Esto siempre es una bomba de tiempo que podría detonar en olas de convulsión social, si se canalizaran correctamente en una mayor correlación de fuerzas.
El fujimorismo se beneficia del sicariato
Existe un alto nivel de violencia y sicariato. ¿Dónde se concentra este tipo de violencia? ¿Cómo cree Usted que Keiko Fujimori afronte esta situación que preocupa a la población?
El Perú figura entre los 25 países con mayor criminalidad organizada a nivel global, con presencia de redes transnacionales tipificadas bajo el Código Penal Peruano. La inseguridad —originada por la extorsión y el sicariato— genera pérdidas cercanas a los 20,000 millones de soles anuales. Los trabajadores del transporte y la construcción son los más golpeados por el cobro de cupos y la extorsión. Sabemos que el incremento delictivo se debe a la desigualdad social, a la corrupción en la policía y al paquete denominado “leyes procrimen” (conjunto de normas legislativas) siendo la Ley 32108 la más representativa porque modificó la definición de organización criminal, exigiendo que sus integrantes busquen el control de mercados ilegales o cadenas de valor para ser procesados como tal, excluyendo a redes de extorsión o sicariato comunes, impulsadas por la bancada fujimorista (y sus aliados) en el Congreso. El partido fujimorista se beneficia directamente de estas medidas, así que no las combatirá.
¿Tiene información sobre la intervención de Estados Unidos en forma de financiamiento a proyectos de ONGs, periodistas o incluso a organismos que gestionan los procesos electorales?
Como es de conocimiento público, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) financió —hasta el 2023— a diversos organismos institucionales con un promedio de 4.2 mil millones de dólares desde su establecimiento en nuestro país (para “el desarrollo alternativo agrícola, la asistencia alimentaria y la protección de la biosfera”). Pero desde el año pasado, Trump suspendió la entrega de ayuda exterior (entre ellos al Perú) para “revisar los fondos”. Esto ha sido materia de controversia durante muchos años, pues se denunció que este financiamiento alcazaba incluso a proyectos progresistas (mediante redes ambientalistas, territoriales, de género, etc.) que luego fueron acusados de moldear sus propuestas políticas en función de la agenda imperialista. Este panorama siempre estuvo inmerso en procesos electorales nacionales mediante el alineamiento de medios corporativos de comunicación en beneficio de una candidatura de (extrema) derecha.
¿Qué interés tiene Estados Unidos en Perú?
Perú, como parte de América Latina, está dentro del plan estratégico de expansión y monopolio geopolítico para el imperialismo norteamericano y que bajo la administración de Trump ha recrudecido su intención por volver a operar cínicamente en su “patio trasero”. Luego de poner su bota reaccionaria en Venezuela a inicios del año, Estados Unidos mantiene su injerencia en nuestra política regional, pues ha tomado partido abiertamente por el ultraderechista Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta en Colombia, o se reúne con el candidato brasileño Flavio Bolsonaro, que aspira a vencer a Lula da Silva. Y en Perú tiene a su embajador, Bernie Navarro, sobre quien recae un pedido legal para que se le declare persona non grata por vulnerar la soberanía nacional al afirmar que continuaría “monitoreando el proceso electoral hasta que se anuncien los resultados oficiales”, pese a no ser ciudadano peruano ni funcionario autorizado para intervenir en procesos internos.
Hacia una articulación plural y unificada
¿Considera que Roberto Sánchez y todo lo que hay detrás de Juntos por el Perú es la alternativa que hará cambiar las estructuras de poder?
No, de ninguna manera. Juntos por el Perú y su líder Roberto Sánchez representan un conglomerado de fuerzas políticas diversas y hasta contradictorias entre sí, pero que han sabido articularse en función de un objetivo común. Desde los cálculos electorales lograron reunir a fuerzas de la socialdemocracia, el liberalismo democrático, el progresismo alternativo con sectores nacionalistas (de claros tintes fascistoides y chauvinistas) y un furgón de cola desde la izquierda que ha tratado de superar sus divisionismos y marginalidades entrando a un proyecto cuyo mérito ha sido saber leer el periodo político en nuestro país para capitalizar toda la simpatía y adhesiones populares que obtuvo Pedro Castillo antes de ser sacado del gobierno y confinado arbitrariamente en una prisión. Entonces, el partido de Sánchez solo representa una apuesta populista pero que sintoniza con el malestar generalizado de un país fragmentado. Aún así, logró posicionarse como la única estructura viable que frenaría (electoralmente) a la maquinaria fujimorista y sus aliados de ultraderecha.
Si hablamos de alternativas ¿Cuál es la alternativa para desarrollar un proyecto de país con justicia, menor desigualdad y menos racismo?
En países como el nuestro no existen recetas únicas ni medidas preconcebidas para posibles cambios estructurales. Aquí el reto es mucho mayor pues si bien se requiere de medidas y orientaciones de intención revolucionaria, nuestro proceso no se enmarcaría en paradigmas ideologizados con proyecciones cortoplacistas. La alternativa seguirá siendo la construcción del poder popular desde abajo y con unidad desde la lucha entre todos los sectores afectados por el sistema imperante. Desde las comunidades indígenas hasta los trabajadores de la ciudad, pasando por los movimientos campesinos, gremios estudiantiles, coordinadoras territoriales, frentes regionales, colectividades de mujeres y disidencias, desocupados y precarizados, etc., se debe incidir en la necesidad de una articulación plural y unificada (superando lastres colonialistas, racistas y excluyentes) enfocada en la viabilidad de un proyecto orgánico que rebase coyunturas y se plantee nortes mayores para construir un pueblo fuerte hacia el socialismo y la libertad.
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Fotografía: Poder popular