Por: Santiago Burrone. 27/07/2026
El desguace de la Ley de Glaciares, la privatización de AySA y el accionar de la empresa Mekorot son todas acciones de una misma política que viola el derecho humano al agua y la transforma en mera mercancía, solo disponible para quién pueda pagar. Un análisis en clave histórica y actual respecto a un bien natural imprescindible para la vida.
El agua está en el centro del debate político de Argentina por diversas razones. Recientemente la discusión de la Ley de Glaciares ha permitido que el agua deje de ser percibida como un recurso inagotable para convertirse en el epicentro de las disputas políticas y económicas más intensas de la década. El país es un territorio que alberga una de las mayores reservas hídricas del planeta y la paradoja de la escasez planificada comienza a emerger como una amenaza que se cierne sobre la sociedad, y en especial sobre las comunidades populares.
No estamos hablando de la falta física del elemento agua, sino de una reconfiguración legal y técnica orientada a subordinar su acceso social a los intereses de la acumulación de capital.
Esta transición se apoya en tres pilares: primero la legitimación técnica mediante consultoras internacionales como la israelí Mekorot; segundo, la voracidad del agronegocioque requiere flujos constantes de agua para sostener la exportación de granos y, por último, la intervención de un Gobierno que empuja la creación de un marco normativo nacional que facilita la privatización de servicios públicos estratégicos, como se observa en el reciente proceso de concesión de AySA y la mercantilización de todos los servicios esenciales.
La importancia del agua y los recursos hídricos
El cambio climático, entre otros impactos serios, provoca no solo una menor disponibilidad de agua en muchos lugares del planeta, sino también un abastecimiento cada vez más variable e impredecible. El aumento de la frecuencia y la gravedad de las sequías y las inundaciones, con graves consecuencias sobre todo para las comunidades más pobres, causa estragos en los medios de subsistencia, en la producción, el trabajo y la reproducción de la vida. El cambio climático genera también nuevas oportunidades de negocios a partir de la escasez del agua, la cual eleva la demanda por encima del suministro y esto proporciona al capital la ocasión para la obtención de grandes beneficios.
El agua dulce representa el 2,5 por ciento del total del agua existente del planeta. En nuestro país, donde dos terceras partes de su territorio son áridas o semiáridas , hablar del agua es hablar de un recurso estratégico para nuestro futuro y nuestra soberanía. En ese sentido, los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce: para para la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, la salud de los ecosistemas, la energía y el suministro de agua potable. Además, garantizar el acceso al agua requiere importantes inversiones de capital, lo que demanda serios esfuerzos financieros para sostenerla.
El mayor consumo de agua es para riego en producción agrícola. Insume en promedio el 70 por ciento del agua dulce. De los 42 millones de hectáreas cultivadas en Argentina solo el cinco por ciento, es decir 2,1 millones de hectáreas, corresponden a producción bajo riego. El 65 por ciento de esta superficie se riega a partir de fuentes superficiales y el resto con aguas subterráneas. En nuestro país, el 68 por ciento de la superficie bajo riego se ubica en las zonas áridas y semiáridas del país.
Mekorot: una empresa al servicio del genocidio palestino
Fundada en 1937, Mekorotse estableció cuando el territorio estaba ocupado por el imperio británico, once años antes de la creación del Estado de Israel (1948). En ese momento se nacionalizó la empresa y comenzó a constituirse como una herramienta más del genocidio palestino. Mekorot pasó a ser la agencia principal encargada de la gestión de recursos hídricos y el desarrollo de la red de acueductos a nivel nacional.
Los recursos hídricos de Israel son extremadamente escasos, puesto que se encuentra prácticamente en su totalidad en territorio desértico. Por eso, a través de la innovación tecnológica, Mekorot desarrolló e implementó procesos de desalinización del agua del mar mediterráneo para que la población pudiera acceder al agua potable. Esta empresa es pionera en esta actividad a nivel mundial, llegando a aportar el 70 por ciento del agua que consumen la población de Israel, e incluso llega al desierto del Neguev, donde se desarrolla la producción agrícola, a través de un sistema de acueductos de inversiones multimillonarias.
Mekorot es una herramienta fundamental para la ocupación y el desplazamiento del pueblo palestino, a partir de lo que se denomina “ apartheid hídrico”. Está documentado que la empresa en época de sequías o como herramienta de dominación, cierra el grifo a comunidades palestinas y/o las obliga a comprar el agua a precios muy superiores que a la comunidad israelí.
El Caballo de Troya técnico: la intervención de Mekorot en Argentina
Mekorot, desde el 2022 de la mano de acuerdos opacos del Ministerio del Interior del gobierno de Alberto Fernández, desembarcó en más de una decena de provincias argentinas bajo el paraguas de convenios de asesoría técnica financiados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Sin embargo, un análisis crítico revela que su rol trasciende lo técnico.
La empresa traslada un modelo diseñado para un desierto geopolítico a un país de cuencas compartidas y humedales, teniendo esta empresa mucha experiencia en hacer uso del acceso al agua como un mecanismo de apartheid político contra el pueblo palestino, a quienes someten a una extrema restricción en los territorios ocupados. Traen una empresa experta en la guerra del agua para administrar un territorio de paz, eso no es otra cosa que la preparación de escenarios conflictivos y que serán laboratorios de la nueva economía de la exclusión liberal.
Mekorot implementa el concepto de «seguridad hídrica»como eje transversal de su asesoría técnica siendo éste un instrumento de coerción. Bajo esta premisa, el agua se gestiona como un activo estratégico para sectores de alta rentabilidad. En provincias como Mendoza o San Juan, los informes de Mekorot sugieren una readecuación de los turnos de riego y una tarifa que, en la práctica, asfixia al pequeño productor para liberar caudales hacia proyectos extractivos de mayor escala. Además, la opacidad de los contratos —denunciada sistemáticamente por asambleas socioambientales— establece que la información geofísica de nuestro suelo queda en manos de una entidad extranjera. La gestión «eficiente» que propone Mekorot no busca ahorrar agua para la naturaleza, sino liberar agua para el mercado. Es la ingeniería puesta al servicio de la desposesión.
Agronegocio: la exportación de naturaleza
El agronegocio es el principal consumidor de agua en Argentina. A través de la soja, el maíz y la carne, el país exporta anualmente miles de millones de metros cúbicos de “agua virtual” (volumen de agua que se utiliza para producir un bien o servicio), lo que representa un gran consumo que la agroindustria realiza a favor de su ganancia y en detrimento del ambiente y el pueblo.
Para producir un kilogramo de granos, se necesitan entre 1.000 a 2.000 litros de agua. Para lograr un kilo de queso se necesita alrededor de 5.000 litros de agua; y uno de carne demanda 16.000 litros de este elemento vital.
Según un estudio del Conicet, la mayor parte de los flujos internacionales de agua virtual se relaciona con el comercio de cultivos oleaginosos (algodón, soja, palma aceitera, girasol y colza, entre otros). Esta categoría representa el 43 por ciento de la suma total de los flujos internacionales de agua virtual. La restricción y los problemas vinculados a la escasez de agua en el mundo para la agricultura y la seguridad alimentaria alertan sobre futuros problemas en el uso eficiente del recurso.
Se estima que así como se ha calculado que la dieta básica de alimentos transformados en calorías para el consumo humano rondan las 2700 calorías, o transformados al agua necesaria para producirlas en alrededor de 4300 litros diarios, se necesitan anualmente 1.570.000 litros de agua por persona, cifra que alrededor de 40 países en el mundo ya no alcanzan.
Es evidente que el comercio del agua virtual genera un importante ahorro de agua en los países importadores y un posible deterioro en los exportadores, que hacen un uso intensivo o a nivel de la sobreexplotación.
El modelo extractivista del agronegocio no sólo vacía los acuíferos, sino que los devuelve contaminados. El uso intensivo de pesticidas, herbicidas e insecticidas ha provocado que gran parte de la napa freática en la zona núcleo pampeana presente trazas de glifosato y sus derivados, inhabilitando fuentes históricas de consumo humano por tiempo indeterminado.
En 2026, con el avance de la frontera agropecuaria hacia el norte y la región chaqueña, la presión sobre los acuíferos locales (como el Toba) se ha intensificado. La intervención de Mekorot en estas zonas busca «tecnificar» un riego que, lejos de ser sustentable, acelera la salinización de los suelos y la pérdida de biodiversidad en los humedales, que funcionan como los riñones naturales del sistema hídrico. Cuando los acuíferos estén sobre-salinizados, Mekorot aparecerá como el gran héroe, puesto que son especialistas en desalinizar el agua del Mar Mediterráneo.
La privatización de AySA y el fin de la universalidad
La reciente oficialización de la privatización de AySA marca un punto de no retorno. Expresa con claridad la política del despojo, la insolencia liberal a un pueblo que ha conquistado con una larga tradición de lucha la universalización de derechos sociales y la justicia social.
El nuevo contrato de concesión prioriza la rentabilidad financiera sobre la expansión de la red a barrios populares y la calidad del servicio. En un contexto de crisis económica, la eliminación de subsidios y la implementación de sistemas de prepago o cortes automáticos por falta de pago —medidas sugeridas en los marcos de eficiencia de Mekorot— transforman un recurso vital en un bien suntuario. Criterio de escasez para los pobres y el pueblo, y criterio de abundancia para el agronegocio, recortar derechos al ciudadano para ampliar privilegios a millonarios.
La resistencia como gestión alternativa
Frente a este avance tecnocrático y mercantil, emerge una respuesta desde los territorios. La Ley de Glaciares y los proyectos de leyes de protección de humedales se han convertido en las trincheras legales de las comunidades que luchan por el derecho al agua, que no es otra cosa que el derecho a la vida. La situación de Argentina no es una crisis de escasez, sino una crisis de soberanía política.
La recuperación de la soberanía puede desarrollarse por dos vías: mediante el retorno de una conducción política al gobierno nacional por la vía electoral, o la recuperación de la soberanía popular por la vía de la organización del pueblo y la conquista de espacios de lucha concretos que erosionen los privilegios y democraticen la vida.
Recuperar el control del agua implica cuestionar el modelo de desarrollo del capital y ensayar un nuevo modelo de desarrollo anticapitalista. No se puede proteger el agua mientras se fomenta un agronegocio dependiente del riego intensivo y químicos, ni se puede hablar de eficiencia mientras se entrega el diseño de nuestras cuencas a una empresa que opera bajo la lógica de la guerra y la ganancia. El futuro de la Argentina se escribe hoy en la defensa de sus ríos, acuíferos y glaciares.
Al mismo tiempo de que es imposible creer que una empresa como Mekorot pueda colaborar con el bien del pueblo argentino, debemos pensar y desarrollar estrategias populares que no respondan al agronegocio, sino a garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía popular.
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Fotografía: Biodiversidad la