Por: Beatriz García. 17/07/2026
La explotación financiera para este grupo poblacional permanece fuera de la ley. Existe una incitativa para castigar el despojo de su pensiones que, muchas veces, cometen los mismo familiares en sus casas, pero sigue en la congeladora del Congreso local
María es una mujer de la Montaña baja de Guerrero, vive en el campo y su único sostén económico es el apoyo que el gobierno federal le otorga a través de la Secretaría del Bienestar. Un día pidió a un joven de su localidad que con la tarjeta bancaria le retirara el dinero de su apoyo económico, pero la cuenta estaba vacía. Su hijo y su nuera le quitaron todo su dinero.
Esta es una de las prácticas recurrentes que adultos mayores viven a diario.
La mujer tiene 65 años y la llamamos María para cuidar su identidad. Su caso es uno de tantos de adultos mayores que sufren abusos por sus familiares.
Un 87 por ciento de reportes de casos de violencia contra adultos mayores ocurre dentro del hogar, con hijas e hijos como principales agresores, y el problema más grave el despojo de bienes, de acuerdo con el reporte 2024-2025 que presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
El mismo reporte indica que 71 por ciento de estos casos es contra de las mujeres adultas mayores, es decir, son las que se encuentran en mayor vulnerabilidad.
María vivía ese abuso, le quitan su único sustento económico.
La mujer además de ser adulta mayor es viuda, vive sola en una casa de adobe y lámina de metal. Tiene hijos, pero independientes con sus familias propias.
María pidió de favor a un joven, quien suele apoyar a las personas de su comunidad, que fuera al banco y le retirara su dinero. Durante seis meses no retiró la pensión que le depositan de manera bimestral, por lo que creyó que tenía reunidos unos 19,000 pesos.
El joven acudió al cajero de un banco de la cabecera municipal de su municipio, pero la tarjeta no coincidía con el Número de Identificación Personal (NIP); la última vez que el joven le retiró el dinero de su pensión la marcó con un plumón para identificarla, porque no era a la única adulta mayor que apoyaba, pero ya no era la misma. Regresó a la comunidad e informó a María que el plástico de su cuenta no coincidía.
Resulta que uno de sus hijos y su esposa le cambiaron la tarjeta; eran los únicos que tenían llave de su casa.
Unos días después se la devolvieron, pero la cuenta estaba vacía.
Este problema lo revisaron con el comisario de la localidad, en los pueblos es común que las autoridades intervengan para la solución de conflictos, pero esta vez resolvieron que era un tema familiar y María decidió no hacer más.
La versión de algunos testigos es que María, en realidad, fue intimidada por su hijo.
Una trabajadora de la Secretaría del Bienestar, que supo del caso de María, hizo lo único que pudo hacer, cancelar su tarjeta, y ahora acude directamente a ventanilla del banco para recibir su pensión.
Esto tampoco es garantía de que al llegar a su localidad le dejen su dinero.
“Explotación financiera” hacia adultos mayores, un delito que se busca tipificar
En el 2024, en la pasada legislatura, la diputada local de Morena, Diana Bernabé Vega, presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado para establecer como delito de “explotación financiera” por omisión, control, manipulación, retención o sustracción de bienes económicos, salarios, pensiones y otras percepciones de una persona, para castigarla con 6 meses y hasta 4 años de prisión.
Propuesta que sigue en la congeladora del Congreso local, aun cuando adultos mayores como María podrían tener un marco normativo ante la vulnerabilidad del despojo de sus bienes.
En el momento que la presentó, la diputada justificó la iniciativa con que “las personas adultas mayores son presa fácil de la explotación financiera, debido a que en su mayoría tienen dificultad en el manejo de la tecnología y para el traslado a cajeros e instituciones bancarias, haciendo que sean víctimas de engaño, fraudes”.
En una entrevista reciente, Bernabé Vega dijo que en ese momento fue difícil que la iniciativa fuera aprobada porque las comisiones las presidía la oposición y las propuestas de Morena iban directo a la congeladora.
La actual legislatura puede hacer dos cosas: solicitar a la Comisión de Justicia del Congreso local que retome la iniciativa, o volver a presentarla.
La diputada comentó que lo más probable es que la vuelva a presentarla, porque al frente de la Comisión de Justicia está su compañero morenista Carlos Eduardo Bello Solano. La bancada de Morena es mayoría.
La diputada tomó la decisión en la pasada legislatura de presentar esta iniciativa porque cuando fue coordinadora operativa territorial de Morena conoció casos de adultos mayores que eran despojados de sus pensiones por familiares o solo les daban una mínima parte.
“Ha habido muchos casos, pero como no es delito todavía la gente no lo denuncia. Ya sabiendo la gente que el despojar al adulto mayor de su pensión es delito, yo siento que van a empezar a denunciar, porque hay muchas familias donde, por ejemplo, el hermano se quedó a cargo del adulto mayor y es quien está despojándolo”, comentó la diputada.
La misma historia
Un hombre de unos 80 años habita en una de las colonias de la capital. Es sordo, no sabe leer ni escribir y la familia con la que vive es alcohólica y son quienes se hacen cargo del dinero de la pensión que recibe del gobierno federal.
El señor confió en sus hijos y nietos para retirar su pensión. Un día fue solo al banco y le dijeron que su tarjeta estaba en ceros. La diputada tuvo comunicación con el señor y lo acompañó nuevamente al banco y se dieron cuenta que los familiares que tenían acceso a su cuenta; nunca supo quién de todos le quitó su dinero.
La diputada compartió que fue difícil intervenir en el caso, porque sigue pendiente la configuración del delito de explotación financiera. Además, igual que María, al tratarse de familiares cercanos, el señor se negó a hacer más.
Las casas de adultos mayores suelen ser esos espacios donde quien preside el lugar administra las tarjetas de las o los adultos mayores, en algunos casos con enfermedades como demencia senil, explico una extrabajadora de la Secretaría de Bienestar.
La ex servidora pública, de quien por seguridad se reservará el nombre, compartió que es importante investigar las casas de los adultos mayores, porque supo que en uno de estos alojamientos, la directora era quien manejaba las tarjetas de los adultos mayores con demencia.
El despojo fue ampliamente conocido en la casa, la diputada Bernabé Vega también supo de este caso.
Un escenario que podría contrarrestar el abuso que viven muchos adultos mayores es la aprobación de la iniciativa pendiente en el Congreso local.
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Fotografía: Amapola periodismo