Por: Habiba Farh. 29/06/2026
El Día de la Independencia de 2025, un grupo de activistas organizó una manifestación ruidosa con fuegos artificiales en el centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Prairieland, en Alvarado (Texas). Lo que ocurrió a continuación es objeto de controversia, pero el enfrentamiento entre los agentes de policía y los manifestantes se intensificó. Se produjo un disparo que hirió a un agente de policía.
Doce manifestantes fueron detenidos esa noche y en los días siguientes. Durante los seis meses siguientes, otras siete personas fueron detenidas de forma violenta por complicidad tras los hechos, a pesar de no haber estado físicamente presentes en la manifestación.
El proceso federal contra estas 19 personas —conocidas como los «acusados de Prairieland»— supone el primer intento del Departamento de Justicia de imputar a manifestantes contrarios al ICE por delitos de terrorismo, por su presunta pertenencia a una «célula antifa».1/
El 13 de marzo de 2026, un jurado federal dictó un veredicto de culpabilidad contra ocho acusados por diversos cargos, entre los que se incluyen disturbios, intento de asesinato de un agente de policía, conspiración para utilizar y portar explosivos, y apoyo material al terrorismo. Se espera que los activistas contrarios al ICE sean condenados este mes.
Los acusados del caso Prairieland son los primeros en ser sometidos a dos políticas federales que la Administración Trump anunció en septiembre de 2025: la Orden Ejecutiva por la que se designa a Antifa como organización terrorista nacional (en adelante, la Orden Ejecutiva o EO) y el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.º 7 (NSPM-7). Aunque estas directivas se promulgaron tras los sucesos de Prairieland, el Gobierno utilizó estas nuevas políticas antiterroristas para agravar los cargos y las penas impuestas a los acusados. El caso de Prairieland pone de manifiesto cómo la formulación autoritaria de políticas federales se está utilizando como arma contra los movimientos de justicia social para criminalizar a los activistas y silenciar aún más la disidencia.
Las nuevas políticas amplían los marcos jurídicos y normativos posteriores al 11-S, utilizando el concepto de «terrorismo interno» para incluir a los opositores políticos del régimen. Los marcos existentes, en particular los programas de lucha contra el extremismo violento, se han centrado en grupos raciales, étnicos o religiosos que el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI consideraban «sospechosos». Ahora, toda la población vive en un espacio de «precrimen», bajo una sospecha jurídica constante y con la amenaza de una mayor vigilancia y persecución judicial.
Cómo las políticas federales criminalizan la disidencia por motivos ideológicos
La extrema derecha y el Estado de seguridad han aprovechado el asesinato de Charlie Kirk, ocurrido en septiembre de 2025, para aprobar políticas autoritarias que difaman y criminalizan a activistas y grupos progresistas, a disidentes políticos y a opositores, con el pretexto de combatir el «terrorismo interno». Stephen Miller, subjefe de gabinete y asesor de Seguridad Nacional, afirma que la izquierda en general y los demócratas han recurrido a la violencia para impedir que la Administración lleve a cabo su programa, especialmente en lo relativo al control fronterizo. Ha prometido «utilizar todos los recursos de que disponemos en el Departamento de Justicia, en Seguridad Nacional y en todo el Gobierno para identificar, desarticular, desmantelar y destruir estas redes y hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro para el pueblo estadounidense», en nombre de Kirk. Con «estas redes», Miller se refiere a «antifa» —o redes antifascistas—, un término genérico que la extrema derecha ha utilizado para avivar los temores ante una izquierda insurgente en medio de una creciente disidencia e impopularidad.
La orden ejecutiva de septiembre de 2025 designa a «antifa» como una «organización terrorista interna», pero se trata de una designación que actualmente no existe en la legislación estadounidense. La legislación anterior define los actos como terrorismo interno, no las organizaciones ni las afiliaciones políticas. El «terrorismo interno» es una etiqueta, no un delito federal perseguible, a pesar de que la mayoría de los estados cuentan con leyes y tipificaciones penales sobre terrorismo interno a nivel estatal, incluidos los delitos de «apoyo al terrorismo». En virtud de la NSPM-7, se anima ahora a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como el FBI, el IRS, el DHS y el DOJ, entre otros, a que presenten al presidente una lista de grupos y entidades que defienden y promueven el «terrorismo interno».
La ficha informativa de la Casa Blanca que acompaña a la orden ejecutiva parece hacer referencia a Prairieland, alegando que «Antifa se ha visto envuelta en enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, […] amenazando la seguridad pública». Tanto el decreto ejecutivo como la ficha informativa ordenan a todas las agencias federales que «investiguen, desarticulen y desmantelen todas las operaciones ilegales llevadas a cabo por Antifa o por cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa», así como sus fuentes de financiación. Esto impediría que se produjeran protestas como la de Prairieland, al facultar a las fuerzas del orden para reprimir a los activistas y disidentes antes de que se movilicen.
«No es la primera vez que la Administración Trump intenta convertir a sus oponentes políticos —o incluso a quienes considera «Antifa»— en delincuentes».
Por supuesto, no es la primera vez que la Administración Trump intenta convertir a sus oponentes políticos —o incluso a quienes considera «Antifa»— en delincuentes. Durante las protestas de 2020 a favor de la rendición de cuentas policial tras el asesinato de George Floyd, Trump tuiteó que «Estados Unidos designará a ANTIFA como organización terrorista». En aquel momento, el FBI y el Congreso coincidieron en que el decreto de Trump en Twitter supondría una violación de la Primera Enmienda y no llevaron a cabo la orden. Hoy en día, una administración más autoritaria se está desviando de los precedentes políticos para criminalizar a los disidentes.
La Casa Blanca determina qué es el terrorismo interno
Las nuevas políticas van más allá de designar y criminalizar una ideología específica. Tres días después de aprobar la orden ejecutiva, la Casa Blanca publicó un memorándum de seguridad nacional (NSPM-7) en el que se identifican los indicadores de «terrorismo interno» y cómo el Gobierno federal identificará, investigará y procesará a las personas y entidades que expresen o defiendan las siguientes opiniones basadas en «puntos en común»:
1. antiamericanismo
2. anticapitalismo
3. anticristianismo
4. apoyo al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos
5. extremismo en materia de migración, raza o género
6. hostilidad hacia quienes defienden puntos de vista tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moralidad
Las amenazas identificadas son amplias, lo que crea una red tan amplia que perpetúa el legado de discriminación y sesgo de los programas antiterroristas y contra el extremismo del pasado, al tiempo que amplía el alcance del Gobierno más allá de las minorías raciales y religiosas. Esto erosiona inevitablemente las libertades civiles de todos. El memorándum expone una justificación para violar los derechos de la Primera Enmienda mediante la supresión de la libertad de expresión, sin ninguna prueba de que estas ideologías sean peligrosas.
Por ejemplo, durante el juicio de Prairieland, los fiscales federales presentaron pruebas intencionadamente vagas como evidencia de que los acusados eran «terroristas nacionales». En una reunión del Comité de Apoyo de DFW, un grupo que trabaja para apoyar a los acusados de Prairieland, un voluntario dejó claras las implicaciones cuando preguntó a la audiencia: «Si alguna vez habéis estado en una manifestación, levantad la mano». Levantad la mano si alguna vez os habéis vestido completamente de negro, en general, ni siquiera en una manifestación. Levantad la mano si tenéis un botiquín de primeros auxilios. Si tenéis un arma, levantad la mano. Si alguna vez habéis usado Signal, levantad la mano». Otro voluntario planteó la siguiente pregunta: «Si habéis levantado la mano, ¿eso os convierte en terroristas?».
Qué significa esto para los activistas y los movimientos por la justicia social
El Estado está creando el marco jurídico para criminalizar la resistencia —ya sea ideológica o física— como parte de una campaña más amplia de propagación del miedo. La calificación de los grupos disidentes como organizaciones terroristas nacionales no se basa en la frecuencia, la peligrosidad o la magnitud de un supuesto delito que puedan haber cometido, sino en la ideología política del grupo. Aunque el decreto «califica» a Antifa como organización terrorista, no existe ningún proceso legal para dicha calificación, ni el decreto especifica cómo se establecerá y se hará cumplir dicha calificación.
«El Estado está creando el marco jurídico para criminalizar la resistencia —ya sea ideológica o física— como parte de una campaña más amplia de propagación del miedo».
Lo que hace únicas a estas políticas es su alcance. Someten a cualquier persona en EE. UU. a un escrutinio político. Como consecuencia, empresas de consultoría, bufetes de abogados y organizaciones sin ánimo de lucro han publicado comunicados sobre cómo protegerse. Estas políticas pretenden coartar la libertad de expresión y la movilización política en un momento en el que las comunidades se están organizando y manifestando activamente su desacuerdo.2/
Ampliación del alcance del «apoyo material al terrorismo»
Lo más preocupante es que esto ha ampliado los límites de lo que los fiscales considerarán como prueba de «apoyo» al terrorismo, especialmente en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro. La NSPM-7 ordena al IRS que investigue y, en su caso, procese a grupos, personas y entidades acusadas de financiar o apoyar de cualquier otra forma el «terrorismo interno». Las leyes federales vigentes sobre el «apoyo material al terrorismo» se están ampliando actualmente a través de proyectos de ley como el H.R. 9495 (Ley para detener la financiación del terrorismo y las sanciones fiscales a los rehenes estadounidenses) y el H.R. 6408 (para modificar el Código de Rentas Internas de 1986 con el fin de revocar la exención fiscal de las organizaciones que apoyan el terrorismo). A pesar de estar estancados en el Congreso, estos «proyectos de ley letales para las organizaciones sin ánimo de lucro» se utilizan para criminalizar a las organizaciones sin ánimo de lucro —incluidas las organizaciones benéficas, las escuelas y las instituciones religiosas— que apoyan financieramente a Palestina o cualquier otra causa que el Gobierno considere «terrorismo». Aunque se remonta a décadas atrás, esta revocación autoritaria de los derechos constitucionales, basada en la ideología política y la movilización, se intensificó cuando comenzaron las protestas masivas contra el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, y se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes de «Stop Cop City» mediante acusaciones en virtud de la ley RICO y de terrorismo interno.
Los tribunales y la fiscalía discrepan sobre si otras actividades, como las traducciones, las interacciones, las entrevistas y la publicación de material, constituyen «apoyo material». El núcleo de este debate radica en si las expresiones protegidas por la Primera Enmienda pueden utilizarse como prueba de un delito. El decreto presidencial abre la puerta a penalizar las expresiones protegidas constitucionalmente y las muestras de solidaridad —incluidas las donaciones—, lo que aísla a los movimientos y a los organizadores de su base y disuade la acción pública. Tomemos el caso de Daniel «Des» Sánchez, uno de los acusados del caso Prairieland que no estuvo presente en la manifestación ruidosa. Fue detenido por «ocultar de forma dolosa un documento o registro», al transportar fanzines y panfletos anarquistas en su coche después de que su esposa fuera detenida en la manifestación ruidosa. Esto indica que las fuerzas del orden creen haber «encontrado una laguna constitucional: si no se puede castigar por difundirlo, se castiga por transportarlo».
«La Orden Ejecutiva abre la puerta a penalizar la libertad de expresión protegida por la Constitución y las muestras de solidaridad… lo que aísla a los movimientos y a los organizadores de su base y disuade la acción pública».
Ampliación del uso de los Grupos de Trabajo Conjuntos contra el Terrorismo
Tanto la Orden Ejecutiva como la NSPM-7 recurren a los Grupos de Trabajo Conjuntos contra el Terrorismo (JTTF) —colaboraciones multidisciplinares entre las fuerzas del orden locales y estatales y las agencias de inteligencia federales, supervisadas por el FBI —para identificar, investigar y enjuiciar a quienes muestren los indicios mencionados anteriormente. Esto no es nada nuevo, ya que el FBI lleva desde 2001 utilizando los JTTF junto con las fuerzas del orden estatales y locales para investigar y prevenir posibles atentados terroristas.3/ Los JTTF llevan vigilando e intimidando a los manifestantes al menos desde 2004, y no han cesado en su actividad a pesar de las diversas impugnaciones legales presentadas por organizaciones de defensa de las libertades civiles. Durante la primera Administración Trump, el DHS y el FBI clasificaron cinco amenazas de «terrorismo interno» sujetas a la actuación de los JTTF.
En una solicitud presentada en mayo de 2024 al FBI, al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en virtud de la Ley de Libertad de Información, la ACLU solicitó «los documentos elaborados desde el 20 de enero de 2017 hasta la actualidad relativos a la definición de los siguientes términos tal y como los utilizan y aplican los JTTF». Entre los términos solicitados figuraban «antifa», «extremistas de extrema izquierda», «instigadores violentos» y «organizadores e instigadores criminales». Varios meses después, la ACLU interpuso una demanda contra las mismas agencias por no haber respondido a su solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información. La demanda pone de relieve cómo la Orden Ejecutiva y la NSPM-7 facultan a los JTTF para continuar con sus prácticas anteriores de vigilar a manifestantes y activistas e infiltrarse en comunidades de personas de color sin el debido proceso, la transparencia ni pruebas. Esto se suma a los esfuerzos anteriores por «desacreditar, desarticular y destruir» a los grupos de derechos civiles y a los líderes negros, a los activistas contra la guerra y a los socialistas, así como a otros «subversivos» durante el COINTELPRO; y al uso de los JTTF contra las comunidades negras e indígenas, los árabes, los musulmanes, los sudasiáticos, los inmigrantes y los movimientos progresistas durante la Guerra Global contra el Terrorismo.
¿Y ahora qué?
Los acusados de Prairieland no fueron los primeros «terroristas nacionales». Al otro lado de las puertas del centro de detención de ICE en Prairieland, Leqaa Kordia, una mujer palestina detenida por ICE, permanecía recluida en una celda por su participación en los campamentos a favor de Palestina de la Universidad de Columbia. Kordia fue detenida por ICE en Newark, Nueva Jersey, el 13 de marzo de 2025, exactamente un año antes de que los acusados de Prairieland escucharan sus veredictos de culpabilidad. 4/ En ese único año, la categoría de «terrorista nacional» pasó a abarcar desde activistas solidarios con Palestina hasta manifestantes contra el ICE, pasando por un artista con una caja de fanzines… y ahora, una lista cada vez más amplia de posibles opositores.
Cualquiera puede ser ahora un «antifa»: el próximo «terrorista interno», el próximo objetivo de la política federal autoritaria. En su propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2027 presentada al Congreso, la Casa Blanca propuso un aumento de 445 mil millones de dólares en el gasto militar, al tiempo que recortaba 73 mil millones de dólares de programas nacionales esenciales. La solicitud presupuestaria del FBI reveló que la agencia ha creado recientemente el Centro de Misiones Conjuntas (JMC) NSPM-7 para «combatir el terrorismo interno». A medida que la Administración destina recursos a acabar con sus enemigos, ya sean extranjeros o nacionales, la lucha contra el «terrorismo interno» se convierte en una institución, con una infraestructura que requiere oficinas, personal, financiación y prisiones.
“Cualquiera puede ser ahora un «antifa»: el próximo «terrorista interno», el próximo objetivo de la política federal autoritaria”
El juicio de Prairieland deja claro cómo los decretos ejecutivos, incluso cuando carecen de fundamento jurídico o violan las garantías constitucionales, pueden utilizarse como arma para criminalizar la disidencia con el pleno respaldo de fiscales, jueces y jurados. Si ahora cualquiera puede ser considerado terrorista, los movimientos por la justicia social deben crear narrativas alternativas que refuten las afirmaciones del Gobierno, así como el marco normativo de seguridad nacional —antimusulmán, antiárabe, antinegro y antiinmigrante— que nos ha llevado a esta situación. Es más que una advertencia para los movimientos y activistas por la justicia social: las políticas autoritarias se están poniendo a prueba en los tribunales y en nuestras comunidades, con graves consecuencias para los activistas y para la lucha más amplia por la justicia.
Notas
1/ El Departamento de Justicia ha imputado a la acusada del caso Prairieland, Autumn Hill, utilizando su nombre anterior, a pesar de que Hill cambió legalmente su nombre en 2023. Este uso deliberadamente erróneo del nombre y del género por parte del Departamento de Justicia pone de manifiesto que estas acusaciones no solo son antidemocráticas y discriminatorias por motivos raciales, sino que también son antitrans y forman parte de un intento de la extrema derecha de vincular a las personas de géneros minoritarios con el terrorismo violento.
2/ Para obtener más información sobre cómo estas políticas influirán en las instituciones, véasehttps://charityandsecurity.org/news/trumps-terrorism-designation-of-antifa-meaningless-or-serious-threat/.
3/ Los JTTF existen desde 1980, aunque en aquel entonces solo eran un órgano de investigación que prestaba apoyo al FBI. En 2008, se otorgó a los JTTF la facultad de iniciar investigaciones sobre actividades sospechosas para prevenir atentados terroristas, a pesar de su historial de vulneración de los derechos de las personas. Para obtener más información sobre la historia de los JTTF, véase https://extremism.gwu.edu/joint-terrorism-task-forces-and-preventive-model-us-counterterrorism.
4/ Kordia fue puesta en libertad tras su detención por el ICE el 16 de marzo de 2026. Véasehttps://www.npr.org/2026/03/17/g-s1-114023/last-protester-campus-crackdown-released.
Habiba Farh es analista de investigación en Political Research Associates, donde realiza un seguimiento de la legislación y los discursos relacionados con los delitos de odio, el terrorismo y el extremismo. Ha escrito sobre la represión política intergeneracional en comunidades históricamente marginadas de EE. UU., la política de la diáspora árabe-estadounidense y la política exterior de EE. UU. respecto a Oriente Medio, y la islamofobia y la intolerancia antiárabe en la política y la legislación estadounidenses.
11/6/2026
+ Info:
Political Research Associates Ben Lorber, Ethan Fauré, Steven Gardiner, Annie Wilkinson. “We’re All in This Together”. Lessons from Minneapolis on Resisting Authoritarianism
Robert P. Jones. The Absurdity of the Trump Administration’s ‘Anti-Christian Bias’ Report
Ilyse R. Morgenstein Fuerst. Flowing Against Fascism. What Martin Buber has to teach us about community, resistance, and survival
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Fotografía: Viento sur. El centro de detención de Prairieland, en Alvarado (Texas), fue escenario de una manifestación ruidosa el 4 de julio de 2025 que se saldó con la detención de 19 personas.