El algoritmo te identificó: reconocimiento facial en CABA y la amenaza Palantir

Palantir es una empresa de software cofundada por Peter Thiel en 2003 que el año pasado superó la mitad de sus ingresos con clientes gubernamentales de todo el mundo. En septiembre de 2025 se conocieron documentos internos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en los que se verifica que la migra utiliza los servicios de Palantir en sus investigaciones y durante las operaciones en el terreno. Manuales de capacitación, informes de uso y cientos de intercambios por correo electrónico para optimizar la persecución y el arresto de migrantes mediante una red creciente de bases de datos privados y públicos. Registros en plataformas, uso de aplicaciones, datos personales en vuelos aéreos, escaneos de licencia de conducir, selfies, ubicaciones geolocalizadas: cualquier movimiento que produzca un dato es almacenado para correr en softwares de inteligencia artificial y organizar en instantes el perfil de un ciudadano. En abril de este año, el tecnomagnate se reunió con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y a los pocos días compró una propiedad en Barrio Parque.

La presencia de Thiel en Argentina inquieta por varios motivos, pero sobre todo por la posibilidad de que la ciudad de Buenos Aires se convierta en el ensayo de territorio hipervigilado que sueñan los dueños del mundo. En ese sentido, la Ciudad de Buenos Aires ya implementó una maquinaria semejante aunque con menor grado de sofisticación y desde el Mapa de la Policía advertíamos los problemas que eso podía conllevar.

En 2022, el juez Roberto Gallardo a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 suspendió el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se había instalado en CABA. La decisión respondía a una acción de amparo presentada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA). La prohibición de usar el software sigue vigente.

cómo funciona el coso

A diario, el Registro Nacional de Reincidencia actualiza la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC). El exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, tomó la decisión en 2016 de que este registro fuera público y pueda ser consultado por internet con el objetivo de contribuir a la lucha contra el delito. El motor del SRFP se conecta automáticamente con la CoNaRC y completa el perfil con fotografías del ReNaPer (Registro Naciona de las Personas). El entrenamiento del algoritmo permite procesar la geografía facial de las personas que se individualizan desde las cámaras y las compara con las fotos de la base de datos. Si hay coincidencia suficiente, se genera un alerta vía Telegram que llega al celular del oficial de la Policía de la Ciudad más cercano para efectivizar la detención y completar la identificación del individuo.

Fuente: ODIA. Imagen propia.

«El objetivo es que estos delincuentes no convivan con nosotros todos los días. La primera garantía es la de la privacidad: el sistema sólo trabaja con los prófugos aportados por la CONARC, una base pública que puede leer cualquier ciudadano del país», explicó Diego Santilli, ministro de Seguridad y Derechos Humanos al momento de la presentación del sistema, el miércoles 24 de abril de 2019.

Días después, entre el 6 y el 17 de mayo de 2019, visitó la Argentina el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, quien presentó una declaración preliminar ante la prensa terminada su evaluación. Fueron 41 puntos entre los que se destacan tres.

Sobre la lista diaria de la CoNaRC: «La base de datos contiene múltiples errores: por ejemplo, dos personas figuran como de 2 y 3 años de edad, buscadas por asalto y robo», de una totalidad de 61 menores de edad, de quienes también se publican todos sus datos personales. Cannataci recuerda en su informe que es derecho de todo niñx que se respete plenamente su vida privada durante todo el procedimiento, conforme indica la Convención por los derechos del niño a la que Argentina adhirió en diciembre de 1990.

Sobre la implementación: «No veo la proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46 mil personas [N. del R: a mayo de 2019] que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud».

Sobre la seguridad en la protección de datos: «Que el reconocimiento facial se esté implementando sin el PIA (Privacy Impact Assessment) necesario, así como la consulta deseable y las fuertes salvaguardias, también es motivo de preocupación. El Gobierno ha aprobado una reglamentación de bajo nivel en materia de biometría, pero no una legislación detallada sobre el uso del reconocimiento facial», concluye en el punto 21.

los múltiples errores

La cantidad de errores e irregularidades que mostró el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos en funcionamiento fue clave para dejarlo fuera de uso. El caso más evidente es el que sufrió Guillermo Federico Ibarrola el sábado 27 de julio de 2019 cuando el sistema hizo match y disparó un alerta a la Policía de la Ciudad para que lo detuviera de inmediato. Guillermo regresaba de Tigre con su familia y fue detenido en la estación de trenes de Retiro como prófugo por un violento robo cometido en Bahía Blanca hacía tres años. Quedó arrestado en CABA 5 días hasta que fue trasladado al edificio del Juzgado de Garantías nº2 de Bahía Blanca, donde tenía pedido de captura, para luego verificar su identidad e ingresar a la Unidad Penal N°4. El fiscal cruzó foto, DNI y domicilio, pidió que lo suelten de inmediato y lo suban al primer micro de regreso a su casa. A las 3 horas, Guillermo Ibarrola viajaba rumbo a Ezeiza. Finalmente, se supo que el malentendido se originó en una mala carga de datos en la base de Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Confundieron su número de DNI con el de un Guillermo Federico Ibarrola, con domicilio en Bahía Blanca, que golpeó con un martillo a su víctima para robarle y está prófugo desde entonces.

Otro yerro del estilo ocurrió en octubre del año pasado. El actor Osqui Guzmán fue detenido de forma arbitraria un miércoles por la tarde en la estación Dorrego del subte B, en CABA. Según contó, una agente de la policía le pidió el DNI sin motivo aparente, se lo arrebató y le dijo: “El algoritmo te reconoció, vos sos chorro”. A continuación, la agente lo golpeó dos veces mientras él intentaba explicar que no había hecho nada. Frente a esta contradicción –que la agente alegue el reconocimiento de un software en desuso por orden judicial–, las posibilidades son solo dos: o la oficial de policía miente al decir que Guzmán fue reconocido por el algoritmo, o el Ministerio miente al declarar que el SRFP no se está utilizando. Y una pregunta más, ¿Qué tan frecuentemente ocurren detenciones, verdugueos o violencia policial que desconocemos por el perfil no público de los ciudadanos que la sufren?

episodio CFK

El 15 de noviembre de 2018, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó: «Ayer por la mañana dos personas sin identificación alguna intentaron colocar 3 cámaras y un domo en la esquina de mi casa, aquí en Buenos Aires. Personas de la Policía Federal que integra la custodia advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando». La por entonces senadora llegó en la madrugada a su casa de Recoleta luego de una tensa sesión en la que discutió el Presupuesto 2019, y horas después, denunciaba en redes sociales lo que calificó como persecución. Continúa el tweet, «les dijeron que eran empleados de la empresa Donaide S.A. (sic) e iban a colocar estas cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no contaban con ninguna documentación que acreditara tales circunstancias. Luego de identificarse recibieron un llamado, se subieron a su camioneta (sin inscripción alguna de la empresa a la que decían pertenecer) y se fueron. Raro, no?». El episodio dejó algunas incógnitas abiertas y el nombre propio de una empresa.

todas las empresas, la empresa

El territorio porteño cuenta con al menos 15 mil cámaras de seguridad que monitorean el 75% de la ciudad, según datos del propio gobierno. El Sistema de Videovigilancia comprende todas las cámaras de dominio público: seguridad, tránsito, AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) y SBASE (Subterráneos de Buenos Aires), y todas se supervisan desde los cuatro Centros de Monitoreo Urbano. El algoritmo del reconocimiento de rostros se preparó en su primera etapa para correr en 300 cámaras, que podían alternarse conforme los puntos de la ciudad en los que la Policía porteña requería cobertura.

Danaide S.A. –no Donaide, como escribió la expresidenta– es la responsable técnica del sistema y se especializa en la prestación de servicios relacionados con vigilancia y sistemas de control. Suministra UltraIP, un software de reconocimiento facial desarrollado por la propia Danaide S.A., según indica la respuesta al pedido de información pública que realizó Asociación Civil ADC. Constituida como sociedad anónima, con sede declarada en CABA y en La Plata, tiene solo dos accionistas: Hernán Carzalo y Juan Agustín Carzalo. Es proveedora clave del gobierno porteño desde 2016 en servicios de videovigilancia tecnológica y acumula más de $700 millones en contratos con la Policía de la Ciudad para monitoreo por video de control de accesos, sistemas de ciberseguridad y reconocimiento facial.

Danaide S.A. tiene como presidente a Hernán Carzalo, socio de Mario Montoto (MM) en Tecnoview S.A., otra empresa que ofrecía servicios de «provisión de tecnología aplicada a la seguridad». Montoto es quien inició el negocio de venta e instalación de cámaras en la Ciudad de Buenos Aires y es de esos nombres propios que, como Patricia Bullrich, cumplen 50 años de vigencia en la política nacional. Como la actual senadora, además de un vínculo cercano, los unen años de militancia en Montoneros, y es allí donde Mario hizo sus primeros palotes con las cámaras. Tras el golpe, Pascualito, su nombre de guerra en Montoneros, se encargó de monitorear el circuito cerrado de televisión y seguridad que protegía la casa de la familia Firmenich en un barrio residencial de México DF.

Así como Patricia dibuja una parábola histórica desde la organización de base hasta ministra de Seguridad de la Nación, Mario pasó de los campamentos en el Líbano de la Organización para la Liberación de Palestina a presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, desde donde hoy provee máquinas para controlar a la población. Como documenta Germán Romano en el libro Mario Montoto, el empresario a las sombras del poder político (2019), se trata de la persona que inició el negocio de venta e instalación de cámaras de videovigilancia en CABA. Comenzó cuando en el año 2006 el gobierno porteño firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para instalar cámaras en plazas y parques, tarea que, en efecto, ejecutó la subcontratada CODESUR S.A. (Corporación para la Defensa del Sur), de MM. Esta tercerización se volvió prescindible entre 2009 y 2010 cuando Mauricio Macri la contrató de manera directa en siete oportunidades. Luego, junto a Daniel Hadad, MM creó Global View S.A., empresa que desde su primera licitación en abril 2010 gana la compulsa de precios sin interrupciones hasta 2015. Sólo en ese lustro, la nueva empresa de videovigilancia obtuvo contratos con la gestión del PRO por $390 millones.. En 2009 también se formalizó la sociedad MECUM S.A., con Alejandra Beatriz Rafuls como presidenta y MM como vicepresidente, según consta en el Boletín Oficial. Rafuls fue también la fundadora de la consultora AR y Asociados, una agencia contratada de manera directa o con licitaciones a medida desde el año 2010 y al menos hasta 2013 por el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro. Rafuls es amiga íntima y madrina de uno de los hijos de Montenegro. El rol de la agencia en materia de comunicación oficial incluía la tarea de prensa de la Policía Metropolitana. Esto le permitía acceder y organizar la distribución de las imágenes captadas por la cámaras de vigilancia a los medios de comunicación mediante el sistema ProntoBaires.ar y Asociados también fue contratada por los principales medios del grupo Infobae, fundado en 2002 por Daniel Hadad.

Montoto, Rafuls y Hadad fueron expandiendo sus servicios por la Provincia de Buenos Aires, en Tigre, Lanús y Escobar. En algunos casos se denunciaron irregularidades en la ejecución de contratos, como instalación parcial de cámaras pese al pago total del servicio o licitaciones con escasa competencia. Por otra parte, los municipios que mostraron reticencias, cuestionaron los precios por la prestación del servicio o contrataron otra empresa, denunciaron que estaban siendo objeto de de campañas de desprestigio. Años más tarde MM también se posicionó como proveedor central de sistemas de vigilancia vehicular, capaces de registrar y almacenar patentes en circulación. La empresa Danaide S.A. obtuvo en 2021 una licitación en CABA por más de mil millones de pesos para el control vehicular, junto con otro contrato por análisis y gestión de imágenes por $300 millones adicionales. Además, el mismo núcleo empresario provee tecnología y servicios al Sistema Penitenciario Federal. A través de Surely S.A. , también fundada por Montoto, se consolidó como uno de los principales proveedores de dispositivos de control como tobilleras electrónicas, pulseras con GPS y botones antipánico.

palantir.manaos.monorriel

Tomás Pomar es abogado especialista en derecho digital, docente de la UBA y presidente del Observatorio del Derecho Informático Argentino (ODIA). En una reciente nota en FM La Tribu, el abogado sintetizó que «para quienes laburamos en estas cuestiones, es vivir todo el tiempo en el capítulo del Monorriel de los Simpsons: un tipo aparece con una solución mágica, donde hay un funcionario político de turno que por connivencia o desconocimiento contrata algo que no tiene idea cómo implementar y para qué, con costos altísimos en términos políticos».

La imagen del tecnomagnate radicado en la Ciudad de Buenos Aires que juega al ajedrez en un local del Abasto y deja trascender vía empresarios que dedica sus horas a elaborar teorías sobre un Anticristo luddita es fascinante. Tomás Pomar reorienta el foco: «La mejor base de datos para hacer cualquier política pública la tiene Mercado Pago. Está monitoreando transacciones cotidianas geolocalizadas con referencias sobre cuánto es el ingreso de cada persona, con un conjunto de datos agregados que ellos van poniendo. Tienen un nivel de capilaridad de información muy interesante». Lo que queda claro es que en un contexto de tránsito de datos como el que estamos viviendo, la videovigilancia no puede ser una decisión unilateral por parte de los gobiernos, pero sobre todo no puede ser un bien al servicio de las corporaciones.

Si consideramos la línea histórica que detallamos, los actores nacionales e internacionales interesados tanto en la promoción como en la dotación de infraestructura tecnológica para el control ciudadano y sobre todo, la creciente producción de datos personales que día a día entregamos a entidades públicas y privadas, parece urgente levantar la guardia ciudadana y profundizar los debates alrededor de la protección de nuestra información personal.