Por: Renata Bessi. 26/04/2026
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México deben decidir sobre el amparo en revisión que interpusieron 17 comunidades mayas de Hopelchén, en el estado de Campeche, Península de Yucatán, por la contaminación del agua por plaguicidas en su región. El proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos González estaba listado para discutirse en la sesión pública ordinaria del pleno el 26 de marzo, pero se pospuso la votación y no hay nueva fecha prevista.
Las comunidades piden que los ministros desechen la resolución del caso propuesta por Ríos González. Eso porque, a pesar de reconocer las múltiples omisiones que cometió el Juez Primero de Distrito en Campeche – que no reconoce la contaminación del agua -, la ministra propone devolver el expediente a dicho juez para que reponga el procedimiento y vuelva a emitir sentencia, en lugar de que sea el máximo tribunal del país quien se encargue de resolver la situación de contaminación que enfrentan.
En 2020, las 17 comunidades mayas presentaron una demanda de amparo debido a la contaminación y exposición a residuos de plaguicidas clasificados como altamente peligrosos, resultado de la actividad agrícola industrial en la región, especialmente los cultivos de soya y de maíz, incluyendo transgénicos.
La maya Itzel Pech, del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, explica que la actividad agroindustrial ha llevado a la deforestación de más de 400 mil hectáreas de bosque. “Estos cultivos vienen acompañados de paquetes tecnológicos, plaguicidas, glifosato, agrotóxicos agresivos para la salud, medio ambiente y para las abejas. Este problema se inició por lo menos desde 2012 y se ha ido incrementando. Se ha incrementado el uso de estas sustancias por medio de avionetas y ahora por medio de drones. La contaminación no es sólo del agua, es del aire también. Estamos en una exposición directa y constante”.
Las comunidades reclaman a organismos del Estado omisiones y violaciones a sus derechos, tales como la ausencia de información sobre la calidad del agua, la omisión de monitorear los residuos de plaguicidas en el acuífero y en el agua de pozos para consumo humano, la autorización de múltiples plaguicidas altamente peligrosos que se aplican en los territorios sin ninguna medida ni control, así como la contaminación y los riesgos a la salud.
Entre las autoridades reclamadas están la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La denuncia de contaminación de las comunidades está avalada por diversos estudios, incluyendo información pública, que evidencian residuos de plaguicidas en el acuífero de la Península de Yucatán, en agua de pozos para el consumo humano, en agua embotellada, e incluso en orina y sangre de personas. “En el expediente se incluyen diversas pruebas que acreditan lo mencionado”, sostuvieron las comunidades en un comunicado.
A pesar de las pruebas, el Juez de Distrito en Campeche consideró que “no eran idóneas”, por lo que negó el amparo. Para las comunidades, con esta decisión el juez omitió considerar obligaciones, facultades y lineamientos que debió atender, como son el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual el Estado mexicano es signatario, así como principios de prueba aplicables en materia ambiental e incluso protocolos de actuación publicados por la propia SCJN, a fin de brindar la protección de la justicia a las comunidades mayas.
Suprema Corte
En mayo del 2025, la SCJN resolvió atraer el amparo en revisión, por considerar de “gran interés y trascendencia que tiene este caso en temas relacionados con el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, así como con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”.
Sin embargo, la ministra María Estela Ríos está proponiendo devolver al mismo juzgado de Campeche el expediente de amparo para que se reponga el procedimiento y se emita una nueva sentencia. “Somos gente maya y estamos reclamando justicia desde hace años. Recorrimos un largo camino para llegar hasta aquí. No queremos que se regrese a Campeche, porque tenemos la experiencia de que, si las autoridades de aquí hacen los estudios del agua, van a decir que no está contaminada”, dice don Gustavo Huchin, quien hace parte del Colectivo de Comunidades Maya de los Chenes.
Para la abogada Itzel Arteaga, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que asesora a las comunidades, el juzgado en Campeche “no toma en consideración principios de derechos humanos, principios ambientales e interculturales, tampoco tiene la formación ambiental para analizar de forma integral el asunto”. Además, las comunidades han expresado que “no hay confianza con las autoridades locales de Campeche y es por eso que se buscó llegar a la Suprema Corte, para que se tenga una sentencia más protectora, que tenga un enfoque más integral”.
Las comunidades mayas subrayan y hacen un llamado a los ministros para que voten en contra del proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos y que resuelvan el “fondo del asunto, ordenando acciones urgentes”. Entre ellas, generar información sobre el estado de la contaminación del acuífero de Hopelchén y de los pozos del sistema de agua potable; actualizar las normas que determinan la calidad mínima que debe tener el agua de uso y consumo humano; prohibir los plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura de la región; además de inspeccionar y vigilar la aplicación de plaguicidas en general.
“Sí, somos los directamente afectados. Pero todos estamos en la misma barca. La península [de Yucatán] también se contamina. En el centro del país reciben productos que salen del campo de Hopelchén, de Campeche, y llegan a sus mesas. Estos productos están altamente contaminados por agrotóxicos que se vierten de forma indiscriminada en los campos”, añade don Gustavo Huchin.
Además de la lucha por el agua, las comunidades mayas han trabado en los últimos años batallas contra las semillas transgénicas y contra la muerte masiva de sus abejas provocada por plaguicidas.
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Fotografía: Avispa