Por Ricardo Balladares Castilla. 22/04/2026
«El analista Ricardo Balladares Castilla sostiene que el gobierno de José Antonio Kast ha instalado una estrategia basada en la sobreoferta de anuncios para manipular la agenda pública. Medidas polémicas se lanzan como distractores, generando debate inmediato, para luego ser corregidas o retiradas, proyectando una imagen de flexibilidad mientras el verdadero programa avanza sin escrutinio.»
En este escenario, la crítica no solo apunta al oficialismo, sino también a una oposición desarticulada y a un ecosistema digital que replica la lógica mediática tradicional. Streamers e influenciadores, lejos de anticipar o desarmar la estrategia, terminan amplificando los “cebos” comunicacionales, contribuyendo involuntariamente a una simulación política que desplaza del debate los cambios estructurales en curso.
El texto advierte que, mientras la atención se concentra en polémicas pasajeras, el Ejecutivo empuja reformas profundas: retrocesos en regulación ambiental, señales al gran empresariado y un ambicioso “Plan de Reconstrucción Nacional” que, bajo el paraguas de la emergencia, podría redefinir el modelo económico. Frente a ello, Balladares plantea que la única respuesta efectiva no vendrá de las cúpulas, sino de la articulación social desde los territorios.
Tres semanas de gobierno, dos de Congreso, y la ciudadanía asiste a un espectáculo que bien mirado no es sino una villana obra maestra de la estrategia política. La sobreoferta como mecanismo de simulación. José Antonio Kast y su equipo han desplegado un tablero donde cada medida explosiva no es sino el señuelo perfecto para que la otra pase desapercibida o sea rápidamente destendida por medios y masas.
Mientras, la oposición, contenida por la falta de estrategia y la ausencia de un comité realmente existente y pensante que funcione, cae una y otra vez en la trampa. Pero lo más desolador de este escenario ha sido comprobar cómo incluso los influenciadores y streamers de izquierda, que debieran cumplir el rol de alertar tempranamente a sus audiencias, han terminado replicando el juego de los medios tradicionales. Todos se enganchan del cebo, discuten con virulencia la medida más explosiva del día, y cuando el gobierno da marcha atrás, celebran o se indignan sin advertir que han sido piezas de un montaje perfectamente orquestado.
El caso más reciente es el de la ministra de Seguridad, quien detalló abiertamente en la Cámara de Diputados que el recorte del 3% del presupuesto afectaría a las policías en 72 mil millones de pesos, generando una ola de críticas que recorrió cada streaming, cada programa de análisis político, cada columna de opinión. Todos cayeron. Todos discutieron si era una locura, si era una contradicción del discurso de emergencia, si era un error imperdonable. Días después, la propia ministra va a Hacienda y, tras conversaciones, emerge la versión corregida. No, no se disminuirá ese presupuesto porque la seguridad es un eje fundamental del gobierno.
El engaño fue tan sencillo como perfecto. Anunciar lo impensado, generar la tormenta, y luego salir fortalecido como un gobierno que escucha a la gente, que es capaz de dar pie atrás cuando las demandas ciudadanas así lo exigen, que antepone la seguridad de los chilenos a cualquier ajuste fiscal. La ministra, que había sido el blanco de todas las críticas, terminó convertida en la figura que supo rectificar a tiempo. El gobierno, que había generado el escándalo, queda como un gobierno flexible, que cumple con eso de “los chilenos primero en la emergencia”. Y los streamers e influenciadores de izquierda, que dedicaron horas a despotricar contra el recorte, quedan exactamente donde el gobierno quería tenerlos, discutiendo un tema que ya estaba resuelto antes de ser anunciado. Mientras el resto de la agenda avanzaba sin continuidad ni monitoreo mediático y menos ciudadano.
Porque mientras todos miraban el humo del recorte a Carabineros, el gobierno sigue con 42 decretos de protección ambiental retirados de Contraloría. Mientras los streamers desplegaban gráficos explicativos sobre el 3%, el gobierno sacó del Congreso el proyecto de negociación ramal que permitía a los trabajadores organizarse por sector económico, un guiño al empresariado que fuera de los círculos de la CUT pasó casi inadvertido y ya casi en el olvido.
En tanto, la izquierda digital celebraba la «error forzado» del recorte, el gobierno está afinando mejor su denominado «Plan de Reconstrucción Nacional», mezclando deliberadamente la emergencia por los incendios con un ajuste estructural de la educación superior y otros temas en un solo proyecto de ley. Y de los indultos a perpetradores de derechos humanos durante 2019 y el proyecto de ley de conmutación de penas a mayores de 75 años, que salva de la cárcel a asesinos, nadie sabe en qué van.
Pero hay un elemento adicional que hace aún más complejo este escenario y que la oposición parece no querer procesar: el gobierno ha dispuesto en su propio gabinete varios fusibles para quemar en esta etapa inaugural. Figuras como Poduje en Vivienda o la vocera Sedini, no están allí no por sus méritos técnicos, sino porque su estilo frontal y sus exabruptos están diseñados para concentrar las críticas, generar ruido y, llegado el momento, ser sacrificados sin que el núcleo duro del gobierno sufra daño. Cada declaración desbordada, cada polémica innecesaria que protagonizan funciona como un nuevo cebo que desvía la atención de las reformas estructurales que realmente importan. Mientras la izquierda se indigna con Poduje por sus dichos contra dirigentes de comités de vivienda en Viña del Mar y Coronel, o con Sedini por sus cruces con la oposición, Kast mira desde la distancia, se lava las manos y sigue avanzando en su agenda.
Y justo cuando parecía que el gobierno iba a toda velocidad, ocurre algo revelador: el ministro de la Segpres, José García Ruminot, anuncia que el proyecto de Reconstrucción Nacional, aquel que debía ingresar el 1 de abril, se retrasa. Ahora se barajan fechas como el 6 o el 15 de abril. El argumento oficial es la complejidad económica y la situación de los combustibles, pero la lectura política es otra. El gobierno necesita más tiempo para medir cómo viene la mano, cómo estará la oposición en el Parlamento y, sobre todo, cómo se mueven las calles. Porque este no es un proyecto menor. El Plan de Reconstrucción Nacional contiene más de 40 medidas estructuradas en cinco ejes, y allí se concentra el verdadero corazón de la agenda de Kast. Rebajas tributarias que benefician a las grandes empresas, subsidios al empleo que precarizan el trabajo, y medidas para agilizar la inversión privada que implican un retroceso en materia de regulación ambiental y territorial. Es el paquete donde el gobierno mete todo lo que realmente quiere aprobar, aprovechando la bandera de la emergencia por los incendios para disfrazar de reconstrucción lo que en realidad es una reestructuración profunda del modelo económico. La izquierda debe evaluar este proyecto con lupa, porque no se trata de reparar viviendas quemadas, sino de redefinir las reglas del juego para los próximos años.
El retraso es una señal de que el gobierno está midiendo fuerzas. Sabe que este proyecto puede generar movilización social si se articula una oposición clara. Por eso necesita tiempo para calibrar el humor parlamentario, para ver si la oposición política logra o no ponerse de acuerdo, para anticipar si habrá o no protestas en las calles. Mientras tanto, la oposición política y social sigue sin estrategia, reducida a una mesa de jefes de partido que ha demostrado ser inútil para construir un contrapeso de largo aliento. Lo que se necesita con urgencia es entender que el contrapeso no vendrá de una cúpula partidaria. La única manera de hacer frente a una estrategia de simulación tan depurada es construir oposición social desde los territorios. Encuentros comunales donde se levanten las demandas concretas de las organizaciones vecinales, juntas de vecinos, sindicatos locales y centros de estudiantes. Encuentros provinciales que permitan sintetizar esas demandas. Y finalmente, un encuentro nacional que defina un programa de resistencia con capacidad de movilización. El gobierno ha dado todas las señales, tiene fusibles para quemar, tiene una agenda oculta en el megaproyecto de reconstrucción, y tiene claro que necesita medir las fuerzas antes de lanzar su jugada maestra. La pregunta es si la oposición será capaz de articular la unidad política y social robusta y clara en sus convicciones que este momento exige. Hasta ahora, no ha dado señales de estarlo logrando.
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Fotografía: Revista de frente