Por: Rodrigo Savoretti para Enfant terrible. 18/02/2026
Hoy viernes se cumplen exactamente: 3653 días, desde que la dirigenta jujeña está en prisión política. Los desafíos que enfrenta en el plano judicial, su estado de salud y la gestión de llevar a cabo una cooperativa de trabajo en viviendas sociales, en contraste con quien promovió su encarcelamiento, Gerardo Morales
Tres gestiones presidenciales, renovaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recambio de autoridades, tanto políticas, como judiciales en Jujuy y la detención de Milagro Sala se mantiene inalterable.
En esta última década, la dirigenta de la Tupac Amaru alternó su detención entre el penal y el arresto domiciliario y su encarcelamiento pasó de ser la bandera principal del kirchnerismo y los organismos de derechos humanos, a una causa relegada al recuerdo de pequeños núcleos militantes dispersos por el país.
En el caso de Córdoba, el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH, organiza este viernes un «acto – ronda político y cultural por Milagro Sala, presa política de Macri, Fernández y Milei». La actividad tendrá lugar desde las 19:30h, en la Casa de los trabajadores (Fragueiro 237).
“Reclamamos y exigimos que se otorgue su libertad condicional por cumplir ya las 2/3 de su injusta condena. A Milagro desde este espacio colectivo no la hemos abandonado u olvidado. Durante todos estos año mantuvimos en alto la bandera de su libertad, en la calle. El acto del viernes es la continuidad de ese compromiso ”, expresó Tri Heredia, referente del espacio de DDHH.
Consecuencias de la arbitrariedad judicial
Milagro transita, hace años, un delicado estado de salud, marcado por una trombosis venosa profunda y otras afecciones. Consecuencia somática de una década de irregularidades procesales.
Desde su traslado a Buenos Aires, en 2023, para continuar con su prisión domiciliaria cerca del Hospital San Roque de Gonnet (La Plata), la situación no le da respiro, actualmente permanece internada desde fines del pasado diciembre. Días atrás describió su cuadro clínico como un colapso emocional y físico derivado del constante asedio judicial.
Según Milagro, el ensañamiento en su contra busca invisibilizar denuncias sobre el manejo de recursos estratégicos de la provincia como el litio, por parte de la gestión del actual gobernador Sadir (UCR) y su socio, Gerardo Morales.
La defensa, encabezada por la abogada y ex ministra del Ministerio de Mujeres, Elisa Gómez Alcorta, sostiene que el hostigamiento persiste. La semana pasada, Sala fue declarada «rebelde», por el Juez Nino Fernández, por no asistir a una audiencia, pese a que una comisión oficial constató su internación.
Las causas por las que permanece privada de su libertad
El proceso judicial contra Milagro inició a principios de 2016, tras encabezar una protesta frente a la gobernación jujeña de Gerardo Morales, donde se exigía la continuidad de los planes sociales que garantizaban el acceso al trabajo a miles de jujeños.
Aunque inicialmente fue arrestada por ese acampe, su privación de la libertad se prolongó por la apertura inmediata de nuevas causas judiciales, principalmente el expediente conocido como «Pibes Villeros».
Aquella investigación estuvo a cargo del juez Pablo Pullen Llermanos —señalado por la defensa como un magistrado cercano a Morales—, quien la acusó de liderar una asociación ilícita destinada a desviar fondos públicos para viviendas. Lo que concluyó en una condena de 13 años de prisión, luego ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2022.
Por si no fuera poco, se le acuñó una sentencia adicional por amenazas a efectivos policiales, cuando Milagro defendió a una vendedora ambulante a la que le habían confiscado sus pertenencias. La justicia jujeña unificó sus penas en un total de 15 años de prisión.
El conflicto escaló políticamente entre la defensa de la dirigenta, que cuestiona la sumatoria de condenas, y el Gobierno Provincial, que presiona para que la sentencia se cumpla en un penal común, en lugar de su domicilio actual. Esto último fue acompañado por el Gobierno Nacional solicitando que se le revoque el derecho a la domiciliaria por su condición de salud.
En este escenario, el periodista Ariel Stemphelet identifica dos frentes críticos para la dirigenta en la actualidad: por un lado, la resistencia para que el Estado nacional respete las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en pos de resguardar su integridad física y, por otro, la batalla legal por acceder finalmente al beneficio de la libertad condicional, cumpliendo ya, dos tercios de su condena.
A lo largo de esta década, la defensa denunció sistemáticamente la vulneración del debido proceso, señalando la imposibilidad de encontrar pruebas, la exclusión de testigos clave y la negativa judicial a realizar peritajes sobre las obras cuestionadas.
Gestión Sala vs gestión Morales-Sadir
A inicios de los 2000, la irrupción de la Organización Barrial Tupac Amaru marcó un quiebre en la política habitacional de Jujuy, al desplazar al Estado como único constructor.
Bajo un enfoque de autogestión social, la organización liderada por Milagro Sala levantó, entre 2005 y 2015, aproximadamente 8.000 viviendas, financiadas por Nación, mediante cooperativas de trabajo. Este modelo posibilitó la creación de barrios con servicios comunitarios integrales (escuelas, centros de salud y áreas recreativas) en tiempo récord.
Luego de la prisión política en 2015 y el cambio en la administración provincial y Nacional, el gobierno de Morales decidió sacarse de encima a la Tupac. A través del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), prometió construir 4 mil unidades habitables por año, aunque el ritmo de construcción sufrió una desaceleración drástica, en contraste con la autogestión comunitaria.
Durante el mandato del radical -principal artífice del encarcelamiento de la dirigenta- se registró la tasa de construcción más baja de las últimas dos décadas.
Según datos legislativos y reportes del propio IVUJ, durante los gobiernos de Morales (2015-2019/2019-2023) apenas se construyeron 3500 unidades, una cifra sensiblemente inferior a la producción de la etapa cooperativista.
El contraste entre la gestión de la Tupac Amaru que dinamizó la economía popular con empleo estable y soluciones habitacionales concretas junto a servicios educativos y sanitarios; el aparato estatal, bajo la gestión del emperador Morales, fue incapaz de seguirle el ritmo al crecimiento demográfico de la provincia.
Brecha habitacional y de clase
La brecha habitacional persiste y se acentúa en un Jujuy históricamente desigual entre sus clases sociales. Mientras Milagro continúa su lucha por la libertad y su salud peligra, el legado de Morales, en esta década, se consolidó por haber convertido a la provincia en un laboratorio de criminalización de la protesta.
El modelo ensayado con éxito en el Norte, sirvió de hoja de ruta para la gestión nacional de Javier Milei.
En definitiva, el contraste entre ambos modelos revela las paradojas de un sistema judicial y ejecutivo que decidió profundizar un patrón político de corte clasista y racista, donde el rigor de la ley se aplica para desmantelar la organización comunitaria, mientras se hace uso de las herramientas del Estado para vetar y perseguir a quiénes realmente tuvieron y tienen la voluntad de transformar las desigualdades y no sólo administrarlas.
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Fotografía: La luna con gatillo