El orden que ofrece la ultraderecha de Kast y el precio que no quieren decir

Por: Mauricio Herrera Kahn. 16/12/2025

Mano dura como cortina de humo para políticas antisociales

La ultraderecha vende orden como si fuera un remedio milagroso para todos los males del país. Lo presenta como una respuesta inevitable en tiempos de incertidumbre y como una prueba de carácter político. Pero detrás de esa promesa se oculta una agenda económica y social que rara vez se declara con transparencia. La mano dura funciona como espectáculo. Genera atención. Desvía el foco. Empuja la discusión hacia el miedo y aleja a la ciudadanía de los temas que realmente afectan la vida diaria. No es casual. Es una estrategia diseñada para esconder un modelo que beneficia a unos pocos a costa de la gran mayoría.

Mientras el debate se concentra en delitos y amenazas, la ultraderecha impulsa reformas que flexibilizan derechos laborales, reducen responsabilidades empresariales y debilitan al Estado en áreas clave. Lo que se presenta como política de seguridad es en realidad un envoltorio para medidas antisociales que consolidan la desigualdad. El orden ofrecido no es orden ciudadano. Es orden corporativo. Y esa diferencia jamás aparece en sus discursos. Se oculta tras el ruido del miedo. Se encubre con la retórica de la fuerza. Se disfraza de urgencia nacional para avanzar sin oposición en un programa que perjudica a quienes más necesitan protección social.

Empresarios y gremios financiando discursos de intolerancia

El proyecto político de la ultraderecha no se sostiene solo con votos. Se sostiene con dinero. Los principales gremios empresariales financian campañas, organizaciones y plataformas que promueven un discurso de intolerancia presentado como defensa del sentido común. Ese financiamiento nunca es gratuito. Responde a la necesidad de asegurar un Estado dócil que mantenga intactas las reglas del modelo económico. La supuesta guerra contra la delincuencia es también una guerra contra cualquier intento de redistribución. No se trata de ideología. Se trata de intereses.

Cuando los empresarios financian discursos autoritarios no lo hacen para mejorar la seguridad. Lo hacen para impedir que la política avance hacia reformas que limiten su poder. Al financiar líderes que se presentan como salvadores del orden, garantizan un clima donde la desigualdad no se discute y donde cualquier demanda social puede ser criminalizada. Ese engranaje económico alimenta la intolerancia porque funciona como herramienta de control. El odio se vuelve inversión. El miedo se vuelve negocio. Y el país termina atrapado en una narrativa donde el enemigo siempre es el ciudadano vulnerable y nunca el poder que condiciona toda la estructura social.

La televisión como brazo comunicacional del modelo

La televisión chilena ha jugado un rol determinante en la expansión del relato ultraderechista. No solo amplifica el miedo, sino que legitima un discurso que presenta la represión como única forma de gobernabilidad. Los matinales, noticieros y paneles políticos se transforman en escenarios donde se construye un país permanentemente al borde del colapso. Esa representación exagerada no surge por casualidad. Surge porque la televisión opera como brazo comunicacional de un modelo que necesita mantener a la ciudadanía en estado de alerta para justificar decisiones que no resisten análisis racional.

Los canales instalan a los mismos comentaristas, repiten los mismos enfoques y difunden los mismos relatos que favorecen a los sectores más conservadores. Se omiten matices. Se simplifican problemas sociales complejos. Se excluyen voces que cuestionan la narrativa dominante. La televisión no solo informa. Moldea la percepción pública. Y en ese proceso se convierte en una herramienta política decisiva para la ultraderecha, que encuentra en la pantalla el escenario perfecto para transformar opinión en obediencia. La repetición constante de miedo convierte la represión en política aceptable y la crítica social en sospecha.

La militarización como solución fácil para problemas complejos

Cada vez que un país atraviesa momentos de tensión la tentación de militarizar se vuelve más fuerte. La ultraderecha presenta esa alternativa como solución práctica para enfrentar delitos, protestas o conflictos territoriales. Sin embargo, la militarización no resuelve nada. Solo desplaza los problemas. Los oculta bajo el uniforme. La historia latinoamericana demuestra que entregar poder político a las fuerzas armadas genera más violaciones de derechos que mejoras reales. Aun así, la ultraderecha insiste porque la militarización permite gobernar sin diálogo y sin negociación. Es una salida rápida para quienes no tienen proyecto social.

La complejidad social de Chile exige políticas públicas serias, inversión estatal y reformas estructurales. Militarizar reemplaza ese trabajo por un atajo peligroso. Convierte al Estado en actor represivo y no en garante de derechos. Instala una lógica donde los ciudadanos dejan de ser ciudadanos para convertirse en sospechosos. La ultraderecha evita reconocer que la violencia estructural nace de la desigualdad y no de la falta de uniformes. Para ellos la fuerza es respuesta suficiente. No porque funcione. Sino porque les permite gobernar sin rendir cuentas.

El riesgo real de gobernar por represión y no por política

Gobernar por represión significa renunciar a la política como espacio de construcción. Significa reemplazar el debate por órdenes. Significa posicionar al Estado como entidad que castiga y no como institución que sostiene. Ese esquema erosiona la democracia desde dentro. La ultraderecha sueña con ese modelo porque elimina la negociación, reduce el pluralismo y fortalece una estructura piramidal que beneficia a quienes detentan poder económico. El país queda atrapado en una lógica donde cualquier protesta es tratada como amenaza y cualquier demanda social como desobediencia.

El problema no es solo ético. Es práctico. Ningún país ha alcanzado estabilidad duradera mediante la represión. La fuerza no resuelve la pobreza, ni la desigualdad, ni la desconfianza institucional. La fuerza solo posterga los conflictos hasta que explotan con más intensidad. Cuando un gobierno renuncia a la política y abraza la represión se condena a vivir en guerra permanente contra su propia población. Ese es el precio que la ultraderecha no quiere decir. El orden que prometen no es paz. Es silencio impuesto. Y ese silencio nunca ha sido sinónimo de democracia.

EL ORDEN QUE NACE DE LA DIGNIDAD

Chile no está obligado a elegir entre miedo y autoritarismo. El país puede construir un orden distinto, uno que nazca de la dignidad y no de la fuerza. La verdadera seguridad surge de oportunidades, cohesión social y un Estado que protege sin destruir derechos. El autoritarismo aparece fuerte en tiempos de incertidumbre, pero es frágil cuando la ciudadanía se organiza y exige soluciones reales. El país cuenta con una memoria profunda que recuerda lo que ocurre cuando la represión reemplaza a la política. Esa memoria es una fuerza que puede iluminar el camino y evitar retrocesos.

El orden verdadero no se impone.

Se construye desde abajo, desde comunidades que buscan justicia y desde políticas que valoran la vida cotidiana.
Chile tiene capacidad para elegir un futuro donde el diálogo reemplace al miedo y donde el Estado sea garante de paz y no administrador de castigos.
La historia demuestra que la esperanza puede más que el autoritarismo cuando la ciudadanía decide participar con claridad y conciencia.
El país puede recuperar confianza en sí mismo si reconoce que el orden que vale la pena defender no nace del uniforme.

Nace del respeto mutuo y del compromiso con un futuro compartido….

Fuentes bibliográficas