Crónica de una lucha: el paro académico de los 65 días en la UPN

Como parte de esta rica historia, presentamos aquí una de tantas batallas, un breve recuento del emblemático paro académico-laboral de los 65 días (1997) en defensa de la dignidad universitaria colectiva, organizado para enfrentar la ignominia provocada por la burocracia autoritaria en contra de la comunidad académica, una lucha de resistencia frente a la dictatocracia instaurada desde la rectoría de la UPN durante el periodo 1996-1999.[1] La historia se repite en el tiempo presente una vez más… (¿Cuáles son las causas histórico-estructurales de esta recurrencia, en un contexto social distinto?, ¿cuál es el papel de las creencias, prácticas y estrategias de los sujetos intervinientes, de sus intereses y ambiciones, medios y fines, valores y principios?).

Durante este lapso los académicos de Ajusco forman alianzas defensivas entre distintos grupos, algunos de ellos anteriormente enfrentados, e instrumentan una estrategia colectiva de resistencia frente a las acciones de las burocracias de la UPN-SEP y del SNTE (que incluye paros de 24 horas, una huelga de hecho -paro indefinido- que se prolonga por 65 días, varios procesos de elección sindical para renovar la dirigencia de la D-II-UP3 -con o sin el aval “oficial” de la dirección del SNTE-, la organización de diversas consultas y referéndums para tomar decisiones y/o posiciones colectivas de índole académico, laboral y político -estímulos académicos, la reestructuración de la universidad, el estallamiento de paros laborales, la evaluación y destitución del rector-). El período concluye con el cambio de autoridades universitarias y el fracaso de su política impositiva.

Su administración se encarga de instrumentar un proceso de reestructuración vertical académico-administrativo-laboral centrado en mecanismos eficientistas de control y flexibilización sobre los procesos de trabajo académico, acompañados por la invalidación de espacios sindicales de negociación bilateral, la persecución y represión jurídico-laboral y penal contra dirigentes sindicales y sus bases de apoyo, la aceleración del proceso de fragmentación y atomización de la comunidad académica, la cancelación antidemocrática de espacios académicos colegiados, la violación de convenios y derechos laborales alcanzados en el pasado al fragor de las luchas sindicales (con el apoyo de un sector minoritario del personal académico).

Como puede advertirse, varios son los acontecimientos que anteceden al paro del 97. La vieja burocracia de la mancuerna SEP-UPN-SNTE impide la realización de la revisión salarial y en prestaciones (1º de febrero) para el bienio 97-99, que debían efectuar las Delegaciones sindicales[4]. El paro conjunto del 31 de enero al 10 de febrero y el posterior incumplimiento de los acuerdos resultantes por las autoridades de la UPN y la SEP. La reestructuración académica vertical impulsada por la autoridad. El desconocimiento de la representación de las Delegaciones sindicales. El acrecentamiento del “malestar académico” debido a la gestión de la autoridad, que se refleja en comentarios de los profesores e investigadores como: pareciera que el proyecto de las autoridades es “acabar con la institución”, el rector impulsa una “desestructuración” universitaria y fomenta una “cultura del rumor”, “la opción que él ha tomado para meter orden es policíaca: golpear, crear zozobra y a partir de ahí ver la posibilidad de negociar con los universitarios”. Este escenario determina la radicalización de varios sectores académicos que los lleva al enfrentamiento directo con las burocracias de la UPN, SEP y SNTE, a través de acciones como la huelga.

A casi un mes de iniciado el paro, el 15 de julio se realiza la primer reunión entre los académicos y las autoridades de la UPN sin ningún resultado. El día 16 de julio por la mañana, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llega a un punto de acuerdo en el que se solicita a la SEP su intervención en la solución del conflicto en la UPN, por la tarde del mismo día, el Comité de Paro de los académicos se reúne con el Secretario de Educación, para discutir la solución a los problemas de la universidad, comprometiéndose este a intervenir directamente en la búsqueda de una solución al conflicto. Sin embargo el rector declara públicamente que no está dispuesto a negociar con los académicos. El 19 de julio 56 académicos publican un desplegado exigiendo el levantamiento del paro.

Los acuerdos entre la Comisión Coordinadora del Paro y las autoridades de la UPN y la SEP contemplan la suspensión de diversas medidas reestructurantes tomadas por la administración (readscripciones impuestas al personal académico y cancelación autoritaria de proyectos); la instalación de tres comisiones bilaterales: 1-reestructuración académica, 2- normatividad y 3-asuntos laborales; la cancelación de las denuncias penales contra 12 profesores, el pago de salarios en forma diferida y respeto a la estancia laboral, derechos y prestaciones de los paristas. En la comisión de reestructuración participarán 3 autoridades de la UPN y la SEP, 5 responsables de proyectos, 2 consejeros académicos, 3 expertos en legislación y planeación universitaria y un representante académico por cada 15 maestros elegido por voto secreto; en la de normatividad participan 4 consejeros académicos, 5 profesores, 2 autoridades y un asesor, en la comisión laboral participa el Comité de la Delegación D-II-UP3, a pesar de que no estaba reconocido por la cúpula del SNTE.

Ante la violación de los acuerdos emanados del paro por parte de las autoridades, los académicos emprenden una prolongada lucha que los lleva a lograr la legalización del Comité Ejecutivo de la Delegación sindical D-II-UP3 por parte de la dirección de la sección X del SNTE en marzo de 1998, acreditándolo ante la Rectoría en septiembre. Sin embargo, las revisiones salariales y en prestaciones son centralizadas por los Comités Ejecutivos Nacional y Seccionales (Secc. X y XI) y la SEP, desplazando a las Delegaciones Sindicales DllUP3 y Dlll47, a las que se les pretende imponer el papel de simples gestoras de lo acordado por las “instancias superiores”. Por iniciativa de la D-II-UP3, los dirigentes de los sectores académico, administrativo y estudiantil de la comunidad universitaria deciden evaluar colectivamente la gestión del rector Jesús Liceaga durante casi tres años, mediante un referéndum celebrado el 18 y 19 de mayo de 1999, consiguiendo la remoción del rector por parte de la SEP, aprovechando la coyuntura que se avecina en torno al conflicto de la UNAM, con lo que el secretario de educación evita un nuevo conflicto en la institución, en su lugar nombra a Silvia Ortega Salazar, ex rectora de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana-, a quién le corresponde la rectoría 12^ª en la historia de la UPN, con lo que culmina este período e inicia uno nuevo radicalmente distinto.