Por: Maricruz López Martínez*. 17/11/2025.
voy a cantar un corrido/señores, pongan cuidado/ yo les contaré la historia/ de lo que en Atoyac ha pasado./ Se regó sangre inocente/ por las fuerzas del Estado
Rosendo Radilla
En la mañana de ayer en Chilpancingo, la escena fue contundente: colectivos culturales, artistas, escritores y ciudadanos indignados se plantaron frente a las instalaciones del Palacio Cultural en Guerrero para repudiar el homenaje realizado días atrás a Rubén Figueroa Figueroa. Lo hicieron no como un gesto simbólico, sino como un acto de defensa al sentido común de humanidad y más básico de justicia. Entre las voces presentes estuvo la de la hija de Lucio Cabañas, familias de las víctimas de la Guerra Sucia, una de las hijas de Rosendo Radilla Pacheco (desaparecido en la época de la Guerra Sucia), Diana Hernández hija del luchador social Ranferi Hernández quienes son solo una parte de la historia de Guerrero y que ahora hacen eco para no repetir y no olvidar el horro que dejó a su paso el ex gobernador Figueroa Figueroa, en la que cientos y cientos de familiares y personas fueron desaparecidas, asesinadas y torturadas durante su mandato.La presencia de la indignación rompe con cualquier pretensión de neutralidad: cuando la memoria se encarna en quienes heredaron la ausencia, el silencio y el miedo, la narrativa oficial queda desnuda.
El gobierno estatal, a través de la secretaria Aída Medina Martínez, intentó justificar el homenaje apelando al Decreto 761 sobre simbolos de Identidad y Permanencia, como si la legalidad fuese un refugio para la desmemoria, capaz de resucitar honores para un personaje vinculado a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los vuelos de la muerte durante la Guerra Sucia. Esa estrategia burocrática es incapaz de leer la historia y el dolor. La explicación técnica sonó a eco de otros tiempos, cuando la ley operaba como coartada para la violencia del propio Estado. La Secretaría de Cultura de Guerrero se ha convertido en una institución desconectada de su pueblo, sin brújula ética, sin inteligencia histórica y sin compromiso con la cultura viva.
Porque no estamos hablando de rumores, sino de violaciones a derechos humanos documentadas por sobrevivientes y por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en la recomendación 98VG/2023 reconoce la magnitud de los crímenes estatales cometidos durante la Guerra Sucia: violencia sexual, tratos crueles, desapariciones forzadas sistemáticas, ejecuciones encubiertas. No se trata de alegatos aislados, sino de un patrón de represión que marcó a Guerrero y que aún supura en su tejido social.
Mientras el gobierno y diversas autoridades locales del Estado intentan normalizar y justificar el homenaje desde la comodidad burocrática, hay voces de quienes aún recuerdan otra realidad. Testimonios recogidos por organizaciones de familiares relatan cómo hombres y mujeres fueron arrancados de sus hogares por cuerpos policiacos y militares, trasladados a cuarteles clandestinos donde eran interrogados bajo tortura, mantenidos incomunicados o arrojados desde aviones al mar.
Habrá quien siga defendiendo que la secretaria Aída ha cumplido, que ha sido “institucional”, que ha hecho “lo que debe”. Esa narrativa de paz burocrática busca minimizar la indignación, como si la memoria fuera un expediente más para archivar frente a un gobierno que ha perfeccionado la técnica del desvanecimiento; resulta obsceno pedir compostura. Porque mientras se le concede respeto a quienes han administrado silencios y muerte, las familias siguen contando, rezando a sus muertos, ausencias y agravios que no prescriben.
El proceso judicial contra los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo es la radiografía perfecta del cinismo institucional: se acumularon más de 140 denuncias por desaparición, se documentó la ruta de complicidades, se rastreó hasta la sierra donde el Ejército ocultaba cuerpos, y aun así la maquinaria concluyó que no había “datos suficientes”. Un testigo descalificado, un auto de libertad, otro muerto antes de escuchar sentencia. El sistema —hábil para la simulación— volvió a coronar la impunidad como si fuera tradición nacional.
Por eso indigna escuchar que “todo se hizo conforme a la ley”. Ley, en México, ha sido tantas veces un biombo para no mirar la sangre. Lo que debería escandalizar es que los responsables históricos murieran sin enfrentar la justicia, mientras las comunidades cargan generaciones enteras de dolor no resuelto. Así que no, no hay lugar para la moderación cuando la memoria sigue siendo espacio en disputa.
Si algo nos enseñaron los campesinos masacrados en el vado de Aguas Blancas, los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, es que la impunidad no se combate con cortesía. Lo que corresponde es encender la palabra hasta que el relato oficial ya no pueda caminar sin tropezar con sus propios fantasmas. Porque recordar no es un gesto solemne: es un acto de defensa ante políticas de olvido que el Estado insiste en administrar y la memoria se vuelve nuestra única arma legitima para que nuestros muertos dejen de ser administrados al olvido y comiencen por fin a tener un juicio donde los funcionarios que aún quedan con vida paguen la sangre derramada.
*Estudiante de posgrado en la UACM