Por: Gabriela Mejía Zellner. Estudiante del Doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos. Universidad Pedagógica Nacional – Ajusco. 10/09/2025
¿Qué pasó?
El 28 de agosto de 2025, la SEP realizó un “Acto de disculpa pública por la actividad irregular del Estado por los abusos cometidos por servidores públicos en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat” en el 2018. La “actividad irregular” hacía referencia tanto a los abusos sexuales sufridos por niñas y niños en ese centro educativo como al manejo inadecuado del caso por parte del personal escolar.
En el evento se escucharon diferentes posiciones. Por un lado, las denuncias: las vivencias de las víctimas, el testimonio de sus familiares y el de organizaciones civiles –como la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI)– que las acompañaron en el proceso. El dolor y la rabia eran evidentes, aunque no se expresaban únicamente por las agresiones sexuales en las escuelas. No. Se denunciaba un proceso sistemático de desestimación y amenazas por parte de las autoridades educativas: expedientes incompletos, entrevistas y diagnósticos “exprés” a las víctimas, ausencia de respuestas.
También se señalaban los largos procesos, las denuncias ignoradas y la revictimización ejercida por las fiscalías, las instancias de atención a víctimas y el propio sistema judicial. Un sistema que parecía empeñado en una sola cosa: evitar una denuncia pública y un escándalo sobre múltiples abusos sexuales infantiles en un preescolar. Al mismo tiempo, se señalaba aquello que había sido ignorado por el Estado: las sospechas de que se trataba de eventos de abuso sexual organizado, es decir, abusos en los que colaboraron dos o más personas para que ocurrieran e incluso, posiblemente, con fines comerciales.
En la otra posición se disculpaba el Estado, la SEP. Iniciaba el Dr. Luciano Concheiro, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, quien, en su discurso, muy políticamente correcto, aprovechaba la oportunidad para asegurar que nunca más se maltrate o violente los derechos de las niñas y los niños en las escuelas. Aunque algo omitió mencionar, que se trataba de casos de abuso o violencia sexual, como si pudieran intercambiar los conceptos, o como si quisiera evitar mencionar el componente sexual de dichas violencias.
Por su parte, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado si hablaba de violencia sexual, y aprovechaba la ocasión para presentar, con bombo y platillo, las diferentes medidas que —según afirmó— el Estado incorporará para erradicar la violencia sexual en las escuelas. Medidas anunciadas como un cambio histórico, que marcaría un antes y un después.
Se habló de tres acciones en concreto, la publicación de los Lineamientos para la prevención primaria, atención (detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento) y medidas de no repetición (prevención secundaria) para la erradicación de la violencia sexual en educación básica. La disculpa pública y la Jornada sobre la concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil que inició el lunes 8 de septiembre, junto con la capacitación de personal escolar.
Lo que la SEP no admitía era la obligatoriedad con la que debía implementar aquello que había anunciado. Es decir, no se trataba de estrategias desarrolladas a partir de una preocupación propia de la institución, sino de medidas impuestas por un mandato judicial. Fue un juez quien encontró a la SEP como responsable solidaria de los abusos cometidos por servidores públicos, siendo la institución responsable de responder y reparar los daños. Aunque —insistiendo en que estas acciones eran “algo más” que simplemente cumplir una orden— se intentaba matizar su obligación.
Lo nuevo frente a lo viejo
Así, mientras se insistía en la buena voluntad y el compromiso del Estado para asegurar la erradicación de la violencia sexual hacia niñas y niños en la escuela, se presentaban estas medidas como nuevas, como cambios significativos en la política. Sin embargo, esta aseveración resultaría extraña a cualquiera que haya seguido la historia de la SEP y su respuesta ante abusos sexuales en la escuela. Una disculpa pública, lineamientos, materiales y capacitaciones, parecen haber ocurrido antes.
En 2015, los casos de abuso sexual infantil ocurridos en el jardín de niños Montessori Matatena provocaron indignación nacional, tanto porque las víctimas eran niños y niñas de entre 3 y 5 años, como por la negligencia de las autoridades educativas y de la Procuraduría. La presión política fue tal que el entonces Secretario de Educación, Aurelio Nuño, reconoció públicamente que hubo omisiones por parte de las autoridades educativas y de la SEP, admitiendo la existencia de graves deficiencias del sistema educativo para prevenir y actuar ante casos de abuso.
En el 2017 la SEP, presidida por el mismo secretario, anunciaba la promulgación de las Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil en las escuelas, las capacitaciones especializadas para la elaboración de los protocolos estatales, junto la elaboración y distribución de materiales informativos que se distribuyeron oficialmente en el 2018 —en los que ocurrieron los abusos sexuales en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat —.
¿Entonces, qué cambió?
¿Podemos hablar realmente de cambios estructurales en la política educativa sobre la violencia y abuso sexual a la infancia?
Entre lo que se declaró públicamente, se mencionaba que los nuevos lineamientos establecerían las reglas para detectar y actuar en la eliminación de la violencia sexual en las escuelas. Se indicó que serían de observancia obligatoria para todas las instituciones educativas, que deberían difundirse en todos los planteles y que su cumplimiento estaría sujeto a vigilancia, con carácter obligatorio para todas las autoridades escolares. Sin embargo, esto ya se había establecido en los protocolos, es decir desde el 2017-2018.
Aunque los protocolos existían, las capacitaciones se habían realizado y los materiales se habían distribuido, su impulso perdió fuerza. Gran parte del magisterio no los conocía, y quienes sí lo hacían encontraban dificultades en la implementación: tanto para comprender qué constituye un indicador de abuso sexual infantil, en qué casos se debía actuar, como para responder a la presión de las autoridades que buscaban evitar denuncias y escándalos públicos, así como frente a los vicios de las escuelas y los intentos de las denuncias de manera interna. Claro que también se dejaba algo en el aire: de tratarse de crímenes organizados, ¿quién reportaría los sucesos?
Es decir, no es que antes no se hubiera establecido que el personal educativo estaba obligado y era responsable de observar, reportar y denunciar los casos abuso sexual infantil detectados; lo que ocurre es que ahora parece expresarse de manera más clara y enfática. Resta saber si ello será suficiente para modificar las dinámicas internas de instituciones viciadas y acostumbradas al silencio frente a un tema que preocupa, pero también avergüenza. Como señaló Mariana Gil directora de la ODI: habrá que ver la implementación —y todas las decisiones personales, institucionales, políticas, acordadas o no que eso conlleva—.
Lo que parece nuevo es la ampliación del problema a abordar: ya no se habla solo de abuso sexual, sino de violencia sexual en un sentido más amplio, que incluye múltiples expresiones. Sin embargo, parece distante hablar de cambios estructurales en las políticas educativas que realmente garanticen la erradicación de la violencia sexual en las escuelas. Lo anunciado se asemeja más a un reciclaje de medidas ya conocidas, con palabras quizás más claras y contundentes, pero sin modificaciones de fondo, ahora presentada como un acto de disculpa pública.
Lo no dicho
Lo no dicho y lo omitido se hicieron presentes también. Desde no hacer mención alguna al abuso sexual, como las evasivas por parte de la SEP para responder y afrontar las denuncias sobre indicios de abuso sexual infantil organizado señaladas por los familiares de las víctimas.
Al mismo tiempo que negaban estar informados o tener conocimiento de otros casos similares, las familias los obligaron a escucharlas irrumpiendo en los discursos, mencionando los casos, los años transcurridos, las omisiones. Las autoridades tampoco dieron respuesta a las demandas de crear un organismo externo a la SEP que supervise la implementación de las políticas ni que asegure el seguimiento de las investigaciones de abuso sexual infantil que la Secretaría aún tiene pendiente responder.
Así, mientras se insistía en que la disculpa y las acciones respondían a un compromiso más amplio con la erradicación de la violencia sexual en las escuelas —y no solo al cumplimiento de la sentencia de un juez—, los silencios y omisiones dejaban ver otra cosa: que en realidad el Estado se limitaría a atender únicamente lo establecido en la resolución por el caso del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat.
Fotografía de portada: https://x.com/ODInfancia/status/1961187118405063036/photo/1
Fotografía interior: https://x.com/euripidesf/status/1961209984521220538/photo/1