Por: Cristina Bazán. 30/08/2025
Paola Guzmán Albarracín tenía 14 años cuando, en 2001, empezó a ser acosada y posteriormente violada por el vicerrector del colegio público ecuatoriano donde estudiaba, una historia que se «sigue repitiendo todos los días» ante la falta de implementación por parte del Gobierno de Ecuador de una política contra la violencia sexual en las aulas.
Así lo denuncian el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), representantes de la familia de Paola (quien se suicidó en 2002 después de que nadie en la escuela le creyó ni la protegió), y que llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado por violar los derechos de la adolescente.
«El Estado ecuatoriano mantiene una deuda histórica en el acceso y garantía a los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes que se ve reflejada en las cifras lamentables que tenemos de casos de violencia sexual en el ámbito educativo», señala a Efeminista Milagro Valverde, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.
«Según datos recolectados por el Observatorio Paola Guzmán Albarracín, de enero del 2014 a abril del 2025 se han reportado 28.955 denuncias de casos de violencia sexual en el sistema educativo y esto nos refleja que la falta de cumplimiento de la garantía de no repetición se traduce en la práctica en que lamentablemente todos los días hay siete niñas y adolescentes que repiten la historia de Paola», añade.
Lita Martínez, directora ejecutiva del Cepam, asegura que la sentencia fue un parteaguas para que se empiece a hablar de una violencia silenciada en Ecuador, pero que están conscientes de que los casos no van a disminuir solo por la emisión de esa condena si no existe por parte del Estado «un compromiso estatal de cumplimiento y de implementación de políticas públicas sostenidas».
La política de violencia sexual en las aulas
Tras la emisión de la sentencia, dicen las abogadas, Ecuador empezó a cumplir con las medidas individuales. Por ejemplo, pidió disculpas públicas a la madre y hermana de Paola y declaró el 14 de agosto como Día de Lucha contra la Violencia Sexual en la Aulas. Sin embargo, aún está en deuda con las medidas estructurales para erradicar esa violencia.
El 20 de agosto de 2024, el actual presidente, Daniel Noboa, declaró a la política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo como nacional, prioritaria e integral y un año antes ya se había emitido la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS), pero las organizaciones aseguran que su implementación es deficiente.
«Nosotras como representantes de las víctimas fuimos parte de la creación de la política, pero se nos ha excluido de la implementación y no podemos hacer un monitoreo directo. Todo lo que sabemos es por información que la Corte Interamericana le pide a Ecuador», lamenta Martínez.
Valverde, por su parte, dice que el hecho de que cinco años después de la sentencia la Corte IDH aún tenga abierto el proceso de supervisión de cumplimiento demuestra esa falta de compromiso que tiene el Estado.
«Ecuador ha desaprovechado la oportunidad de implementar una política pública que además integre un componente muy fuerte de educación sexual integral e ir a la vanguardia a nivel regional», señala.
La importancia de esta política, que deberá implementarse hasta 2030, es que en el país se dejen de tomar «medidas aisladas de capacitación o de formación a funcionarios educativos o funcionarios judiciales, sino que realmente se tomen medidas articuladas entre ellas y que sean sostenibles para poder lograr cambiar esta problemática estructural que es de conocimiento del Estado», añade Valverde.
De la información que han recibido por medio de la Corte, por ejemplo, señalan que la cantidad de personas docentes que se ha capacitado el día de hoy no corresponde con el número deseable para poder llegar a la meta establecida para el 2030.
La impunidad en Ecuador
Las abogadas señalan que la violencia sexual en el ámbito educativo en Ecuador sigue ocurriendo en medio de un sistema de impunidad.
«Del total de casos solamente el 8 % llegan a definiciones en el ámbito judicial y los otros se quedan sin ser atención y esto da cuenta que la impunidad había hace 20, 22 años atrás sigue siendo todavía parte de la cotidianidad y lo reconocen algunos estudios sobre las dinámicas de violencia, sobre todo violencia sexual contra niñas y adolescentes recrudecidas ahora por el impacto también de la violencia criminal», señala Lita Martínez.
Además, entre julio de 2020 y octubre de 2023, de 338 procedimientos administrativos que el Ministerio de Educación emprendió por casos de violencia sexual, solo el 57 % culminaron con la destitución del funcionario involucrado. El 16,6 % se archivaron y en el 12,4 % se ordenó únicamente la suspensión del agresor.
Ahora les preocupa que la eliminación recientemente anunciada del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, órgano encargado de velar por las ejecuciones de las sentencias de la Corte IDH, pueda hacer que la implementación de esta política contra la violencia sexual se dilate aún más.
«Todavía no tenemos respuesta del Estado sobre cómo va a seguirse implementando esta decisión, quién va a estar a cargo, si se va a mantener el personal y eso también lo decimos porque no es la primera vez que el Estado muestra su intención de desmantelar o incluso eliminar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos», señala Milagro Valverde.
«Lamentablemente hasta el momento no tenemos evidencia de que haya una verdadera voluntad política del Estado en seguir impulsando el cumplimiento de la sentencia de Paola, lo cual es una lástima porque nosotras siempre hemos sido enfáticas en que tanto la ENEIS como la política pública son un primer paso muy importante. Ahora es necesario avanzar con su implementación», concluye.
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Fotografía: Efeminista. Milagro Valverde (izq) y Lita Martínez (der) durante un evento por el Día de lucha contra la violencia sexual en las aulas en Ecuador. EFE