Por: Nicolás Romero. 24/08/2025
«Este tipo de condicionamientos busca debilitar cualquier posibilidad de cooperación con potencias alternativas como China, Rusia o los países del BRICS. La supuesta “cooperación en seguridad” funciona así como una trampa diplomática: no solo permite a Estados Unidos imponer sus prioridades, sino también infiltrar sus doctrinas, tecnologías y agencias en el tejido institucional de los países subordinados.»
El gobierno de Gabriel Boric sigue consolidando su alineamiento con los Estados Unidos y sus aliados occidentales, dando nuevos pasos en materia de cooperación militar y estratégica que colocan a Chile como uno de los socios latinoamericanos más obedientes a la agenda de seguridad impuesta desde Washington.
El más reciente episodio de esta subordinación se vivió con la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, quien se reunió con autoridades chilenas el pasado 30 de julio. El motivo formal: reafirmar la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver. Pero lo esencial fue otro: la firma de una carta de intención que extiende el sistema de vigilancia biométrica estadounidense “Bitmap” a nuevas instituciones nacionales —incluyendo ahora a Gendarmería— y que consolida el rol de Estados Unidos como supervisor silencioso de la seguridad interna en Chile.
Esta forma de cooperación no es un gesto amistoso, sino una pieza más en la estrategia de securitización regional que Estados Unidos ha desplegado en América Latina. Una doctrina que, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, ha servido para justificar la injerencia militar, tecnológica y política de Washington en los asuntos internos de países como Ecuador, Perú, Argentina y ahora Chile.
El punto de partida de esta estrategia fue la crisis económica en Venezuela, provocada por las medidas unilaterales de bloqueo económico impuestas desde el gobierno de Barack Obama, mantenidas y agravadas por Donald Trump y Joe Biden. Esta asfixia externa generó uno de los mayores éxodos migratorios de la historia reciente, cuyos efectos se proyectaron deliberadamente hacia el resto de Sudamérica.
Lejos de atender humanitariamente este fenómeno, Estados Unidos lo instrumentalizó para desestabilizar a los países receptores, facilitando la expansión de redes de crimen organizado —como el “Tren de Aragua”— desde Centroamérica hacia el cono sur. La migración forzada, amplificada por la crisis inducida, sirvió como excusa para militarizar la política interna de los países afectados y abrir las puertas a la intromisión estadounidense en sus aparatos de seguridad.
En Ecuador, esta política se tradujo en el ingreso directo de tropas estadounidenses en operaciones de “apoyo técnico” tras la escalada de violencia carcelaria y urbana. En Argentina, el gobierno de Milei ha autorizado abiertamente la instalación de una base militar de EE.UU. en la Patagonia, en una zona clave por su valor estratégico, energético y geopolítico. Perú, tras el golpe institucional contra Pedro Castillo, ha profundizado su cooperación con agencias de seguridad norteamericanas. Y ahora, en Chile, la colaboración se formaliza mediante acuerdos que integran a las fuerzas nacionales a sistemas de control biométrico y vigilancia de origen estadounidense.
En este contexto, la continuidad del programa Visa Waiver se ha transformado en un instrumento de chantaje geopolítico. A cambio de mantener el privilegio de ingresar sin visa —beneficio que afecta sobre todo a las clases medias-altas—, Chile debe aceptar la expansión de herramientas de control poblacional, como Bitmap, y avanzar en su alineamiento político y militar con la agenda de Washington.
Este tipo de condicionamientos busca debilitar cualquier posibilidad de cooperación con potencias alternativas como China, Rusia o los países del BRICS. La supuesta “cooperación en seguridad” funciona así como una trampa diplomática: no solo permite a Estados Unidos imponer sus prioridades, sino también infiltrar sus doctrinas, tecnologías y agencias en el tejido institucional de los países subordinados.
En paralelo, Chile ha iniciado el proceso para alcanzar el Nivel 2 del Sistema de Catalogación de la OTAN, paso que permitiría integrarse plenamente a los mecanismos logísticos y armamentistas de la alianza militar occidental. El sistema no es técnico ni inocuo: representa un pacto de interoperabilidad con fuerzas que hoy bombardean Gaza, sostienen a Zelenski en Ucrania y amenazan a Irán, Siria y Yemen.
Gabriel Boric ha sido uno de los pocos presidentes latinoamericanos en apoyar de forma abierta y sostenida al gobierno de Volodímir Zelenski, participando en cumbres internacionales convocadas por Ucrania y sumándose sin matices al relato de la OTAN sobre la guerra en Europa del Este.
Hoy, ese alineamiento ideológico se traduce en hechos concretos: acuerdos bilaterales con agencias de seguridad estadounidenses, adopción de tecnologías de control poblacional, integración logística con las fuerzas de la OTAN, y aceptación tácita de una presencia extranjera que en otros países ya se materializa con tropas desplegadas y bases militares instaladas.
La pregunta es clara: ¿de qué tipo de seguridad estamos hablando? ¿Seguridad para quién? La estrategia de EE.UU. no busca garantizar la paz ni combatir el crimen, sino controlar a los pueblos y gobiernos que pudieran aspirar a una política exterior autónoma o a una integración multipolar.
Al asumir esta lógica sin cuestionamiento, el gobierno de Boric no solo renuncia a una política soberana, sino que se convierte en parte activa de una arquitectura imperial, que usa el miedo, la migración forzada y el crimen como herramientas para ampliar su influencia en la región.
Chile no necesita bases extranjeras, ni acuerdos de sumisión técnica. Necesita reconstruir su soberanía, debatir su política exterior y resistir el chantaje disfrazado de cooperación.
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Fotografía: Revista de frente