Por: Juraima Almeida. 10/07/2025
La Corte Suprema de Brasil decidió aumentar las obligaciones y responsabilidades de las plataformas digitales sobre los contenidos publicados por sus usuarios, en un proceso inédito en América latina sobre la propagación de noticias falsas y discursos de odio en Internet.
La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial del país, afecta a empresas como X, TikTok, Instagram y Facebook, que en adelante deberán «eliminar de inmediato» publicaciones que promuevan crímenes graves, sin esperar la orden de un juez. Aunque analizaron casos puntuales, los jueces sentaron un precedente para los usuarios de redes sociales en Brasil, un país de 203 millones de habitantes hiperconectados.
La Justicia brasileña declaró inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet, que establecía que, «con el fin de garantizar la libertad de expresión y evitar la censura», las plataformas solo podrían ser consideradas responsables de las publicaciones de sus usuarios si, tras una orden judicial, no tomaban medidas para retirar el contenido ilegal. De esa forma, las empresas llamadas ‘grandes tecnológicas’ no respondían civilmente por los mensajes antidemocráticos, el discurso de ocio y los ataques personales publicado por sus usuarios.
De ahora en adelante y hasta la aprobación de una nueva ley al respecto, las plataformas sí estarán sujetas a la responsabilidad civil por las publicaciones realizadas en sus redes. El caso ha generado inquietud en la relación entre Brasil y el gobierno de Estados Unidos.
En consecuencia, las redes sociales deberían ser responsables de las publicaciones ilegales si no retiran el contenido ilegal tras recibir una notificación extrajudicial de los implicados, sin necesidad de una decisión judicial previa. El punto principal de la decisión es la eliminación inmediata de las publicaciones con contenido delictivo grave. En caso de incumplimiento, las plataformas deberían ser responsables del daño moral y material causado por los usuarios a terceros.
El STF también definió que las réplicas de publicaciones declaradas ilegales por los tribunales deben ser eliminadas por todos los proveedores, independientemente de las nuevas decisiones. En casos de delitos de injuria, difamación y calumnia cometidos por una persona contra otra, sigue siendo necesaria una decisión judicial para eliminar las publicaciones, lo cual también aplica al contenido de correo electrónico y WhatsApp.
Una vez que el tribunal publique el fallo del jueves, la gente podrá demandar a las compañías de redes sociales por alojar contenido ilegal si se niegan a eliminarlo después de que una víctima se los haga notar. El tribunal no estableció reglas firmes sobre qué contenido es ilegal, y más bien dejó que se decida caso por caso.
«Preservamos en la mayor medida posible la libertad de expresión, sin permitir, sin embargo, que el mundo caiga en un abismo de incivilidad, legitimando discursos de odio o crímenes indiscriminadamente practicados en la red», dijo el juez Luis Roberto Barroso, presidente de la Corte. El STF encontró una «solución equilibrada y moderada» ante un tema «divisivo en todo el mundo», agregó Barroso durante una sesión transmitida en vivo en la que sugirió mantener la exigencia de una orden judicial para los crímenes contra el honor.
El magistrado Kassio Nunes, uno de los tres votos disidentes, afirmó sin embargo que «la responsabilidad civil es principalmente de quien causó el daño» y no de las plataformas. El fallo puede profundizar las tensiones entre el STF y las compañías tecnológicas. Google expresó «preocupaciones» por cambios en la normativa «que pueden impactar la libertad de expresión y la economía digital». El gigante tecnológico apuntó que estudiará el efecto de las nuevas reglas y sigue «abierto al diálogo» con las autoridades brasileñas, según una nota enviada a la AFP.
El fallo cierra un debate iniciado en la Corte Suprema en noviembre de 2024, que fue permeado por las preocupaciones del gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre los discursos de odio, la desinformación y el recorte de Meta a su programa de verificación independiente de contenidos. Ocurrió en paralelo a un juicio en Tribunal Supremo al expresidente Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, acusados de usar las redes sociales para desinformar sobre la credibilidad del sistema de votación e intentar un golpe de Estado tras la derrota del ultraderechista frente a Lula en 2022.
Brasil ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando uno de los jueces del tribunal supremo, Alexandre de Moraes, bloqueó temporalmente el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación. De Moraes acusó esta semana a las empresas tecnológicas de ambicionar una «inmunidad territorial» para ganar poder económico y político «sin fronteras».
«La autorregulación de las plataformas se comprobó fallida. Es inaceptable permitir que el mundo virtual sea un territorio sin ley», dijo el juez en el foro sobre desinformación GlobalFact en Río de Janeiro. Moraes también advirtió sobre la «instrumentalización de las redes sociales» para atacar minorías o cometer actos ilegales, y agregó: «Libertad de expresión no es libertad de agresión».
El gobierno de Donald Trump anunció que estudia posibles sanciones contra de Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de «perseguir» al exmandatario. La Corte Suprema protagonizó una ardua pelea el año pasado con el magnate Elon Musk, quien se negaba a retirar contenido publicado en su red social X, aunque este terminó por acatar las resoluciones judiciales cuando las cuentas bancarias de sus empresas en Brasil fueron bloqueadas.
* Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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Fotografía: Sur y sur