Por: David Hurtado. 22/04/2025
Aunque durante su primer mandato Trump ya impuso multas a inmigrantes indocumentados, esta nueva iniciativa combina sanciones económicas con expropiaciones, una táctica que no tiene precedentes.
Donald Trump, quien retomó la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, ha presentado una propuesta que podría cambiar radicalmente el panorama para los inmigrantes indocumentados en el país. Según informaciones recientes, su administración está considerando imponer multas diarias de 998 dólares a aquellos inmigrantes con órdenes de deportación que permanezcan en territorio estadounidense. Además, el plan contempla la expropiación de propiedades como medida de presión para quienes no paguen estas sanciones, marcando un giro agresivo en su enfoque hacia la inmigración ilegal.
El alcance de la medida
La propuesta, que aún está en desarrollo según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se aplicaría a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en EE.UU., especialmente a aquellos que han recibido una orden final de deportación. La multa diaria de 998 dólares podría acumularse hasta por cinco años de manera retroactiva, generando deudas que superarían fácilmente el millón de dólares en muchos casos. Para garantizar el cumplimiento, el gobierno planea confiscar bienes —como casas, automóviles o ahorros— de quienes no puedan o no quieran saldar estas cantidades.
El fundamento legal de esta medida se encuentra en una disposición de la Ley de Inmigración de 1996, que permite sanciones económicas a quienes infrinjan las normas migratorias. Aunque durante su primer mandato Trump ya impuso multas a inmigrantes —con montos que oscilaban entre 300 y 500 dólares diarios—, esta nueva iniciativa eleva la apuesta al combinar sanciones económicas exorbitantes con la amenaza de expropiación, una táctica que no tiene precedentes en su escala y ambición.
Una estrategia de disuasión
El objetivo principal de la propuesta es claro: incentivar la autodeportación. La administración Trump espera que la presión financiera empuje a los inmigrantes indocumentados a abandonar el país por su cuenta, evitando así los costos y la logística de las deportaciones forzadas. «Si no te vas voluntariamente, te quitaremos todo lo que tienes», habría dicho un alto funcionario anónimo del DHS, según reportes de prensa, resumiendo la filosofía detrás de esta política.
Esta medida se enmarca en un contexto más amplio de endurecimiento migratorio. Desde su regreso al poder, Trump ha promovido iniciativas como la eliminación de programas de asilo, el aumento de la militarización en la frontera y la implementación de deportaciones masivas. La idea de multas y expropiaciones complementa estas acciones, ofreciendo una herramienta económica para castigar a quienes permanezcan en el país sin autorización.
Reacciones
La propuesta ha generado una división predecible en la opinión pública y política. Los partidarios de Trump, incluidos legisladores republicanos y votantes conservadores, la elogian como una solución creativa para hacer cumplir las leyes migratorias. «Es hora de que los ilegales enfrenten consecuencias reales», declaró un portavoz de la campaña de Trump, argumentando que las multas y la confiscación de propiedades enviarían un mensaje contundente a quienes cruzan la frontera sin permiso.
Por el contrario, expertos legales han calificado la medida como cruel e impracticable. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han advertido que las multas desproporcionadas y la expropiación podrían violar derechos constitucionales, especialmente el debido proceso. Además, señalan que muchos inmigrantes indocumentados —que a menudo trabajan en empleos mal remunerados— no tienen capacidad para pagar tales sumas, lo que los dejaría vulnerables a perderlo todo sin posibilidad real de defensa.
Desafíos de implementación
Más allá de las críticas éticas y legales, la viabilidad práctica de esta política plantea serias dudas. El sistema migratorio de EE.UU. ya está sobrecargado, con millones de casos pendientes en tribunales y recursos limitados para agencias como el ICE. Rastrear a los inmigrantes, notificarles las multas, calcular las deudas retroactivas y ejecutar confiscaciones requeriría una inversión masiva en personal, tecnología y coordinación burocrática, algo que el Congreso aún no ha aprobado financiar.
Además, la confiscación de propiedades podría generar conflictos legales prolongados, especialmente si los bienes están vinculados a ciudadanos estadounidenses, como hijos o cónyuges de los inmigrantes. Expertos predicen que el plan podría terminar siendo más simbólico que efectivo, sirviendo como una declaración de intenciones en lugar de una política plenamente operativa.
De concretarse, esta medida impactaría profundamente a las comunidades inmigrantes, muchas de las cuales han establecido raíces en EE.UU durante décadas. A medida que la administración Trump avanza en esta y otras políticas migratorias, el debate sobre el equilibrio entre seguridad fronteriza y derechos humanos se intensifica.
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Fotografía: Nueva revolución