Por: Nicolás Castelli. 24/07/2023
Mientras el estado de excepción impuesto en la provincia muestra las limitaciones de los ensayos autoritarios, la pregunta es cómo volver a poner al país en un horizonte igualitario que defienda nuestros bienes comunes.
No es una novedad que la derecha y el capital concentrado tengan una relación instrumental con la democracia. Cuando esta no fue funcional a sus intereses la descartaron por vías autoritarias. El filósofo Giorgio Agamben plantea la categoría de “estado de excepción” como una norma que permite pensar cómo históricamente distintas violencias se entrelazan justificando que ciertos sectores estén exceptuados de derechos. Es decir, algunas poblaciones o minorías son incluidas en la legalidad a través de su exclusión de la misma. Para este autor, los momentos en los que se suspende el orden jurídico y se vuelve provisorio pasaron a ser la norma constituyendo una “guerra civil legal” a través de un permanente estado de excepción.
Esto es lo que sucede actualmente en Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, radical de Juntos por el Cambio, el mismo que desde el día que asumió el gobierno persiguió y encarceló a la referenta social Milagro Sala hace ya más de siete años. A partir de este hecho -emblema del lawfare en la región que configuró una persecución antidemocrática que vulneró el Estado de Derecho- esta provincia del noroeste se convirtió en un verdadero laboratorio a cielo abierto para las estrategias autoritarias de la derecha vernácula.
Un ensayo que amenaza con ser llevado a nivel nacional de acuerdo a los planteos de “orden” que se escuchan en las campañas electorales de los diferentes candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio y de la derecha del espectro político. La pregunta sería si, en caso de suceder, esto provocaría un nivel de conflictividad social tal que afectaría seriamente la gobernabilidad de cualquier candidato que pretenda llevar a cabo proyectos autoritarios. O dicho de otra manera: ¿se puede gobernar la Argentina como en Jujuy?
Lo de la provincia norteña también sucede en un contexto donde la relación entre neoliberalismo y democracia se hace cada vez más imposible. En este sentido, el sociólogo Lucas Rubinich se pregunta si la actual cultura del capital financiero puede incluir la democracia. El caso jujeño indica que no y demuestra las limitaciones de pretender imponerse por la fuerza. A pesar de la represión, persecución, detenciones arbitrarias y torturas, la sociedad movilizada es la que hoy le está poniendo un freno a este corrimiento de los límites hacia una ficción democrática y a la vez es una muestra de que para cambiar la correlación de fuerza es necesario algo más que conformarse con lo mejor dentro de lo posible. No obstante, un neoliberalismo que no puede imponer su programa sin generar fuertes resistencias, se vuelve cada vez más agresivo y violento como sucede en estas horas en Jujuy.
Más extractivismo y menos democracia
Detrás de la conflictividad social está presente como telón de fondo la problemática del litio, que en Jujuy conforma un área de disputa geoestratégica para la transición energética hacía sociedades posfósiles de los países del norte global. La generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, expresó tiempo atrás en un evento del Atlantic Council que “el 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile… Tenemos 31% del agua dulce del mundo en esta región… Con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer, esta región importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Esta transición actualmente es un hecho hegemonizado por las corporaciones y las agendas impuestas por estos países. En este marco, el litio es clave porque contribuye a financiar la descarbonización de las economías del norte global; mitigar la crisis climática; permitir la subsistencia del sistema sin alterar su economía política y competir por el dominio del mercado de la electromovilidad.
Argentina, junto a Bolivia y Chile, forman un área que es escenario de una disputa de las potencias globales para obtener el acceso al mismo. En este esquema, nuestro país se ubica en la cuarta posición en la producción mundial de litio, sólo por detrás de Australia, Chile y China. Los trabajos de explotación se concentran en la Puna, distribuidos en salares ubicados en Salta, Jujuy y Catamarca.
En ese sentido, lo que sucede actualmente en territorio jujeño es lo que los autores Melisa Argento, Ariel Slipak y Florencia Puente denominan “acumulación por desfosilización”. Un proceso que a su vez reproduce un neodependentismo económico y tecnológico solapado bajo una retórica de las “ventajas comparativas” del país que asocia al litio, como sucede con otros bienes, con riqueza y bienestar general mientras se reafirma la inserción subordinada del país en la economía mundial.
Cabe señalar que en Argentina el extractivismo minero está regulado por un entramado jurídico que facilita la radicación de las corporaciones trasnacionales megamineras sin generar valor agregado y con fuertes limitaciones estatales para controlar los impactos ambientales. En este sentido, el artículo 124 de la Constitución Nacional sancionada en 1994 establece la provincialización de los recursos naturales.
A su vez, la Ley 24.196 de Inversiones mineras otorga a la actividad una serie de beneficios fiscales por los cuales la megaminería termina pagando, a modo de impuestos, regalías del 3% que surgen de declaraciones de las propias empresas. Sin olvidar el Código Minero que permite a particulares tener a perpetuidad los yacimientos descubiertos.
Ante este andamiaje jurídico, como si fuera poco, Gerardo Morales le sumó una reforma constitucional provincial que limita los derechos de protesta y resistencia de las comunidades originarias que habitan ancestralmente los territorios extractivos y que, a pesar de la pueblada histórica que generó, busca mantener ejerciendo terrorismo estatal.
Por eso, es necesario discutir la nacionalización del litio -algo a lo que Morales se niega constantemente, para seguir haciendo uso de los recursos en beneficio de sus propios negociados- y generar espacios participativos en los que sean escuchadas las voces de las comunidades afectadas por el extractivismo. Para esto es necesaria una alternativa de gobierno que se apoye en las organizaciones populares y en una sociedad movilizada para construir una correlación de fuerzas que, sin posibilismos y concesiones, termine por marcar el rumbo a seguir en los próximos años y a la vez genere los anticuerpos suficientes para neutralizar los experimentos autoritarios del capital y la derecha.
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Fotografía: Marxismo