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Sobre el Acuerdo 2/2017 y las irregularidades en la asignación de plazas en el IPN

Por: Adrián Alvarado*. 16/05/2017

El 30 de marzo el Director General del Instituto Politécnico Nacional Enrique Fernández Fassnacht publicó un “acuerdo” (2/2017) que contempla una serie de cambios administrativos para el personal docente y no docente del área central, posteriormente el día 17 de abril publicó un documento dirigido a la “comunidad politécnica” donde lo justifica por la “urgente necesidad de rediseñar la estructura orgánica de la administración central en virtud de las asimetrías (que presenta)”.

El denominado Acuerdo 2/2017 no fue consultado con las representaciones de los trabajadores en el instituto, es una nueva imposición del actual Director General, avalado por dos instancias que no están facultadas para decidir temas laborales: el Consejo General Consultivo, que todo mundo sabe, la mayoría está compuesta por autoridades y están a disposición de los que el Director General proponga; y por una instancia que el propio Director General le ha otorgado facultades extraordinarias debido a su docilidad y mansedumbre frente a la administración, la denominada mesa 5×5, compuesta por 5 autoridades y 5 integrantes de la denominada y mermada Asamblea General Politécnica, cuya representación actual está bastante cuestionada incluso por un sector de estudiantes.

Las autoridades, mediante el Consejo de Directores, dispondrán de más de 4 mil plazas y decretan la desaparición de las plazas de base en el Área Central, fortaleciendo la contratación por honorarios, la subcontratación y el outsorcing en el Politécnico.

Es justificado ante la opinión pública por una serie de datos que han salido a la luz sobre diversos acuerdos cupulares entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y administraciones anteriores del instituto, donde se han asignado de forma irregular plazas docentes a personal de apoyo y asistencia a la educación, lo cual se ha utilizado para desatar una campaña en contra de todos los trabajadores sindicalizados del IPN y justificar así, la violación a los derechos laborales y adquiridos de los trabajadores

Una reestructuración del área central con olor a “Reforma Educativa” 

¿Qué pretende el Director General del Instituto Politécnico Nacional?, el documento que dirige a la comunidad politécnica fechado el día 17 de Abril de 2017, intenta generar la impresión que en el área central hay una excesiva concentración de personal de base y sindicalizado, comparado como el de las escuelas de nivel medio, superior y los centros de investigación. El documento es engañoso, tendencioso, con datos parcializados e incompletos, como a continuación lo demostraremos.

Existen 4,100 trabajadores de base realizando sus labores en área central, mil  281 con plaza docente y 2 mil 819 son parte del personal de apoyo y asistencia a la educación.

El Director muestra unas gráficas donde el área central es tomada como una sola unidad administrativa, demuestra que ahí existen más trabajadores del personal de apoyo y asistencia a la educación que en los 19 unidades académicas de nivel medio superior, 23 escuelas de nivel superior y cinco veces más personal que en los 19 centros de investigación; de igual manera nos demuestra que los mil 819 profesores equivalen a los de ocho unidades académicas de nivel medio superior, a nueve del nivel medio superior y más que los que laboran en los 19 centros de investigación.

Lo que oculta el Director General es que área central no es una sola unidad administrativa, la percepción de las cifras cambia cuando la dividimos en sus respectivas unidades. Lo que omite es lo siguiente: 1, 477 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación realizan sus funciones en 40 unidades administrativas entre las que se encuentran la Dirección General, la Secretaría General, la Secretaría de Administración, Secretaría Académica, Secretaría de Extensión e Integración Social, Secretaría de Servicios Educativos, Secretaría de Gestión Estratégica, la Dirección de Capital Humano, Dirección de Administración Escolar, entre otras. Los restantes 1,342 realizan sus funciones no estrictamente en el área central sino están distribuidos en áreas como los Centros de Desarrollo infantil, Fomento Deportivo, Difusión y Fomento a la Cultura, Bibliotecas, Centro de Apoyo a Estudiantes, y Recursos Materiales y Servicios.

Si dividimos el número de personal que labora en cada una de las unidades administrativas que conforma el área central y en las demás áreas distribuidas en el IPN y las comparamos número de personal de las unidades académicas de nivel medio, superior y con el de los centros de investigación notaremos que la percepción de una “concentración excesiva” de personal cambia, y se entiende que los de trabajadores de área central están distribuidos en diversas unidades en el Instituto Politécnico Nacional.

A partir de una premisa falsa, con datos parcializados validan el Acuerdo 2/2017, las verdaderas intenciones de la administración del Instituto Politécnico Nacional son las siguientes.

De acuerdo con un artículo publicado en el periódico La Jornada, el día 17 de Abril:

“La administración ha determinado que no se contratará a más trabajadores de base para el área central, sino que todas las vacantes de ahí serán reasignadas a las escuelas que necesiten profesores o PAAE”

Dicha reasignación de plazas lo realizará el consejo de directores, sin ningún tipo de consulta a los trabajadores o su representación legalmente reconocida.

He ahí las verdaderas intenciones del acuerdo firmado por el Director General y ratificado por el Consejo General Consultivo: terminar con las plazas de base del área central, fortalecer la contratación por honorarios, el outsorcing, y reasignar más de 4 mil plazas de acuerdo con un plan que las propias autoridades determinarán sin consultar o rendir cuentas a ninguna instancia de los trabajadores o la comunidad del IPN.

Dichos cambios administrativos propuestos en el IPN, que vulneran los derechos adquiridos de los trabajadores, como es el de contar con la estabilidad laboral y la propia libertad sindical (pues en dicho acuerdo se hace a un lado a las representaciones de los trabajadores), se dan en un contexto nacional de cambios que se han denominado reformas estructurales, entre las que destaca la mal llamada “Reforma Educativa”, impulsada por el gobierno de Peña Nieto, las cúpulas empresariales y los principales partidos políticos, que afectan y eliminan derechos de los trabajadores de la educación a nivel nacional.

De acuerdo con diversos analistas dicha Reforma Educativa, es una reforma laboral y administrativa. De acuerdo con un artículo de opinión de Luis Hernández Navarro publicado en La Jornada, semanas después de su aprobación:

“Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su objetivo es que el Estado arranque al SNTE la conducción de la educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo.”

Respecto a las intenciones de la reforma comenta:

“Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho.”

En otro artículo publicado en el mismo periódico el día 23 de Agosto de 2016, menciona:

“En la conexión regia de la reforma educativa está una de las claves centrales que explican el porqué del empecinamiento gubernamental y empresarial en no ceder un ápice en la demanda de modificar la norma. En este engarce se condensan los intereses de los señores del dinero por hacer de la enseñanza pública su negocio particular, su pretensión de legitimar sus instituciones educativas (creadas para tener ganancias para ellos) como si fueran de vocación pública y la captura de los puestos claves de la SEP con sus cuadros.”

Aunque con matices hay una serie de coincidencias con los planteado desde la “Reforma Educativa” del gobierno de Peña y la propuesta de cambios administrativos propuestos por el Director General: primero se pretende eliminar la estabilidad laboral en ambos, una mediante el examen de evaluación docente, otro mediante el fortalecimiento de la contratación de honorarios y el outsorcing; en ambas se hace un lado, se minimiza o simplemente se desaparece a la representación laboral y sindical en decisiones fundamentales de los temas laborales, quedando estas en manos de las autoridades.

Ambos cambios, la reforma educativa nacional y la propuesta de cambios administrativos en el IPN parten del paradigma de los dueños del gran capital donde la educación debe ser manejada como una mercancía, los derechos laborales son algo así como un estorbo o “privilegios” que deben ser eliminados, y donde la mejor organización sindical o de los trabajadores es la que no existe.

La situación actual del IPN

La forma en como fue aprobado el Acuerdo 2/2017 sintetiza el actuar de la actual administración. Negociando y obsequiando dádivas a aquellos que comulgan con su proyecto, conteniendo, reprimiendo o cerrando puertas a aquellos que han planteado críticas o se han opuesto a su proyecto.

El actuar de la actual administración coincide a su vez con un proceso de descomposición del organismo que le dio vida al movimiento estudiantil del año 2014, transformándolo completamente en su contrario, mermada la participación activa de los estudiantes en sus reuniones cotidianas, liberada de las presiones y controles que los estudiantes ejercían mediante las asambleas locales la Asamblea General Politécnica fue cediendo ante presiones de otro tipo: de la administración y los funcionarios del IPN.

De forma más notoria esta situación se nota en las denominadas mesas 5 x 5, donde 5 integrantes de la AGP, se reúnen de forma familiar y dócil con 5 representantes de la actual administración, esta instancia se ha convertido en un organismo de convalidación de los deseos y proyectos de Dirección General.

Si la AGP del año 2014, fue un organismo vivo, dinámico, controlado por asambleas y que contó con el respaldo de miles de estudiantes del IPN, la AGP del año 2016 – 2017  y la mesa 5×5, sin la participación activa estudiantil, se han convertido en una correa de transmisión de los proyectos, ideas e iniciativas de los funcionarios del Instituto Politécnico Nacional.

Un momento de cisma en la AGP fue la huelga de los estudiantes de los CECyT en el año 2016, donde se logró detener la adscripción del IPN a la Subsecretaria de la Educación Superior de la Secretaria de Educación Pública, por una parte sectores de los estudiantes pedían llevar el movimiento más allá y hacer también responsable a la actual administración por avalar dicha circular, y por otro se observaron a algunos elementos encubriéndole las espaldas a los funcionarios del IPN.

Otro momento de debate es lo relacionado a la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (COCNP). Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional que han querido enarbolar la bandera del Congreso Nacional Politécnico pero fueron derrotados sus deseos de imponer su proyecto unilateral a la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, la respuesta del director general fue sencilla: retirarse de dicha instancia, desconocerla y regresar a la famosa mesa 5 x 5 para continuar con su proyecto.

Ante cada movilización surgida en el Politécnico la represión ha sido el sello característico: actualmente hay estudiantes, profesores y trabajadores demandados ante la Procuraduría General de la República, existen estudiantes expulsados, trabajadores y profesores cesados de sus empleos, como es el caso del compañero Juan Cuautli Ramírez Solís, trabajador del CECyT 6, representante sindical e integrante del Bloque de Delegaciones Democráticas, existen múltiples amenazas de levantamiento de actas administrativas contra aquellos que se atreven a disentir del proyecto del actual director. La oficina del Abogado General se ha especializado en la persecución política hacia estudiantes, profesores y trabajadores.

Debemos señala que existen núcleos estudiantiles importantes que mantienen la bandera de lucha del año 2014, el movimiento de los trabajadores está comenzando a aglutinarse, la actual administración cuenta con un apoyo muy bajo entre la comunidad del IPN se tiene una percepción negativa entre estudiantes, profesores y trabajadores, su único sostén es la inercia que existe en la propia comunidad, natural después de grandes jornadas de lucha en 3 años y lo único que legitima al actual Director General es la denominada mesa 5 x 5. Su respuesta violenta y represiva ante cualquier crítica u oposición confirma esta situación.

Los grandes cambios en el IPN no vendrán de sentarse a negociar con la administración en la mesa de la sala de los ex directores; sino de apoyar e impulsar a las fuerzas estudiantiles que aún mantienen en alto la bandera del 2014 y que se han fortalecido, en conjunto con la lucha de los trabajadores y profesores que comenzamos a aglutinarnos.

Por un sindicalismo combativo y democrático

La publicación del acuerdo 2/2017 se ha acompañado por una campaña abierta en contra de los trabajadores sindicalizados del Instituto Politécnico Nacional. Debemos decir que la mayoría de los trabajadores nos encontramos afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los profesores en el Sección 60 y el personal de apoyo para asistencia a la educación en la Sección 11, pero sería un error culpar a todos los afiliados de los acuerdos o errores de la dirigencia del sindicato, meternos a todos en un mismo cajón y juzgarnos, eso es lo que está haciendo la administración del IPN.

Como en todo sindicato existen diversas expresiones a lo interno, particularmente a lo interno de la Sección 11 existimos corrientes que pugnamos por la democratización del sindicato, para que esté al servicio de la clase trabajadora, que sea una herramienta de defensa  los derechos y conquistas de los trabajadores, no una agencia de colocación o beneficio personal, los que pugnamos por un sindicalismo democrático y combativo mayoritariamente nos organizamos en el Bloque de Delegaciones Democráticas.

El día 14 de Mayo en el periódico La Jornada se dio a conocer que durante 18 años las administraciones en turno otorgaron casi 6 mil plazas docentes a trabajadores administrativos, esto como parte de acuerdos cupulares entre el SNTE y las autoridades.

“Las plazas de académicos en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) están destinadas a la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura, como en otras universidades. De la labor de los profesores depende la principal función de las escuelas: la educación. Pero de 1996 a 2014 el instituto contrató como docentes a 5 mil 822 trabajadores destinados a labores administrativas.”

Esto ha generado revuelo y viene a justificar nuevamente el Acuerdo 2/2017 de la administración.

No ahondaremos en el tema del por qué las actuales autoridades del IPN hasta el inicio de su tercer año de gestión dan a conocer una serie de irregularidades que han detectado ¿acaso no lo supieron desde el principio?, o porque lo dan a conocer a  través de los integrantes de la mesa 5 x 5 en un foro cuya asistencia no superó las 15 personas. Nos enfocaremos en lo fundamental.

No es la primera vez que se señala la irregularidad que existe en la asignación de plazas docentes a personal administrativo, en un volante que se ha repartido por miles a lo interno del instituto, los trabajadores organizados lo señalamos y exigimos que se regularizara esa situación:

“Señalar que existen 1,281 trabajadores con plaza docente que realizan funciones administrativas, significa reconocer la asignación indebida de nuestra materia de trabajo. Las funciones administrativas en área central, así como las de mantenimiento, jardinería, los servicios de intendencia y vigilancia corresponde realizarlas a los trabajadores sindicalizados, en consecuencia, exigimos que se dé a conocer el número de trabajadores contratados por honorarios y bajo otros esquemas que son motivo de análisis.”

Otros compañeros con más tiempo participando en el Bloque de Delegaciones Democráticas de la Sección 11 lo señalan de esta forma:

“Durante más de 18 años, nuestro agrupamiento sindical, el Bloque de Delegaciones Democráticas, estuvimos demandando, exigiendo, que cesaran las contrataciones al margen de los acuerdos.

En los pliegos de demandas de cada año a discutir en la Comisión de Revisión Salarial y de Prestaciones, queda constancia de que nuestra posición siempre fue la de recuperación de la materia de trabajo.”

Ahora las autoridades y su mesa 5 x 5 pretenden descubrir el hilo negro de las contrataciones irregulares en área central y con eso justifican un acuerdo que lacera y vulnera los derechos de los trabajadores del IPN.

Si en verdad se desea lanzar una verdadera cruzada contra la opacidad en las contrataciones, ¿Por qué no se exigen también la lista de trabajadores por honorarios contratados en Área Central, cuyos sueldos son superiores a los $30, 000?¿Por qué no se pide aclarar las contrataciones irregulares de personajes cercanos a funcionarios del IPN?, como el que dio a conocer el periódico Reporte Diario de Puerto Vallarte sobre la contratación irregular por honorarios de personas cercanas al Abogado General?.

Si las medidas administrativas del acuerdo 2/2017 es atendiendo los principios de “austeridad” ¿Por qué no se recortan los gastos excesivos en área central como es el pago de celulares, contratación de automóviles para los funcionarios, servicios ejecutivos de comedor, de jardinería, etc.? ¿Por qué no hay un recorte en los salarios de los altos funcionarios del IPN? De acuerdo a un artículo publicado por el periódico El Universal, el Director General es la segunda autoridad, de una institución de educación superior, con altos salarios, por encima de los sueldos de los mismos gobernadores.

Lo señalamos claramente, los trabajadores que nos oponemos al acuerdo 2/2017, no nos oponemos a realizar una serie de cambios administrativos en beneficio del instituto, tampoco, como se ha afirmado en algunos espacios, defendemos los acuerdos cupulares entre algunos dirigentes del SNTE donde se asignaron plazas de forma irregular; pero señalamos que esos cambios administrativos tienen que tener como objetivo la mejora en los servicios, la mejora académica y deben ser consultados y construidos por la comunidad del IPN y los trabajadores y estos no deben violentar los derechos adquiridos.

 La lucha por la democracia sindical, para recuperar nuestras organizaciones como trabajadores y ponerlas al servicio de los intereses comunes de los trabajadores es una tarea pendiente y se hace prioritaria, hoy más que nunca, la democratización del SNTE provendrá de los propios trabajadores de la educación, no de un grupo coludido con los funcionarios, ni de los propios funcionarios del instituto.

Por ese motivo nos manifestamos por:

  • La abrogación del Acuerdo 2/2017.
  • Que se dé a conocer a la comunidad del IPN y a la opinión pública el número de trabajadores contratados por honorarios en el área central, así como los respectivos montos para sus contrataciones.
  • Que los cambios administrativos sean construidos y consultados con la comunidad del IPN, y los trabajadores del instituto y que estos sean orientados para la mejora académica y de los servicios, no para eliminar derechos laborales.
  • El cese a la represión, el hostigamiento laboral y la reinstalación de los trabajadores despedidos por motivos políticos. En particular pedimos la reinstalación del compañero Cuautli Ramírez.
  • Desconocer los acuerdos entre la mesa 5 x 5, por carecer de validez y legitimidad dicha instancia.
  • Reiteramos las demandas históricas del movimiento democrático de los trabajadores de la educación: pugnamos por la democratización del sindicato y de la educación.

 

*Secretario General de la D-III-75 del CECyT 14. Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN

 

 

Fotografía: bloque.org

 

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