Por: Víctor Hugo Varela Loyola. La Jornada de Oriente. 23/06/2017
A cinco años de haber iniciado su implementación y a uno de que concluya el sexenio, el gobierno de Enrique Peña Nieto no podrá cumplir con las metas legales y programáticas establecidas en la reforma educativa, pues apenas cuenta con unos instrumentos con los que promete que quizá un día podrá mejorar la calidad de la educación en México, observó Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al hacer un análisis del diseño y aplicación de esta reforma, el cofundador del Observatorio Ciudadano de la Educación reveló una serie de errores cometidos por las autoridades encabezadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que provocaron que la reforma educativa de 2012 haya fracasado, lo que obligó al gobierno a proponer otra alternativa a través del nuevo modelo educativo, que se comenzará a aplicar a partir de 2018.
El investigador de la UNAM impartió el fin de semana pasado la conferencia “La reforma educativa: un balance general”, como parte del Foro Reforma Educativa. Modelo Educativo que organiza la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).
Al respecto, expuso que el país se encuentra en tres escenarios: el primero es que estamos en el procesamiento del nuevo modelo educativo –la versión dos, pues la de 2012 fue muy complicada–, el cual fue procesado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para tener un documento mejor, aunque, observó, “no es muy mejorado, pero sí tiene sus diferencias”, y que se implementará a partir del año lectivo 2018.
Un segundo escenario es que el gobierno de Enrique Peña Nieto no va a cumplir las metas de la evaluación al desempeño, ni las legales ni las programáticas. “Están en un escenario que no tendrán ninguna evidencia de que hayan mejorado la educación, excepto con que se cuenta con unos instrumentos con los que prometen que algún día, quizá, se pueda mejorar”.
Previamente, Roberto Rodríguez hizo un recuento de los antecedentes de la reforma educativa de 2012, cuyos orígenes se encuentran en la modernización de la educación impulsada por Carlos Salinas de Gortari, en diversas reformas a la educación básica y media superior que se aplicaron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en las cuales tuvo una participación activa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a grado tal que esa colaboración estrecha se le conoció como el cogobierno educativo.
Asimismo, la reforma educativa de Peña Nieto –quien en los compromisos de su campaña presidencial no se refirió a esta de manera clara–, se sustentó en estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y textos de la organización Mexicanos Primero y de investigadores y ex funcionarios de los sexenios anteriores.
Todo ello resultó en una reforma educativa aprobada por los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) a través del Pacto por México, cuya firma se originó por el escaso margen de victoria con el que se alzó Peña Nieto en las elecciones presidenciales de 2012.
Si bien el investigador de la UNAM aclaró que para hacer un balance de la reforma educativa falta tener más elementos encima de la mesa y sobre todo ver cuál es el desenlace o desenlaces y los efectos de esta reforma, que está en marcha y cuya trayectoria ha sido más bien accidentada que armónica. “Yo lo veo más como una política educativa del sexenio que una reforma con contenido educativo, por lo que el análisis que presento es desde la perspectiva de las políticas”.
En su presentación, Roberto Rodríguez se centró en lo que fue considerado como el eje central de la reforma educativa de Peña Nieto: la evaluación al desempeño docente, la cual fue planteada inicialmente por el mismo SNTE y planteada por la OCDE, Mexicanos Primero e investigadores, como un mecanismo para que el Estado recuperara la rectoría de la educación.
Aunque a la postre la aplicación de la evaluación al desempeño docente resultó el obstáculo para que el gobierno no cumpla con las metas de la reforma derivado de una serie de complicaciones por la premura de su implementación y por la resistencia generalizad a este ejercicio por parte del magisterio mexicano.
“La implementación tuvo dificultades en la coordinación del Servicio Profesional Docente, a pesar de que Emilio Chuayffet (entonces titular de la SEP federal) anunciaba como la gran meta del sexenio recuperar la rectoría del Estado en educación y que el instrumento sería la evaluación, con el desplazamiento del SNTE en este ejercicio”.
En la aplicación del primer bloque de docentes en 2015 participaron la SEP, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación (Ceneval), las autoridades educativas de los estados, un pequeño ejército de evaluadores y el SNTE, este último en el tramo final, aunque “no querían que participara, pero es a quien concierne a la lista de prelación y en las asignaciones territoriales de los candidatos ganadores”.
Para añadirle complejidad, abundó el investigador de la UNAM, se hizo la evaluación más compleja porque es multi componente. Además, no se contextualizó y la crítica fue que no se puede evaluar de la misma manera a los docentes de Monterrey con los de Chiapas.
“Parte de la evaluación es cualitativa y la cuantitativa, tiene una parte de misterio que se llama la línea de corte, que dice dónde se define quien o no pasa la evaluación, quien controla esta línea controla todo”.
El hecho es que, indicó, queda perfectamente claro que es materialmente imposible que un millón 200 mil profesores en servicio puedan ser evaluados para su permanencia en cuatro años, como lo establece la Ley de Servicio Profesional Docente.
“No hay manera que eso ocurra, esa meta se deja en suspenso, no se va a cumplir y se cumplirá cuando se pueda, aunque la ley diga que cada cuatro años se tienen que evaluar todos. No se puede hacer como está hecha la evaluación, como está hecho el sistema”.
Además, señaló que ese proceso tiene de malo que no es voluntario, sino “es decisión de quien sabe quién. La SEP recibe las listas de los maestros a evaluar por la autoridad estatal, la cual decide con quien sabe con qué criterios, si alfabéticos, si de edad, o de qué, pero a algunos les toca y a otros no”.
También cuestionó que el Sistema Nacional de Evaluación Educativa no es transparente en ese aspecto, pues no se sabe cuáles son las reglas de selección de los docentes a evaluar. “Es de los aspectos misteriosos, además de la línea de corte de la evaluación que todavía están en el escenario, y también es misterioso saber cómo van a cumplir las metas que ellos pusieron en las leyes que ellos también pusieron”.
Estimó que de un millón 200 mil docentes en servicio que establecieron como meta para evaluar en este sexenio, “con suerte van a llegar a 400 mil y eso echándole ganas, no hay manera, no hay computadoras ni evaluadores suficientes”.
Tampoco se van a cumplir lo de los tutores para apoyar a los profesores, el Servicio de Asistencia Técnica Escolar –no se ha cumplido en ningún estado– y la formación continua para apoyar a los docentes que tuvieron problemas de desempeño.
“El nuevo modelo de evaluación para la permanencia flexibilizado tampoco está puesto a punto, pues implica capacitación a los maestros en las áreas del examen que les van a hacer las preguntas y también para que obtengan capacidades y habilidades para la planeación didáctica argumentada, dicen que ya está pero no está. El que está en línea es el del SNTE que está totalmente enfocado a que los docentes pasen la prueba”.
De acuerdo con Roberto Rodríguez, todo esto gira en las dos versiones de la reforma, la de 2012 que pone el peso en la evaluación para la calidad o la versión de la reforma pedagógica para calidad, establecida en el nuevo modelo educativo de 2017. Ambas giran en torno al concepto de calidad, pero no hay un concepto de calidad único, claro y definido.
En este sentido, observó que hay por lo menos tres conceptos de calidad, uno el que se puso en la Constitución a través de la reforma al artículo tercero de 2012, que dice que la educación será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.
Una segunda está en la Convención de los Derechos del Niño de la Unesco, que define calidad como desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hacia el máximo de sus posibilidades. Y la tercera, de la Ley General de Educación, también reformada en 2013, que dice que la educación será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos de sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia y pertinencia.
La reforma educativa fue aprobada en el Pacto por México
“Es decir, coloca la calidad en el sistema y no en los niños o maestros, entonces tenemos tres modelos de calidad que están diferenciados, el punto viene a cuento porque ante la aplicación de la evaluación para la permanencia, muchos maestros, especialmente de Oaxaca, buscaron la vía del amparo contra una disposición que era evidentemente retroactiva y que no podía ser, porque la retroactividad no existe en términos jurídicos”.
Pese a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra de los maestros, por una “lógica muy curiosa, es decir, se protege a los niños porque tienen derecho a la educación de calidad, como dice la Constitución, y el que tengan educación de calidad depende de que los maestros sean evaluados, entonces hacen como este brinco lógico entre la que calidad es si el maestro fue evaluado o no y no procede el amparo, y por lo tanto las garantías del artículo 123 sobre los derechos a la permanencia no aplica. Esa fue como la cereza del pastel”.
Fuente: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/06/20/pena-sexenio-reforma-educativa/
Fotografía: La Jornada de Oriente