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La tinta con sangre entra

Por: Emanuel [Herr] Durán. 26/10/2017

Más allá de una disyuntiva moral, la actual situación del periodismo en México es poco menos que vergonzosa ante la serie de acontecimientos violentos ocurridos a lo largo del ya moribundo sexenio de Enrique Peña Nieto; un gobierno que además de torpe en su comunicación con el ciudadano promedio,  ha pagado muchos de los platos rotos de sexenios anteriores, y que a su vez ha tenido la permisibilidad para que la escalada de violencia se mantenga en ascenso y halla logrado  ampliar su campo de acción. Hace poco más de 20 años la nota roja no era una de las prioridades de casi ningún medio de comunicación, sino solo de aquellos que mantenían un público que no era bien visto por una sociedad mexicana que aún mantenía cierto recato con respecto a las notas escritas con tinta roja a ocho columnas y una Secretaría de Gobernación reacia a la publicación descarada de noticias sobre violencia.

Sigamos con el recuento histórico: en el momento en el que Felipe Calderón Hinojosa, da el impulso franco a la proclamada “Guerra contra el Narcotráfico” como bastión de su gobierno para acabar con un mal creciente,  resultado de la reestructura interna del CISEN, solicitada hacia el término del gobierno de su predecesor Vicente Fox Quesada, el Ex Gobernador del Estado de Morelos y a su vez ex Director de la citada institución; Jorge Carrillo Olea en entrevista para “Proceso” publicada el 22 de julio del año en curso declara [Op. Cit]:

“Tal parece que los ciclos sexenales y la lucha por el poder en México siempre opera en contra de la profesionalización de las instituciones de inteligencia… Fox amenazó públicamente con acabar con el Cisen. Los llamó criminales. Alejandro Alegre le entregó un informe y un proyecto de ley de inteligencia. Fox no recibió ni uno ni otro. Creó una comisión para desmantelar el Cisen. Hicieron un documento de nueve páginas que no decía nada.

“Sin embargo, para que vea usted la locura de este país: Fox emitió la Ley de Seguridad Nacional al final de su sexenio. Es una mala ley porque está hecha dentro de la mentalidad Cisen. Es una especie de ley orgánica del Cisen que no incorpora a la Secretaría de la Defensa, a la Marina, a la PGR, a nadie. Al no incorporar a los otros, ¿cómo les pides que rindan cuentas?…las otras instancias no tienen responsabilidad alguna. No hay una ley que los incorpore y les dé responsabilidades.”

De la misma forma que la Secretaría de Gobernación logro el auto boicot durante el mismo periodo con una serie de iniciativas orientadas hacia la libertad de expresión en los medios de comunicación, pero que ante una escalada de violencia en muchos frentes se convirtieron no solo en narradores de las historias que debían contarse con respecto a los crímenes cometidos al margen de un Estado en crisis institucional, estructural y operativa; sino también se convirtieron en actores y víctimas del mismo Estado que les dio la libertad de publicar de forma gráfica y burda la violencia que sacude al país de norte a sur y de este a oeste, dejando de lado el cometido primario: la información veraz, pero ética.

Tal vez la parte más triste y preocupante de todo esto, no sean los coaccionados, ni los desaparecidos o los ejecutados, [llámense ciudadanos, criminales, o periodistas] tampoco las masacres promovidas por grupos del crimen organizado, reaccionarios, paramilitares e incluso por el Estado mismo en un acto desesperado por recuperar el control de un país que se ha vuelto ingobernable bajo el precepto Partido-Estado  vigente durante el siglo pasado y que pide a gritos una profunda reforma estructural, una guerra civil, o porque no, un golpe de estado desde cualquier punto de la sociedad mexicana.

Es entonces que el problema  ético nos lleva más allá y es, bajo este panorama poco alentador para cualquier sociedad que se respete, usar como pretexto la libertad de prensa, expresión o manifestación para tomar los actos de violencia y las notas derivadas de ellos como artefacto de mercadotecnia. De la misma forma que se han atacado numerosas veces los clichés estéticos de la figura femenina, [por citar un ejemplo] debería de ser también un acto de protesta civil mantener una postura limitante ante la nota roja en cualquiera de sus vertientes.

Nota que, aunque no sea gráfica en portada no deja de existir, y que no quiere decir que se coarte la libertad de prensa, solamente que se mantenga dentro de una línea que sea informativa, no grotesca en su imagen. Información que día a día llega a todos los públicos y que contribuye lentamente a la asimilación de la violencia de cualquier tipo como parte de la vida cotidiana, sumada a una subcultura cultivada por los medios de comunicación desde ya hace varios años; casas productoras de cine y televisión que han construido sus “Fábulas de la ciudad del crimen” en biografías de personajes como Sandrá Ávila Beltrán, Pablo Escobar o el Chapo Guzmán en Prime time, que de forma casi tangible para el gran público pueden justificar sus actos por las circunstancias adversas que han enfrentado. Una extraña variación del American dream cimentado en el crimen como una vía más para alcanzar el éxito social y económico.

Es entonces, que deberíamos de estar conformes con los resultados obtenidos, a lo largo de 17 años del simulacro de alternancia, democracia y cambio de poderes más grande que se ha visto en Latinoamérica, que ha dado como resultado una boyante economía soportada en el tráfico de influencias, donde los delitos de cuello blanco como el peculado y el enriquecimiento ilícito son castigados de forma por demás tibia al amparo de un Estado estructurado para mantener la impunidad de los malos servidores públicos, y a su vez premiados con el silencio parcial de los mismos medios que “informan” discrecionalmente sobre las deficiencias de los servicios prestados por el gobierno, las desapariciones forzadas y las ejecuciones; ese mismo que ha dejado que  todo el territorio nacional siga siendo nota [también discrecional] todos los días, sin importar la edad, estrato social ni género o profesión, aunque sabemos que las cifras oficiales reconocen la problemática, pero no se considera una situación de emergencia nacional. Otra faceta del mismo problema se muestra en el informe elaborado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional en materia de corrupción, y podría ayudarnos a entender un poco mejor nuestro propio contexto:

[Publicado por la revista Expansión, 25 de enero 2017]

“Si se compara a México en el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía), considerados así por tener las economías emergentes de mayor importancia, el país ocupa el puesto número 7, arriba de Rusia y Nigeria…Respecto al Grupo de los 20 (G-20), integrado por las 20 economías mundiales más grandes y dinámicas que en conjunto representan el 88% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, México sólo supera a Rusia, ocupando el penúltimo lugar…Entre los 11 países –10 con la salida de Chile– que integran el Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que en conjunto integran el 40% del PIB mundial, México ocupa el último lugar”

Entre tanto, y en medio de toda la información que nos es entregada a medias por los canales oficiales y comprometidos con el gobierno respecto al panorama actual del país, incluyendo ya las cifras arrojadas por el sismo del 19 de septiembre pasado que; si bien no tiene comparación con el de 1985, ha sido más extenso en su impacto territorial y ha mellado la moral de todo el país, con todas las implicaciones que esto conlleva y las malversaciones que los gobiernos locales, estatal y federal han hecho con las cifras de víctimas, damnificados y ayuda usurpada a la sociedad civil y a la comunidad internacional  para preparar un escenario adecuado para las elecciones federales de 2018 y renovar una vez más los votos consigo mismo y la clase política nacional, cuyo mayor cómplice ha sido, y seguirá siendo el aparato conformado por los medios de comunicación y las distracciones que es capaz de generar. 

Fotografía: sott

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