Por Luis Rojas. Animal Político. o6/09/2016
La política es movilización y administración
de los afectos sociales
En medio de manifestaciones en la calle y fuertes dispositivos de seguridad en diferentes puntos del país,[1] Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente de la República el primero de diciembre de 2012. Al día siguiente, en el Castillo de Chapultepec, el presidente firmó el Pacto por México junto con los líderes de los cuatro partidos mayoritarios en el Congreso. Sorpresivamente, el documento reconocía oficial y públicamente a los poderes fácticos como el obstáculo para el desarrollo nacional y la democracia, los cuales, se afirmaba, son consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. Así pues, para “consolidar al país como una democracia política y socialmente eficaz”, se proponía someter a los intereses particulares mediante reformas estructurales.
Aunque hubo muchas voces críticas del Pacto por México, se generó la expectativa de que esta era una oportunidad para empoderar al consumidor y a los trabajadores. Se esperaba que las reformas acotaran los privilegios de los empresarios que han concentrado riqueza y poder político a partir de concesiones ventajosas sobre bienes de la nación, las comisiones excesivas de la banca, el lavado de dinero del crimen organizado y el poder caciquil de los gobernadores en diferentes estados. Asimismo, se pensó que se democratizarían los sindicatos charros para empoderar a los trabajadores. Sin embargo, a casi 4 años del Pacto Por México, la mayoría de estos poderes han podido conservar sus privilegios o intercambiarlos por otros más, mientras que la lucha contra los poderes fácticos se ha concentrado en denostar y criminalizar a los maestros y maestras de educación básica. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí?
De todos los poderes fácticos que han dañado a México, los firmantes del Pacto acordaron empezar por acotar el poder de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), la maestra Elba Esther Gordillo. El 10 de diciembre de 2012, el presidente Peña Nieto envió al congreso su iniciativa de reforma educativa. Dos días después, Gordillo declaró que apoyaría la reforma. De manera inusual, el Congreso de la Unión agotó la discusión y aprobó por mayoría la reforma educativa en tan sólo 11 días. Ese mismo día, el 21 de diciembre, Elba Esther anunció que el SNTE iniciaría una resistencia pacífica contra la reforma. En poco más de un mes, el proyecto fue ratificado por 23 congresos locales, lo que permitió que la reforma constitucional fuera finalmente promulgada por el presidente Peña Nieto el 25 de febrero. Al día siguiente, Elba Esther era detenida por lavado de dinero a su arribo al Aeropuerto internacional de Toluca.
La aprobación de la reforma y encarcelamiento de la lideresa del SNTE fue celebrado por la clase política, analistas y medios de comunicación. A Elba Esther no le faltaban méritos para convertirse en la villana favorita de la opinión pública, sin duda, era una muestra del charrismo que tanto ha dañado al movimiento sindical y al país. Pero difícilmente se podría considerar a la maestra como la piedra de toque para terminar con la corrupción, la impunidad, y las redes corporativas rentistas que han capturado al estado mexicano. Pero la peculiaridad de la lideresa del SNTE era que, a diferencia del líder sindical de los trabajadores del petróleo, había hecho alarde de su poder y había retado a la clase política en múltiples ocasiones.
Vale la pena recordar que Vicente Fox y Felipe Calderón le otorgaron a la maestra poderes extraordinarios cuando vieron en esta la posibilidad de asegurarse el triunfo electoral y el respaldo a sus reformas estructurales. Calderón ha aceptado públicamente que, como parte de esta alianza, ambos gobiernos panistas aceptaron ceder posiciones importantes en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ISSSTE y la Lotería Nacional. Así, durante los sexenios panistas se creó la percepción de que el apoyo de Elba Esther era imprescindible para la gobernabilidad del país. Para Calderón, la maestra y el SNTE fueron aliados fundamentales para impulsar uno de los programas estrellas de su sexenio, la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Más aún, a pesar de que en 2006 fue expulsada del PRI por haber respaldado las reformas estructurales de Fox mientras era secretaria general del partido, el candidato Peña Nieto también hizo una alianza electoral con la maestra a través del Partido Nueva Alianza (Panal). Esta alianza se rompió en enero de 2012 antes de las elecciones presidenciales. Elba Esther se convirtió explícitamente en una amenaza para la eventual administración priista cuando en marzo de 2012, una vez más, declaró que “el SNTE no es solo una organización que defiende sus intereses, también es un garante de estabilidad política. Nada me costaría pedir a los maestros que salieran a la calle”.[2]
Así pues, a pesar de la retórica empalagosa del Ejecutivo Federal y algunas organizaciones civiles, desde el inicio fue claro que la llamada reforma educativa no tenía el objetivo de mejorar la educación de la niñez mexicana, sino era el mero pretexto para acabar con una enemiga política.
Pero para acabar con la amenaza del magisterio, no bastaba con encarcelar a la lideresa del SNTE, además era fundamental que el gobierno federal se hiciera de los mecanismos de chantaje y control de los maestros. Por ello, la llamada reforma educativa establece en la Carta Magna que el ingreso, la permanencia y la promoción de los docentes de educación básica y bachillerato del país deberá sujetarse a una evaluación de desempeño. De esta forma, la dirigencia del SNTE ya no podrá someter las evaluaciones de los profesores a acuerdos políticos con las autoridades del gobierno federal y las estatales, ni tampoco negarse a su aplicación, porque ya será obligatorio constitucionalmente.
La estrategia de la clase política para someter a la maestra y al SNTE no hubiera tenido éxito sin el apoyo del movimiento civil por la educación, el cual tomó fuerza en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en 2008. Inicialmente el movimiento civil tuvo un fuerte impulso de Mexicanos Primero, una asociación civil promovida por dirigentes de la confederación de patrones (COPARMEX), el cual se articuló en un primer momento en el Consejo Ciudadano para el Seguimiento de los Acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación. [3] A partir de la ACE surgen asociaciones civiles que quieren participar más activamente en proyectos educativos. Sin embargo, estas se encontraron con que el SNTE, mediante la Comisión Nacional SEP-SNTE, limitaba sus acciones y el acceso a recursos financieros para realizar proyectos.[4] Así, en 2010, el movimiento por la educación creció y derivó en la Coalición Ciudadana por la Educación (CCE). La CCE estaba conformada por académicos, intelectuales y asociaciones civiles que exigían cambiar las reglas para eliminar el acuerdo corporativo entre las autoridades educativas y el sindicato. El diagnóstico era que el predominio de la SNTE sobre la rectoría de la educación había excluido a los maestros y al resto de los ciudadanos del sistema educativo. Para poder arrebatarle al sindicato el poder político y económico, el CCE propuso crear un servicio profesional docente basado en evaluaciones. Esta propuesta se respaldó con documentos técnicos de la OCDE y la UNESCO.[5] En noviembre de 2011, la CCE llevó a la Comisión de Educación del Senado una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para crear el Servicio Profesional del Magisterio y en 2012 se realizaron entrevistas con los candidatos a la presidencia para que se posicionaran sobre estos temas. Finalmente, la reforma educativa del Pacto por México retomaría aspectos centrales de la propuesta de la CCE.
En suma, al igual que el enfoque del gobierno, la propuesta de la CCE tenía una confusión en los objetivos; antes que buscar mejorar la calidad educativa, el objetivo de la propuesta era deshacerse del enemigo político que en su diagnóstico obstaculizaba las acciones para mejorar la educación. Curiosamente, para empoderar y liberar a los maestros el yugo sindical, se propusieron mecanismos de control y evaluación sobre los maestros.
Para ilustrar el extravío en la ruta de la reforma, basta revisar los documentos técnicos que cita la CCE en sus propuestas.[6] Por ejemplo, si bien el documento de la OCDE, Mejorar las escuelas estrategias para la acción en México (2010), propone una estrategia que concentra la responsabilidad de la mejora de la educación en la capacitación de los maestro, existen dos documentos posteriores de la OCDE con un diagnóstico más amplio que fueron ignorados.[7] Mientras que el documento de 2010 se concentra en la evaluación de los docentes, los documentos de 2011 y 2012 analizan los retos para la educación en 4 temas: la evaluación de los alumnos, de los maestros, de las escuelas y del sistema educativo. Cabe destacar que estos documentos reconocen que la calidad de la educación depende de múltiples factores y no únicamente de la capacitación de los maestros. Además, en lo referente a la evaluación de los maestros, el documento subraya que en México hace falta un modelo educativo, por lo que, “en este momento, no existe una declaración o perfil claro y conciso de lo que se espera que los maestros sepan y puedan hacer” (Santiago et.al. 2012:p119). Ciertamente, sin los estándares de un modelo educativo ninguna evaluación puede mejorar la calidad educativa. Sin embargo, el gobierno federal y algunas asociaciones omitieron esta recomendación porque no contribuían a alcanzar su objetivo principal: debilitar la red corporativa y clientelar del SNTE mediante el acceso a los mecanismos de chantaje y control de los maestros.[8]
A pesar de que se repetía continuamente a la opinión pública que, el objetivo de la reforma era liberar a los profesores del chantaje de los líderes charros mediante la profesionalización de la carrera docente, en los hechos nunca se demostró esa intención. Por el contrario, para justificar la importancia de la evaluación era necesario mostrar que los maestros eran incompetentes y cómplices del sistema educativo corrupto. Mientras tanto, los líderes del SNTE conservaron sus privilegios pactando con el gobierno en turno. Así, una vez que el nuevo líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre,[9] acudió a la residencia oficial de los Pinos a avalar la reforma en un acto encabezado por el Presidente en mayo de 2013, los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron protestas contra lo que consideraban una amenaza a la estabilidad de sus trabajos.
Ante las protestas, los promotores de la reforma estimaron que para concretar la reforma era necesario imponerla en lugar de persuadir e incluir a los disidentes. Para ello se usaron diversas estrategias: litigios legales, encarcelamiento de líderes de la disidencia, y despidos de 3 mil 360 maestros[10] por no asistir a la evaluación o faltar tres días en el lapso de un mes (como consecuencia de sus protestas).[11] Asimismo, medios de comunicación y asociaciones civiles encabezados por la confederación de patrones iniciaron una campaña de desprestigio y linchamiento mediático contra los y las trabajadoras del magisterio. La lógica de la campaña consistía en canalizar el hartazgo social por la impunidad y corrupción hacia la disidencia magisterial.
La campaña mediática ha tenido que ser durísima para lograr desprestigiar a quienes, según Parametría, no hace mucho era la tercera institución en quién más confiaban los mexicanos.[12] Se difundieron historias macabras de como los maestros faltaba a clase, de los sueldos altísimos que recibían por no hacer nada (salarios que oscila en el lugar 17 y 29 de 34 países según la OCDE),[13]de la imposibilidad de hacer trabajar a un maestro, de la herencia de plazas, de la falta de capacidad, del egoísmo, de la afectación a derechos de terceros, y de la falta de compromiso con el bienestar de la niñez. La iniciativa ha sido efectiva, se consiguió que una ciudadanía indignada exigiera a los gobernantes que no fueran cobardes ni corruptos y que usara la fuerza pública para reprimir a esos parásitos, escoria de la sociedad, perros, nacos, ignorantes prietos, indios necios, y demás insultos racistas.
La exigencia ciudadana de represión violenta de la protesta tuvo finalmente respuesta en los asesinatos del pasado 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. El repudio de estos hechos por algunos sectores de la sociedad mexicana obligó al gobierno federal a abrir mesas de diálogo con los maestros disidentes. En este contexto, después de casi 3 años, el 21 de julio el secretario de educación presentó el modelo educativo de la reforma educativa. Parecía que los hechos sangrientos saciarían la sed de sangre de una arena pública racista y autoritaria. Parecía que los asesinatos harían reflexionar a gobernantes y ciudadanos sobre el carácter anti-democrático de la demanda de represión (como si hiciera falta más sangre en el país para promover la reflexión). Sin embargo, un par de semanas después, la confederación de patrones reitero la demanda anti-democrática y exigieron al gobierno hacer valer el estado de derecho ante las protestas de los maestros.[14] Peor aún, la campaña mediática para movilizar a la ciudadanía por la educación consiguió que, cuando los maestros se negaron a iniciar clases en agosto debido a que el gobierno no había tomado en serio las mesas de diálogo, los padres de familia se enfrentaran con los maestros en diferentes escuelas a lo largo del país.
La furia con la que algunos analistas políticos, asociaciones civiles y ciudadanos han atacado la disidencia de los maestros contrasta con la sensibilidad y tolerancia que se ha mostrado con los ‘otros’ poderes fácticos. Ejemplos de esta actitud hay muchos en los últimos tres años. Por ejemplo, la misma semana en que se autorizó la represión violenta en Nochixtlán, los legisladores en ambas cámaras del Congreso de la Unión –el poder fáctico que se intentaba limitar- se resistieron a aprobar la iniciativa ciudadana que exigía la publicidad máxima de las tres declaraciones de los servidores públicos en el marco del nuevo sistema nacional anti-corrupción. Asimismo, días después, el sector empresarial consiguió que en “un acto de sensibilidad”, el presidente vetara el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que exigía que los particulares que ofrezcan servicios al gobierno presenten su declaración patrimonial. En estas ocasiones, a pesar de la clara resistencia de los grupos de interés, los analistas políticos y asociaciones civiles no fueron maximalistas en su combate a los poderes fácticos. Por el contrario, se hicieron declaraciones públicas para contener la frustración social ante el alcance limitado de las legislaciones en materia de anti-corrupción aprobadas. Se dijo a la opinión pública que algo se había ganado, que no se podía ser necio y esperar ganar todo, que se tenía que aprender a reconocer los triunfos. Al mismo tiempo, organizaciones civiles exigían al gobierno que no negociara con los maestros ningún aspecto de la reforma educativa ni de su implementación. A lo que el presidente y el secretario de Educación respondieron positivamente.
Algo similar sucedió un año antes, en el marco de la discusión de la reforma constitucional para establecer la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el 2015. Entonces se dijo a la opinión pública que a pesar de las resistencias de los legisladores para aprobar una reforma con más dientes, lo pactado era la mejor reforma posible para enfrentar la corrupción. Se pidió hacer caso omiso de las críticas a la ley para no retrasar la aprobación de la misma.[15] Además, en un acto de sensibilidad política, se dijo que los legisladores –el poder fáctico a limitar- tenían un desorden tal que muchos casos de malversación de fondos podrían ser develados, pero no se les quiso presionar “innecesariamente” y se les concedió un transitorio en la reforma para darles oportunidad de “arreglaran la casa”.[16]
Otro ejemplo es la reforma estructural en materia de telecomunicaciones que inició en 2013. En un primer momento se aprobaron reformas constitucionales de avanzada. Pero posteriormente en la creación de las leyes secundarias, los poderes fácticos del sector[17] lograron descafeinar las reformas[18] o ceder algunos privilegios a cambio de unos nuevos.[19] Además, se han aprobado leyes que promueven la concentración de la riqueza mediante la legalización del conflicto de interés y el manejo opaco de recursos públicos. Este es el caso de las legislaciones en materia de concesiones en el sector energético y las Asociaciones Público-Privadas.[20] Por si esto fuera poco, cuando altos funcionarios o gobernadores han sido relacionados con posibles casos de corrupción, las personas que han hecho los señalamientos han sido despedidas de su trabajo o se han interpuesto demandas judiciales en su contra.[21]
Asimismo, mientras la confederación de patrones, vía Mexicanos Primero, demanda la evaluación y fiscalización de los recursos que reciben los maestros, omite los abusos que organizaciones privadas hacen de los recursos destinados a la educación para los sectores de la población más empobrecidos. Este es el caso de la organización Enova/RIA que tiene entre sus socios fundadores al hijo del magnate Jaime Camil Garza, la cual según una investigación publicada en la revista Nexos en 2015, recibo mil 700 millones de pesos del gobierno federal y del Estado de México entre 2008 y 2015.[22]Una evaluación de los proyectos de Enova/RIA, realizada por investigadores del ITAM, demuestra que a pesar del gasto tan alto no se mejoró la calidad educativa en las áreas de influencia de los proyectos.[23]
Así pues, la lucha contra los poderes fácticos del Pacto por México ha derivado en una lucha de clases de los de arriba contra los de abajo, donde se ha conseguido que la sociedad civil y las mayorías silenciosas demandan la represión de los de abajo en un contexto de desigualdad extrema. Esta lógica de confrontación no es algo nuevo. Adam Smith la comenta en su libro La Riqueza de las Naciones (1776). Smith menciona que rara vez se oye hablar de coaliciones entre los dueños del capital para proteger y ampliar sus privilegios, pero mucho se escucha de las uniones de trabajadores para defenderse abusos o demandar mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, Smith considera que es un ignorante el que por esta apariencia imagine que los patrones no se coluden. Los patrones están en una permanente colusión tácita que les permite silenciosamente proteger y ampliar sus privilegios. Por otro lado, para defenderse de abusos de los patrones, los trabajadores tienen que hacer alianzas ruidosas, y muchas veces amenazantes, para poder acelerar la respuesta a sus demandas. A los trabajadores les urge respuesta porque su subsistencia depende de su trabajo diario, mientras que los patrones pueden aguantar una huelga por mucho tiempo gracias a la acumulación de riqueza con que cuentan. Dadas estas condiciones, los patrones son más eficientes en la extensión de sus privilegios, mientras que la resistencia ruidosa y tumultuosa de los trabajadores usualmente los conduce hacer castigados por la autoridad o a la ruina.[24] Esto es lo que dos siglos después vemos en un México que no termina de entrar a la modernidad.
En suma, el conflicto alrededor de la llamada reforma educativa no es por la calidad de la educación, sino para diezmar el control político del SNTE y liberar los recursos financieros que manejaba. El secretario de educación ha declarado que gracias a la reforma, en este año la SEP otorgara mil 809 millones de pesos a organizaciones para que ofrezcan cursos de capacitación que preparen a los maestros para las evaluaciones. En un primer momento se dijo que se licitarían estos recursos, pero posteriormente se dijo que se asignarían por invitación.[25] Una vez más, somos testigos de una pugna entre intereses de grupos para ganar el derecho de abusar de los recursos públicos, en mascarada en la protección al derecho a la educación de la niñez. En medio están los maestros, académicos, intelectuales y activistas ciudadanos que deberían de reflexionar sobre cómo han sido usados en este conflicto y en como impulsar una reforma que tenga el objetivo central de mejorar la educación. Hay académicos que ya han empezado la autocrítica y a reconocer que se equivocaron en la forma en la que se abordó y promovió la actual reforma. En un encuentro en Democracia Deliberada sobre la reforma educativa, Manuel Gil Antón afirmo: “esta reforma se fundó sobre nuestra arrogancia”.
* Luis Rojas es doctor en Análisis Político del Discurso y la Ideología por el Departamento de Gobierno de la University of Essex, Inglaterra. Economista de la UNAM con experiencia en el análisis de políticas públicas.
[3] Ver acá el boletin informativo de la reunión.
[4] Para ver el conflicto presupuestal de las asociaciones civiles con la SNTE véase esta nota.
[5] El documento de la UNESCO está disponible aquí.
[7] Santiago, P., McGregor, I., Nusche, D., Ravela, P., & Toledo, D. (2012). Revisiones de la OCDE sobre la Evaluación en Educación. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). SEP y OCDE (2011) Revisión de los Marcos de Valoración y de Evaluación para Mejorar los Resultados Escolares. Informe de las prácticas de la Evaluación de la Educación Básica en México, 2010
[9] El mismo que en el sexenio de Calderón aparecía como uno de los administradores de 32 fideicomisos que en conjunto manejaban mil 900 millones de pesos y que servían para asignar recursos discrecionalmente, según nota del Reforma “Esconden gastos la SEP y el SNTE” del 7 de diciembre de 2009.
[10] Información de la SEP a marzo de 2016, véase acá.
[12] Según la empresa encuestadora Parametría, la credibilidad de los maestros paso de 73 por ciento en julio de 2012 a 53 por ciento en agosto de 2015.
[13] Ver Santiago et.al 2012:p.226.
[16] Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, y Oscar Arredondo, investigador de Fundar, en entrevista con José Buendia, 14 abril 2015
[17] Televisa y Tv Azteca, tienen el 94 % de las frecuencias de televisión abierta, el 94.4 % de la audiencia nacional, el 51 % de todos los canales espejo de televisión digital; el 94.4% de la audiencia; el 58 % del total de la inversión publicitaria y cada año reciben el 30 % del gasto de publicidad oficial. Además, Tv Azteca controla el 70 % de la televisión satelital, el 65 % de la televisión por cable, recientemente en el 2012 Televisa compró el 50 % de las acciones de Iusacell que da servicio de telefonía móvil y que es propiedad del mismo dueño que TV Azteca, de esta manera Televisa es operador en todas las plataformas de comunicación: televisión abierta, de paga, Internet, telefonía fija y móvil. En el caso de las telecomunicaciones las empresas de Carlos Slim controlan el 70 % de la telefonía móvil y el 80 % de la telefonía fija. Información del Observatorio Latinoamericano de Convergencia Tecnológica, disponible aquí.
[18] Para recordar este debate, véase esta entrevista al entonces dirigente del PRD y este análisis de las leyes secundarias.
[19] Por citar un par de ejemplos, en la Ley de Telecomunicaciones aprobada se establecía que la fecha límite para que concluya la transición de televisión analógica a digital era el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, a solicitud de las empresas involucradas, los legisladores del PRI y PVEM propusieron y aprobaron una prórroga del llamado apagón analógico. Este evento provocó un álgido debate en el Senado y en la opinión pública, sin que se pudiera detener la iniciativa del PRI-PVEM. Para ver un análisis del debate. Por otra parte, en la discusión de la Ley de Ingresos de 2015 en el Senado, en octubre de 2015, algunos senadores hicieron evidente una reducción del 90 por ciento en el pago de derechos por el uso de la banda de 700 Mhz. Estos son los derechos que pagan las empresas de comunicación al estado por el uso de la banda radioeléctrica que es un bien de la nación. A pesar de este señalamiento público y de que ni la SHCP ni la SCT ofrecieron estudios técnicos para justificar la reducción en el cobro de derechos (estimados en 2,700 millones de pesos), este concepto no fue modificado en la Ley de Ingresos 2016 aprobada por el Congreso de la Unión, véase intervención en el Pleno del Senado del senador Javier Lozano.
[20] Hay diversas críticas a la forma en que han operado las asociaciones público-privadas (APP) en México, ver Sandoval, I.E. (Cooordinadora) Interés Público, Asociaciones Público-Privadas y Poderes Fácticos, Ed. IIS-UNAM, México, 2015. Uno de los puntos débiles de las APPs son las propuestas no solicitadas, mismas que requieren una adecuada regulación para cerrar oportunidades de corrupción, ver aquí. Sin embargo, las recientes reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas tiene la intención explícita de relajar la regulación de las “propuestas no solicitadas”.
[21] Declaración de Amnistía Internacional. Nota periodística.
[22] La investigación muestra la triangulación de recursos que salen del erario público, entran a una asociación civil sin fines de lucro que contrata servicios a una empresa privada con sobreprecio.
[23] José Merino y Eduardo Fierro en Nexos agosto 2015.
[24] Smith, A. (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Oxford University press 1976. Cap.VII, pp.84-5.
[25] Entrevista al subsecretario de educación básica.
Fuente: http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2016/09/05/la-guerra-los-poderes-facticos-la-guerra-magisterio/
Fotografía: www.chiapasparalelo
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