Por: Jorge Capelán. Revista Correo. Nicaragua. 09/10/2016
Entre abril y mayo, en Brasil ha ocurrido lo que se esperaba: la consumación del golpe leguleyo contra el gobierno de Dilma Rousseff y su reemplazo (temporal e incierto) por Michel Temer. Sin embargo, con el golpe, las élites locales y multinacionales no han hecho más que destapar la caja de Pandora. Como nunca antes, el dilema del Brasil se plantea entre transformar su anacrónico y corrupto sistema político reconociendo el ingreso a la historia de las grandes mayorías o entrar en una profundizada y aumentada etapa de desestabilización que no beneficiaría prácticamente a nadie, incluso ni siquiera a las clases sociales defendidas por los propios golpistas.
La preocupación de los conspiradores –y la causa de sus agrias disputas internas– es quién va a ser el “boidas piranhas”, el buey viejo y enfermo que se ofrenda a las pirañas para que el resto de ladrones implicados en la trama de Petrobras pueda cruzar a salvo el río de los escándalos de corrupción. El elemento de inestabilidad para los planes golpistas es que el miedo de los conspiradores a ser sacrificados en aras de la sobrevivencia del grupo, hace que sus lealtades internas sean muy inestables y se den casos como la serie de revelaciones y filtraciones que amenazan con dar al traste con la credibilidad de todo el proyecto golpista, y con la alianza políticos-jueces-medios-empresarios que inicialmente fue tan exitosa en acosar al gobierno de Dilma y en apartarla del cargo.
Los golpistas en el poder se debaten entre, por un lado, llevar adelante una agresiva (e impopular) agenda para desmontar las políticas antineoliberales del PT (Partido de los Trabajadores), y por otro, hacer frente a las pruebas cada vez más contundentes de lo ilegítimo de su proyecto. El tan codiciado poder se convierte cada día en una fuente de desprestigio para quienes lo detentan, y las alianzas entre los propios golpistas se empiezan a desmoronar.
No lo tiene fácil la embajadora estadounidense en Brasilia, Liliana Ayalde, señalada por los medios de izquierda como el nexo golpista con la Casa Blanca, dado que, ¡oh casualidad!, también fue embajadora en Asunción durante los meses previos al golpe parlamentario contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo –un golpe que por cierto tiene una gran similitud con el que se lleva a cabo contra Dilma Rousseff en Brasil.
Independientemente de si hay pruebas o no, sería una necedad asumir que Estados Unidos (y, junto a ellos, los intereses de Wall Street y la City de Londres) nada tienen que ver con lo que está ocurriendo en Brasil hoy en día: tiene todos los motivos (ver Correo #44), todos los antecedentes (recordemos el viejo aforismo de que en Washington no hay golpes porque no hay embajada yanqui), y tiene el revólver humeante, por ejemplo, en la forma de las recientes revelaciones de WikiLeaks que señalan al actual presidente golpista Michel Temer como informante de la Embajada. Sin embargo, hay que tener presente que el imperio no lo controla todo: aunque las cosas estén “fríamente calculadas”, en un país de la escala de Brasil la naturaleza misma de los intereses en pugna hace difícil concretar un golpe de Estado, y mucho más una agenda contrainsurgente sostenible en el tiempo.
Entre el grupo de golpistas, quien parece ser la ficha del imperio y de los intereses multinacionales es el actual canciller José Serra, político del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), exministro de Fernando Henrique Cardoso, exgobernador de Sao Paulo y excandidato a la presidencia en 2002 (derrotado por Lula) y 2010 (cuando perdió frente a Dilma).
Hace ya cuatro años, en diciembre de 2012, se filtró un cable diplomático de WikiLeaks según el cual Serra La encrucijada de Brasil nuestramérica le había prometido a una ejecutiva de la Chevron, que en caso de llegar al poder, cambiaría las reglas establecidas por Lula para la explotación del yacimiento petrolífero del PreSal. El gobierno del PT había establecido que la estatal petrolera Petrobras debía tener una presencia de al menos 30% de cada pozo que se explotase en ese yacimiento, una demanda que las petroleras occidentales jamás aceptaron.
Tras la derrota electoral, desde el senado, Serra promovió un proyecto para eliminar esas restricciones –el mismo proyecto que hoy es abrazado por los golpistas. Por supuesto, gente como Michel Temer, Eduardo Cunha o Romero Jucá, son operativos del golpe, pero lo son a un nivel mucho más bajo que Serra.
A menudo se describe lo que está sucediendo en Brasil (así como otras movidas restauradoras y/o golpistas que están teniendo lugar en Nuestra América) como “guerra de cuarta generación”, “golpes suaves”, etcétera. Debemos ser cuidadosos con ese tipo de caracterizaciones, especialmente tomando en cuenta las generaciones nuevas de militantes y activistas que no vivieron los procesos anteriores. En realidad, nada surge de cero, siempre hay precedentes.
Una vieja tradición
Es importante resaltar que este tipo de golpes no es nuevo en Brasil. Hablar de “golpe blando” (allí llamado “golpe blanco”) como si fuese una novedad en la historia de la nación carioca es un error. En realidad, como claramente lo explica el analista Flavio Aguiar en un artículo publicado en la web Carta Maior, “estamos de retorno a una vieja tradición incrustada en el conservadurismo a la brasileña, que no soporta políticas ni soberanía populares por mucho
tiempo”. Como prueba de su afirmación, el analista cita una serie de casos en los últimos 200 años en los que las élites cariocas han manipulado las leyes a su antojo para deponer gobiernos que por una u otra razón no les eran de su agrado.
Entre el autogolpe del emperador Pedro I en 1824, que mandó a meter presos a una serie de diputados díscolos y directamente nombró a una “comisión de notables” para que le redactase una constitución a su medida, y la adopción forzosa del parlamentarismo en 1961 a fin de evitar que el progresista João Goulart volcase demasiado a la izquierda la política de Brasil, se cuentan al menos seis “golpes blancos” en la nación carioca. Incluso, las manipulaciones de leyes y elecciones a favor de las élites siguieron hasta la era neoliberal con una serie de trampas apoyadas por campañas sucias de los grandes medios corporativos.
Esas estrategias se usaron infructuosamente para impedir todas las victorias y sabotear la gestión del PT desde el año 2002 hasta el 2016, cuando finalmente se salieron (provisionalmente) con la suya al apartar a Dilma Rousseff de la presidencia.
Tal vez una gran diferencia hoy, según Aguiar, sea que por primera vez a las maniobras de la élite se les está llamando por su verdadero nombre, es decir, como un golpe. Es importante aclarar la justeza de llamar a las cosas por su nombre. “¿Es golpe o no?”, se preguntan todavía los medios occidentales. “Después de todo –razonan– no es violento..”.
El golpe militar es solo una de las expresiones del Golpe de Estado. De hecho, en la teoría política, ese tipo de acepción no es la más común. En realidad, el término Coup d’Etait (Golpe de Estado), apunta a una toma conspirativa, engañosa, ilegítima e ilegal del poder político en cualquier ámbito. Lo que pasa es que los golpes con tanques y soldados en las calles se volvieron parte de una imagen casi folklórica de América Latina, una especie de caricatura que terminó por ocultar la manera real como ha funcionado el poder en nuestros países.
La falacia de la derecha es que primero reduce todo “golpe” al “golpe militar” y luego deduce que, si las reacciones al golpe que está ocurriendo actualmente en el Brasil (o, por ejemplo, el llevado a cabo en Paraguay contra Fernando Lugo) difieren de las que ocurren ante tradicionales “golpes militares” (fusilados, miles de exiliados, proscritos, etc.), entonces no hay ningún golpe.
Recapitulemos brevemente lo que ha acontecido en el Brasil durante los últimos dos meses. El 30 de marzo, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del entonces vicepresidente y hoy golpista Michel Temer, anunció que abandonaba la coalición con el PT y retiró a sus miembros del Gobierno, dando así luz verde para la votación del espurio juicio político contra Dilma. (Apenas un año antes, a inicios de 2015, Temer decía que no había base alguna para un “impeachment” contra Rousseff).
Dos semanas después del anuncio del PMDB, el 17 de mayo, tiene lugar una maratónica y vergonzosa sesión de la cámara de diputados (muchos de cuyos asambleístas estaban siendo investigados por actos de corrupción en el caso Lava Jato). La mayoría opositora volcó todo su arsenal de bilis contra la presidenta y contra el PT al motivar su voto afirmativo al pedido de juicio político contra ella.
El detalle que quedó claro para los millones de televidentes que dentro y fuera del Brasil siguieron las transmisiones en tiempo real desde el parlamento, fue que ninguno de esos diputados tocó razón alguna que motivase el “impeachment” contra Rousseff: Para hacer un juicio político hacía falta una sospecha de delito punible por la ley, pero la acusación contra Dilma era la de “embellecer” el presupuesto del Estado –algo que varios de sus predecesores habían hecho en el pasado sin que tuviese consecuencias de ningún tipo. Este fue el primer “boomerang” de los golpistas, ya que no solo el pueblo brasileño sino millones de telespectadores en todo el mundo pudieron observar el nivel de descomposición de la clase política brasileña.
Las movilizaciones en contra del “golpe en cámara lenta” se volvían más nutridas y la condena al mismo alcanzaba incluso a mucha gente hasta ese entonces crítica de Dilma y del PT.
La noche del 11 al 12 de mayo, el senado aprobó oficialmente el inicio del juicio político contra la Presidenta, con lo que ésta quedaba apartada del poder por 180 días en los que se desarrollará el “impeachment”, asumiendo el golpista y ex-vicepresidente Michel Temer, un hombre al que los medios occidentales definen como “del agrado de Wall Street”.
Neoliberalismo al poder
Dejando de lado que su gobierno es formalmente provisional, Temer festejó su toma de posesión prometiendo “recuperar la economía nacional” y “moralizar” la política brasileña combatiendo la corrupción. Acto seguido juramentó el primer gabinete en muchos años compuesto solamente por hombres blancos en un país que se había acostumbrado a ver gobiernos que reflejasen la diversidad racial y del género de su sociedad. De los 23 miembros del gabinete de Temer, siete estaban procesados o investigados y doce recibieron donaciones de compañías involucradas
en el escándalo de Lava Jato.
Uno de los hombres fuertes del nuevo régimen es Eduardo Cunha, quien dos semanas antes de su nombramiento había sido jefe de la Cámara de Diputados, pero el Supremo Tribunal Federal lo obligó a apartarse del cargo por las evidencias sobre su participación en el entramado de corrupción en Petrobras. En tan solo la primera semana de gobierno, Temer se da a la tarea de poner en práctica la política que el pueblo había rechazado en las urnas, ganándose la oposición compacta de una mayoría de las y los brasileños: redujo el número de ministerios, entre otras cosas eliminando al ministerio de cultura e integrándolo al de educación, lo que le granjeó las airadas críticas de intelectuales tan prestigiosos como Caetano Veloso, Wagner Mora o el novelista Paulo Coelho.
En su supuesta lucha contra la corrupción, Temer eliminó la Contraloría General de la Unión (CGU), debilitando la capacidad del Ejecutivo para auditar a los demás órganos de gestión federal. En su lugar, la CGU fue incorporada a un nuevo Ministerio de Transparencia bajo las órdenes de Fabiano Silveira, que tardó dos semanas en renunciar tras conocerse grabaciones de conversaciones en las que recomienda medidas para frenar las investigaciones por corrupción en Petrobras. Dos ministros claves del gabinete, Romero Jucá (Planeamiento) y Henrique Alves (Turismo) estaban directamente bajo investigación por el escándalo de Lava Jato. Otros, como los que ocupan las carteras de Casa Civil (especie de ministro de la Presidencia), Ciudades, Educación y Cultura, y Defensa fueron citados a declarar por el caso Petrobras o están bajo serias sospechas de corrupción.
En la primera semana de gobierno, los titulares de Educación y Salud destacaron por sus declaraciones polémicas: el primero, Mendonça Filho, dijo que pensaba imponer el cobro de cuotas mensuales en los programas de especialización y postgrado de las universidades federales; el segundo, Ricardo Barros, dijo que el gobierno ya no podría financiar derechos básicos de los ciudadanos como el acceso universal a la salud y animó a la gente a apuntarse a planes privados de seguro médico.
No deben causar la menor sorpresa datos tales como que el actual ministro de educación es un férreo opositor a la política de Dilma de becar a estudiantes negros en las universidades, ni que el ministro de salud haya recibido financiamiento para su campaña de una aseguradora privada. Por cierto, una anunciada movida privatizadora del seguro social afectaría a seis millones de trabajadores agrícolas, denuncian movimientos de izquierda.
Otras iniciativas del gabinete de Temer en su primera semana: planes para “suavizar” la definición de esclavitud, reducir la demarcación de las tierras indígenas, recortar los programas de construcción de viviendas y vender activos del Estado en aeropuertos, servicios públicos y el servicio de correos. También disminuir drásticamente el coste del programa Bolsa Familia contra la pobreza y eliminó 4 mil empleos públicos.
El Senado ya aprobó una ley que prácticamente acaba con las licencias ambientales, un requisito fundamental para que los empresarios puedan emprender proyectos industriales y asegurar que no cometan crímenes contra la naturaleza. Y además, el ministro Jucá quiere crear una especie de licencia ambiental “especial” para grandes obras definidas por el propio gobierno como de “interés nacional”, y frenar la participación popular en las audiencias que traten esos temas.
De más está decir que el efecto de estos hechos fue el de multiplicar las resistencias y la organización popular. Se organizaron dos grandes coaliciones contra el golpe: el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, que incluyen movimientos democráticos y clasistas en Brasil, donde actúan los sindicatos, la Unión Nacional de Estudiantes, el Movimiento Sin Tierra, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo y otras organizaciones además de los partidos progresistas de Brasil. Desde pueblos indígenas en el nordeste hasta movimientos en todas las ciudades del país se han manifestado continuamente contra el golpe.
A nivel internacional, Temer enfrentó una primera semana fatal. Sólo Mauricio Macri en Argentina lo recibió con agrado. De Ecuador, Cuba, Nicaragua, Chile, Bolivia, Uruguay, El Salvador y Venezuela solo recibió condenas y rechazos. Hasta Obama incomodó con su silencio a Temer, que esperaba el abrazo cálido de Washington. Además de los gobiernos, tanto la UNASUR como la OEA manifestaron “preocupación” por lo que estaba pasando en Brasil. En Europa, los partidos del primer ministro de Italia, Matteo Renzi, y de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, además del partido del presidente de Francia, François Hollande, consideraron un abuso el procedimiento adoptado para defenestrar a Dilma.
El 23 de mayo, el ministro de Planificación del gobierno golpista, Romero Jucá, tuvo que dimitir tras conocerse unos audios donde prometía que luego de derrocar a Dilma Rousseff frenaría la investigación por los casos de corrupción de Lava Jato. Sérgio Machado, ex presidente de la compañía Transpetro (transportes de Petrobras), entregó los audios a la Justicia para salvarse.
Antes, hasta uno de los principales operadores mediáticos del golpe, la Folha de Sao Paulo, le exigía a Temer que se deshiciera de Jucá por el daño que le estaba causando a la imagen del régimen. Pero los audios que incriminaron al ex ministro de Planificación solo son la punta del iceberg, y nuevas revelaciones saltan prácticamente cada día.
Tras esas revelaciones se supo que los audios también comprometen a Renan Calheiros, presidente del Senado al conocerse sus pretensiones de modificar el régimen de “delación premiada” según el cual personas involucradas o investigadas por distintos delitos de corrupción podrían recibir beneficios o reducción de sus condenas a cambio de aportar información sobre la causa. La ola de revelaciones salpica al propio presidente interino: El 30 de mayo se supo que Michelzinho, el hijo de Michel Temer de solo siete años de edad, posee propiedades por más de medio millón de dólares.
En suma, tenemos que el golpe contra Dilma se está viniendo abajo, principalmente porque los mismos golpistas están presos de sus intereses particulares y no pueden asegurar una conducción del régimen neoliberal. Es muy posible que el propio imperio se haya dado cuenta del tipo de contradicciones que estaba desatando con la manera en que se conduce el golpe (y la clase de reacción popular que está despertando), y quizás ha decidido dar marcha atrás temporalmente.
La base de esto es que, por ejemplo, no se conoce el origen de las grabaciones que han destapado los escándalos de corrupción de las últimas semanas, así como el hecho de que sean los medios más cercanos a los intereses transnacionales y hasta el momento protagonistas estelares del golpe (como La Folha de Sao Paulo) los que las hayan difundido. Si esto es cierto: ¿Cuál será el Plan B de la embajadora Liliana Ayalde y sus jefes imperiales?
La verdad es que o cambia el sistema político o Brasil será un país muy inestable, aún para el mismo imperio. De ahí que no parece probable que Temer sobreviva los primeros seis meses de su mandato provisional, y si los sobrevive, no lo hará pasado el 2018 ya que se convertirá en un cadáver político. Mientras que en Argentina Macri fue capaz de dividir a sus opositores y al menos en un inicio ha podido llevar adelante una agresiva agenda de contrarreformas en todos los frentes, Temer parece tener el efecto de unir en su contra a la opinión de Brasil, incluso más allá de la izquierda o del apoyo a la figura de Dilma. Con todas las críticas que se puedan hacer a los intereses mezquinos que se mueven dentro de la derecha argentina, lo cierto es que el liderazgo la derecha brasileña era y es mucho más débil.
¿Qué pasará con Dilma? Ante la presión popular, las revelaciones que se suceden sobre la corrupción de la clase política y la creciente incapacidad del gobierno golpista de Temer, no sería extraño que el Senado decidiese absolver a Dilma y regresarla a la presidencia.
Queda todavía la incógnita sobre si las próximas elecciones que se celebren en Brasil serán presidenciales –por primera vez sin financiamiento privado a partidos políticos– o si será una Constituyente que le permita al Brasil tener un sistema político y un Estado verdaderamente democráticos.