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Funcionarios leales a Peña Nieto, responsables de investigar los millonarios desvíos de recursos.

Por: 12/09/2017

A la Procuraduría General de la República, a cargo de Raúl Cervantes, y la Secretaría de la Función Pública, de Arely Gómez, les tocará determinar a los responsables del presunto desvío de 3 mil 400 millones de pesos por parte de diversas dependencias del gobierno federal.

El 21 de agosto de 2015, el entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, determinó que no hubo irregularidades en la adquisición que hizo Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, de una casa en Lomas de Chapultepec, bautizada como “La Casa Blanca”.

Rivera compró por 7 millones de dólares una residencia ubicada en Sierra Gorda número 50 a grupo Higa, una de las empresas que más contratos de obra había recibido por parte de Peña Nieto entre 2005 y 2011 cuando fue gobernador del Estado de México.

Para el titular de la SFP no hubo conflicto de interés y tan tan, se le dio carpetazo al asunto.

Luego de esta investigación, Andrade salió de la dependencia y en su lugar llegó Arely Gómez, quien se había desempeñado como titular de la PGR.

Ahora, Arely Gómez, quien en 2012 obtuvo una senaduría plurinominal por el PRI de la que solicitó licencia, será la encargada de determinar hasta dónde llegan las responsabilidades de funcionarios públicos por el presunto desvío de 3 mil 400 millones de pesos que denunció la noche del 4 de septiembre una investigación realizada por el portal de noticias Animal Político en conjunto con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La SFP, en manos del PRI

La investigación que lleva por título “La Estafa Maestra” evidenció cómo el gobierno federal, a través de 11 dependencias, creó un esquema para incumplir la Ley de Adquisiciones mediante la firma de convenios con universidades públicas las cuales subcontratan a otras empresas para, supuestamente, brindar servicios al gobierno federal.

La irregularidad radica en que de las 186 empresas subcontratadas por las universidades 128 presentaron alguna irregularidad, además de que se trata de un esquema ilegal, pues solo se permite si las instituciones de educación superior realizan 51% del servicio contratado, pero esto no ocurrió.

Arely Gómez llegó al Senado en el 2012 a través del PRI.

“De las 186 empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, por ejemplo, entre 2014 y 2015, declaró ‘fantasma’ a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando las buscó para revisar su legalidad”, resume la investigación periodística.

El reportaje se centró en 73 convenios firmados entre 11 dependencias y ocho universidades públicas que están incluidos en las cuentas públicas de 2013 y 2014, estos convenios implicaron contratos por 7 mil 670 millones de pesos, de los cuales no hay rastro de dónde quedaron 3 mil 433 millones de pesos. Lo que sí se sabe es que las universidades “cobraron” entre 10 y 15% de comisión por hacer nada… solo servir de gestoras.

Administrativamente, la titular de la SFP depende del presidente, es decir, investigará a su jefe.

Ante esta denuncia, la SFP, encabezada por la priista Arely Gómez, informó a las pocas horas de darse a conocer el reportaje que las dependencias señaladas de presuntas irregularidades han ido solventando las observaciones y que se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en 3 dependencias federales.

Además, se abrió una investigación contra otros 40 servidores públicos federalesrelacionados con estas observaciones.

Y aunque advierte que las investigaciones llegarán “hasta sus últimas consecuencias”, y que iniciará los procedimientos de responsabilidades que conforme a derecho correspondan, el riesgo de que estas pesquisas terminen igual que la Casa Blanca es una posibilidad latente, dado que la titular de la SFP depende del presidente Peña Nieto.

También tiene vela en el entierro “el fiscal carnal”

La investigación periodística incluye una entrevista con Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo del Estado encargado de fiscalizar las cuentas del gobierno federal.

Aunque la ASF tiene autonomía e independencia en sus investigaciones y decisiones, no tiene “dientes” para sancionar irregularidades de este tipo y solo puede denunciar los presuntos delitos que encuentre en la Procuraduría General de la República (PGR).

Raúl Cervantes trabajó en la campaña presidencial del PRI en el 2012 y también fue senador.

Sin embargo, Portal reconoce que el esquema de desvío de recursos públicos que exhibió la investigación periodística de Animal Político y MCCI sí es un fraude, “un claro acto de corrupción” y los titulares de las dependencias involucradas son los responsables de los hechos, aunque no hayan firmado los convenios con las universidades para desviar recursos.

Según Portal, desde el 2013 la ASF advirtió que esta forma de contratación violaba la ley y hasta el momento ha presentado 15 denuncias penales por estos presuntos desvíos.

Pero, cuando estas denuncias llegan a la PGR se topan con que el titular de la dependencia es Raúl Cervantes, otro incondicional del presidente Peña Nieto, quien también llegó al Senado en 2012 por la vía plurinominal, abanderando al PRI, y que quiere ser Fiscal General por un periodo de nueve años.

En la actual legislatura Raúl Cervantes ha solicitados dos veces licencia en el Senado: la primera fue en septiembre de 2014 para autocandidatearse como posible ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero las dudas de su independencia hicieron que diera marcha atrás a su propósito.

El 30 de octubre de 2015 regresó a su escaño para volver a pedir licencia un año más tarde, a fin de tomar las riendas de la PGR.

Diversas voces acusan que Raúl Cervantes no puede ser imparcial al investigar la gestión de Peña Nieto.

Partidos de oposición y diversas organizaciones sociales, han bautizado a Cervantes como “el fiscal carnal”, debido a su cercanía con Peña Nieto -trabajó en el área jurídica durante su campaña electoral– y por ello piden que se rechace el “pase automático” para que se convierte en el primer Fiscal General del país por un periodo de nueve años.

Pero mientras se decide si se le da o no ese llamado paso automático, las denuncias de la ASF de las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios peñistas, las indagará un priista leal al presidente.

Las resoluciones tanto de la SFP como de la PGR en torno a este caso son de pronóstico reservado.
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Fotografía: 

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