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EL PACTO CONTRA MÉXICO

Por: Marcelino Guerra Mendoza, Lucia Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal. Columna: Cortocircuitos. Contacto: labandadelxs3@gmail.com

Al día siguiente de tomar protesta, Enrique Peña Nieto firmó con los presidentes de los tres partidos políticos más representativos del país, el Pacto por México: Jesús Zambrano Grijalva (PRD); María Cristina Días Salazar (PRI) y Gustavo Madero Muñoz (PAN). En la presentación pública, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dejó en claro lo que significaba la democracia para el nuevo gobierno: “Los partidos demuestran que la democracia no se traduce sólo en representación popular. Hoy, demostramos con hechos que la democracia se traduce en acuerdos, negociación permanente y colaboración respetuosa y responsable” (El presidente Peña Nieto firma el Pacto por México)

No quedaba duda, para el nuevo gobierno, la democracia era una cuestión de acuerdos, negociaciones y arreglos entre el ejecutivo, los partidos mayoritarios, el Congreso de la Unión y otras fuerzas políticas. El Pacto fue el instrumento para materializar esta singular forma de concebir la democracia, un dispositivo de poder compuesto por discursos cargados de promesas y declaraciones triunfalistas de un gobierno que apenas iniciaba su mandato, en medio de impugnaciones electorales y fuertes cuestionamientos.

Como se recordará, el Pacto consta de cinco ejes: Sociedad de derechos y libertades; Crecimiento económico, empleo y competitividad; Seguridad y justicia; Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y Gobernabilidad democrática. Para cada uno de ellos, se establecieron 95 compromisos específicos. Del primer eje, Sociedad de derechos y libertades, se desprendió, entre otros, el compromiso relativo a educación de calidad y con equidad.

Ahí quedó claramente asentado que se impulsaría una reforma en materia educativa, con tres objetivos: aumentar la calidad de la educación básica reflejada en los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA; aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior; esto además de recuperar la rectoría del sistema educativo nacional por parte del Estado, manteniendo el principio de laicidad.

Para lograr tales objetivos, se propuso la creación del sistema de información y gestión educativa (SIGED); la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, a partir de dotar de autonomía plena al INEE; robustecer la autonomía de gestión en las escuelas; establecer escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias; dotar de computadoras con conectividad a los alumnos de 5° y 6° de primarias públicas; crear el Servicio Profesional Docente; fortalecer la educación inicial de los maestros; incrementar cobertura en educación media superior y superior y crear un programa nacional de becas para alumnos de educación media superior y superior.

En julio de 2012, cuando aún no contaba con la constancia de mayoría como presidente electo, Enrique Peña Nieto presentó públicamente a un sonriente equipo de tres colaboradores, quienes tenían la encomienda de preparar las agendas de reformas legislativas, diálogo político y defensa legal de la elección:  Luis Videgaray Caso, responsable de la oficina de Políticas Públicas para preparar reformas en materia educativa, fiscal, laboral, energética y de seguridad social; el exgobernador de Hidalgo y secretario de Organización del PRI, Miguel Osorio Chong, encargado de la Coordinación de Diálogo y Acuerdo Político, para establecer contactos con otros partidos; el tercer integrante era el también exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, quien se encargaría de defender el triunfo del PRI ante impugnaciones que se presentaran en el Tribunal Electoral.

El Pacto comenzó a fraguarse poco después de las elecciones, sin que el TRIFE declara legal el resultado electoral, sin que se expidiera la constancia de mayoría, sin aclarar la procedencia de las tarjetas Mónex y un sinfín de inconformidades post electorales no resueltas. Eso era lo de menos, había prisa por comenzar a gobernar, era necesario negociar, pero no con quienes mostraban descontento, sino con quienes ayudarían a impulsar un ambicioso programa de reformas estructurales, De ahí el llamado a tomar acuerdos (Es hora de acordar, no de imponer).

Diversas notas y artículos periodísticos le atribuyen a Jesús Ortega, representante de la corriente Nueva Izquierda del PRD, la idea de firmar un Pacto. Quienes han rastreado el asunto, dicen que la idea surgió en una plática de dos viejos amigos: el mismo Jesús Ortega Martínez, y José Murat Casab, ex gobernador priista del estado de Oaxaca, respectivamente; este último le comunicó la idea a Peña Nieto, por conducto de Luis Videgaray. La propuesta fue vista con buenos ojos por el entonces presidente electo; de inmediato comenzó el acercamiento entre el PAN, el PRI y el PRD. Algunas fuentes aseguran que un selecto grupo de 12 políticos, le dieron forma al Pacto, uno de ellos el panista Javier Corral, asesor del PRD en la reforma en telecomunicaciones (La historia del frágil “Pacto de los Cuates”). 

Antes de presentarlo en sociedad, ya se había elegido a un presidente en turno y nombrado a un Consejo Rector que por supuesto, recayó en las dirigencias partidistas, para evitar fuga de información. De igual forma, se incorporó a secretarios técnicos de cada partido político: por el PRI, Aurelio Nuño; por el PRD, Carlos Navarrete y por el PAN, Juan Molinar Horcasitas (Como se cocinó el Pacto por México)  

El Pacto por México se firmó el día dos de diciembre de 2012, sin mayores objeciones; la mayoría de los medios lo consideraron como la quintaescencia democrática de un gobierno federal cuyo titular tomó protesta en medio de numerosas protestas y un fuerte dispositivo de seguridad. En tono triunfal, los dirigentes perredistas, Jesús Ortega y Zambrano, festinaron la firma como un gran acuerdo de fuerzas políticas.

Más allá de los personajes involucrados, el Pacto trascendió a quienes lo propusieron, diseñaron y promovieron; permitió llevar a cabo, con una celeridad inusual, un conjunto de reformas estructurales, entre ellas la educativa. A nombre de la democracia, inauguró un proceso de despojo y sometimiento de la clase política y la oligarquía nacional, en contra de la nación.

Es común hablar, pensar y desear la democracia como forma de vida, pero evidentemente, el Pacto firmado entre el ejecutivo y las fuerzas partidistas, está muy lejos de esta idea, su noción de democracia es muy otra. Se nos olvida que el concepto de democracia que flota en el ambiente social y político constantemente, y más en tiempos electorales, es una producción histórica que por un lado funciona como un ideal de vida en el grueso de la gente, al mismo tiempo que es utilizado por el poder para justificar sus acciones y conseguir determinados objetivos.

A menudo, a la democracia se le identifica con la izquierda partidista y parlamentaria; se acepta como ideal sin mayor recelo, no se crítica y, mucho menos, se desmonta la conveniencia o la pertinencia de una noción tan singular de democracia, como la expuesta por Osorio Chong en la firma del Pacto.  ¿Este tipo de democracia es la queremos o deseamos? ¿A razón de qué las dirigencias partidistas negocian un Pacto de impunidad, sin consultar con sus representados?

El hecho es que los legisladores que impulsaron y defendieron las reformas estructurales a nombre de la democracia, olvidaron por completo que ocupan cargos de representación popular y que llegaron a ellos por la vía electoral. Defensores de una democracia de papel, una vez en el cargo se adscribieron, sin ambages, a una democracia construida a base de negociaciones entre cúpulas. Se transformaron en cómplices y colaboradores del gobierno federal.

Con su anuencia, complacencia, y connivencia, todas las reformas estructurales, y en primer lugar la educativa, comenzaron con cambios constitucionales. Una vez modificado el marco legal, las estrategias normativas e institucionales para operarlas, se definieron e instrumentaron rápidamente, siempre mostrándose ante la población, como algo absolutamente necesario e inaplazable.

Los perfiles de los legisladores son acordes a los intereses del poder, que sabe enaltecer y fortalecer egos para garantizar la consecución de propósitos, acuerdos, negociaciones, colaboraciones, corrupciones e impunidad. Y así es como se construyen redes, se borran límites, se omiten principios (si es que alguna vez los hubo), se hacen arreglos y se establecen compromisos inconfesables.

Cuando EPN envió al Congreso su iniciativa de reforma, quedaba claro que había prisa, tanta que, cuando se compara el texto del Pacto con el de la Iniciativa de Reforma Constitucional de EPN, el contenido es prácticamente el mismo.

Lo que comenzó como estrategia de negociación para establecer acuerdos y compromisos entre las fuerzas políticas más representativas en el Congreso de la Unión, se transformó en una iniciativa presidencial que recorrió velozmente el trayecto parlamentario, culminó en tan solo 10 días con un cambio constitucional de gran calado, como lo detallamos en nuestro texto Poderes Percutidos.

El Pacto por México permitió imponer en tiempo récord y sin mayores obstáculos, una reforma constitucional en materia educativa que muchos han reclamado fue hecha al margen de los maestros, sin consultarlos, sin considerar sus necesidades. Cierto, así fue, y no por error, sino por cálculo político. ¿Para qué realizar consultas populares, o buscar legitimidad entre los electores y representados, cuando un Pacto entre fuerzas políticas representadas en el congreso, era suficiente?

Curiosamente, durante el proceso de aprobación, no existió movilización alguna. Las resistencias magisteriales comenzaron cuando la reforma constitucional a los artículos 3° y 73°, estaba consumada. Las protestas, marchas, mítines, toma de instalaciones gubernamentales, casetas y autopistas, se intensificaron cuando las leyes secundarias se encontraban en proceso de discusión y aprobación. Pero ya era demasiado tarde. ¿En verdad nadie lo vio venir?, ¿ni los líderes magisteriales, ni los analistas críticos, ni los hoy asesores académicos de la CNTE?

Como hemos venido insistiendo, el diagnóstico de la crítica fue parcial, estuvo equivocado. No hubo el cuidado necesario para analizar, mucho menos evidenciar durante el proceso legislativo, los alcances de corto, mediano y largo plazo, que tendría la reforma constitucional en materia educativa. En consecuencia, desde el inicio de las movilizaciones, la inconformidad nunca cristalizó en una demanda clara y contundente de abrogación, que no simple cancelación o suspensión de la reforma constitucional.

Cuando los críticos y asesores de la CNTE insisten en afirmar que la reforma no era, no es, no fue ni será educativa, sino laboral y administrativa, se reafirma un canon crítico que un amplio sector de bases magisteriales ha adoptado y aún sostiene. A menudo mencionan que es neoliberal, que responde a los intereses del mercado, pero sin dejar en claro qué quiere decir eso, cómo afecta a amplios sectores sociales, y sobre todo, cuáles son los riesgos de instalar el neoliberalismo en las aulas, en las prácticas y las mentes de los profesores.

Hoy nos encontramos al inicio de un nuevo proceso electoral. No olvidemos que, en el pasado reciente, los dirigentes de los partidos políticos y legisladores en turno firmaron un Pacto contra México para impulsar una reforma educativa pergeñada por los grupos más poderosos del país, con rostro de sociedad civil.  

Quedan interrogantes para seguir analizando la reforma educativa en la coyuntura electoral. ¿Hasta dónde llegó la instalación del concepto de democracia priista en los asesores y dirigencias magisteriales para formar parte del dispositivo del poder y lograr acuerdos particulares en un movimiento nacional? ¿Por qué las protestas, resistencias y movilizaciones no ocurrieron cuando la reforma constitucional en materia educativa se encontraba en proceso de aprobación? ¿Tendrá sentido seguir entrecomillando o negando lo educativo de la reforma en lugar de exigir su abrogación? ¿A quién y de qué sirve negar el carácter educativo de la misma, cuando hoy existen múltiples señales de que se ha ido instalando en las escuelas, entre los maestros, alumnos y padres de familia? 

Fotografía: elextranewspapper

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