Por: Revolución TRES PUNTO CERO. 19/08/2016
El 29 de abril, Carlos Gaona cumplió 32 años de vida y su madre no tuvo idea de cómo celebrarlo pues señala: “es su cumpleaños y se acerca el Día de la Madre, cómo cree que me siento si ya no está junto a mí”, dijo doña Lilia.
Su hijo fue desaparecido por policías del estado de Michoacán hace cuatro años y ahora está a punto de desaparecer hasta en la ley, porque las familias no tienen cabida en la discusión de la normativa que combatirá la Desaparición Forzada en el Senado de la República.
La iniciativa, enviada a la Cámara Alta por Enrique Peña Nieto, es para muchos familiares de personas desaparecidas un documento lleno de fallas, ya que no se apega a estándares internacionales ni logra recabar las demandas que los activistas y defensores de derechos humanos exigen.
El lunes 14 de diciembre de 2015, el Ejecutivo federal envió al Senado su propuesta de iniciativa para la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas.
Esta revisión la llevaron a cabo las Comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos; sin embargo, familiares y activistas han acusado al Ejecutivo de dejarlos fuera de la discusión de un asunto que conocen de primera mano.
Lo conocen bien porque son sus familiares de alguno de los 27 mil 659 desaparecidos que reconoce el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) al 31 de diciembre de 2015 y aun, así no tienen voz ni voto en la propuesta del presidente.
Arresto y desaparición
En la caja de la patrulla 706 de la Policía Estatal de Michoacán, Carlos Gaona era una persona distinta a la que su madre recuerda.
Recuerda que el carácter de su hijo es muy fuerte, el joven -de entonces 28 años- era valiente, repite su madre una y otra vez.
Sin embargo, con las manos esposadas y en la parte trasera de la Ford f-150, estaba bastante tranquilo, Lilia Martínez cree que ya sabía lo que le iban a hacer, que iban a desaparecerlo ese día, después de acusarlo de robarse una camioneta.
Lilia recuerda que una vecina la alertó una tarde de domingo: “los policías están golpeando a tu hijo”; entonces, Lilia corrió a la esquina de la calle Santa María de los Urdiales con la calle Antimonio, una intersección rodeada de bodegas en el centro de la colonia Industrial de Morelia.
Era un operativo en el que participaban cuatro patrullas de la extinta Policía Estatal de Michoacán: la 128, la 708, la 710 y la 706 donde estaba Carlos escoltado por un policía vestido con ropa táctica y cargando un rifle de asalto AR-15.
A bordo de la 706, estaban los oficiales Felipe de Jesús, Saúl Rosiles e Inocencio García, quienes encabezaban un operativo para detener a presuntos ladrones de autos en esa colonia.
Pero en aquel momento, Lilia Martínez no sabía nada de eso, tuvieron que pasar más de tres años para que averiguara cada detalle del operativo que terminó con la desaparición forzada del tercero de sus cuatro hijos.
Acusaban a Carlos de haberse robado una camioneta Ford Lobo color negra, propiedad de su novia, de la que doña Lilia tenía la factura. “¿Cómo se la va a robar si yo tenía los papeles?, yo les reclamaba pero no escuchaban nada”, recordó la señora.
Está obligada a repasar lo que sucedió ese dos de septiembre de 2012 para recordar detalle a detalle los sucesos. “Yo nunca me imaginé que iba a tener que recordar ese día, pensé que rápido nos movíamos y lo sacábamos del problema, que lo iban a llevar a barandillas y le pagábamos una fianza y listo, pero no fue así”, relata Lilia antes de que las lágrimas le impidan terminar su narración; antes de poder decir, que a ella también se la llevaron los policías.
Lilia Martínez fue arrestada por otra extinta corporación conocida como Agrupamiento Femenil. Tres oficiales la llevaron a la cárcel acusada de alterar el orden público durante la detención de su hijo. Lo último que recuerda, es que ambos estaban en patrullas distintas y alcanzó a despedirse de él.
Pared legislativa
“Nosotros somos las víctimas, nuestros familiares desaparecieron, sabemos el proceso que hay que seguir, tanto legal como psicológico y cómo tienen que apegarse a estándares internacionales. ¿Cómo piensan pasar una ley que no nos tome en cuenta?” reclamó la activista michoacana, Janahuy Paredes Lachino, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Janahuy es integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem), una organización que forma parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México creado, precisamente para impulsar una ley que combata la desaparición forzada.
Más de 40 asociaciones en contra de la desaparición forzada se unieron para formar un frente común, a fin de impulsar una legislación que realmente ayude a las víctimas directas de este delito y a sus familiares, quienes tienen que lidiar con la ausencia de sus seres queridos.
“Es bueno que ahora haya ‘voluntad política’ del presidente de la República para llevar a cabo una ley, tanto de desaparición forzada como para combatir la tortura, pero esta tiene que estar bien hecha o no sirve de nada”, refirió Janahuy Paredes.
Una ley bien hecha implica, primordialmente, que los familiares participen en ella, en particular, con la inclusión de las 10 propuestas que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hizo para que la ley sea favorable con las víctimas de este delito.
Incluso la Oficina de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México emitió una opinión similar, luego de pedir “que la futura ley general sea el resultado de un proceso de inclusión, participación y consulta con las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan (…) su participación activa es indispensable para dotar a la ley de legitimidad y potenciar la generación de un contexto de exigencia ante los retos que implicará su implementación”, apuntó la dependencia en un boletín difundido el 30 de agosto de 2015.
En primer lugar, los defensores de derechos humanos y familiares, exigen que se reconozca la desaparición forzada “con un enfoque jurídico, forense y psicosocial”. Esto implica la necesidad de reformas que permitan acciones que pueden ir desde emitir declaraciones de ausencia, acceso a pruebas forenses de todo tipo y apoyos a familiares, encaminados a resarcir el daño que causa la desaparición forzada.
Además, se busca que la ley abarque casos de desapariciones actuales, futuros y también pasados -como los ocurridos en la década de los 70 durante la llamada Guerra Sucia- así como que las investigaciones sobre desapariciones forzadas tengan pleno respeto a los derechos humanos e incluyan perspectiva de género.
También buscan que la desaparición forzada sea atribuida únicamente a servidores públicos y sea tipificada como delito bajo los estándares internacionales establecidos, tomando en cuenta la creación de otro delito que es la desaparición por particulares, misma que tendrá estándares similares, aunque únicamente cambiaría el perpetrador, mas no la víctima.
Entre los puntos promovidos por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México también está el que se priorice la búsqueda de la persona desaparecida, incluso por encima de un “enfoque punitivo exacerbado”; es decir, búsquedas eficaces, en vez de penas más duras.
Como cuarto punto, los activistas del movimiento exigen que “la investigación deberá ser independiente, imparcial, exhaustiva, eficaz, pronta, con adecuadas medidas de protección para las víctimas y los familiares, y con una coadyuvancia fortalecida”.
Además proponen que se creé una fiscalía especializada en casos de desaparición forzada con presupuesto y personal suficiente para atender está “práctica generalizada”, como la catalogó el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Pero eso no es todo, las familias también exigen la prohibición de inmunidad, amnistía o indultos que beneficien a los perpetradores de las desapariciones forzadas, así como la imprescriptibilidad de la aplicación de la ley en dichos casos.
“Estamos hablando de una ley y muchas reformas que abran un nuevo marco legal para evitar que las desapariciones forzadas sigan vulnerando al pueblo, también hay que señalar que no sólo quien desaparece es víctima; lo son sus hijos, sus padres, su pareja, todos los que se ven vulnerados cuando se comete este delito”, concluyó Janahuy Paredes.
EPN se queda corto
A pesar de todas las exigencias hechas por los familiares, mismas que fueron reforzadas por el diagnóstico del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, la propuesta que revisa el Senado de la República, “se queda corta”, según las víctimas de este delito.
La propuesta de Peña Nieto se basa en cuatro puntos que impulsan la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Registro Nacional Forense y el Consejo Nacional Ciudadano –integrado por activistas y víctimas- que regule a los tres anteriores.
Si bien Peña Nieto incluye algunos aspectos que reclaman los activistas, aún hay varios temas que deben ser incluidos, como integrar la figura de “persona no localizada” dentro de la ley.
“El problema de integrar a una persona ‘no localizada’ implica que hay dos categorías, desaparecidos y no localizados, esto es grave porque son los familiares quienes tienen que comprobar que su familiar fue desaparecido para que la ley lo ampare”, aclaró la dirigente del Cofaddem Janahuy Paredes.
Sin embargo, va más allá. Janahuy Paredes explicó que una ‘persona no localizada’ no tiene victimario y, por lo tanto, excluye al Estado Mexicano de su responsabilidad porque técnicamente no hubo nadie quien la desapareciera.
“Es una laguna y si no la detenemos vamos a seguir teniendo ‘no localizados’ algo que incluso suena menos grave porque ya no hay responsables. En general, la ley de Peña Nieto está creada para proteger al Estado, sobre todo a los militares”, reclamó la activista.
A mí ya me fregaron
La patrulla blanca con el logotipo del Agrupamiento Femenil en color rosa, estaba estacionada en una calle de la colonia Las Margaritas, a un kilómetro de donde había sido arrestado su hijo.
Lilia recuerda que estuvieron ahí varios minutos mientras la comandante hablaba por teléfono con un celular propio y no con la radio de la frecuencia policiaca.
“¿Qué jefa, ya la bajamos?” preguntó una mujer policía a la comandante del Agrupamiento Femenil, corporación policiaca disuelta en febrero de 2014. “No, rumbo a barandillas”, ordenó la oficial después de 15 minutos.
Doña Lilia estuvo arrestada tres horas en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pensando que su hijo estaba probablemente con ella. Carlos estuvo esposado bajo el sol esas mismas tres horas, después lo bajaron de la patrulla y lo metieron en un auto lavado en la misma esquina de la colonia Industrial.
La hija de Lilia le contaría después que del auto lavado, los oficiales se llevaron a ocho personas más, incluyendo a la novia de Carlos, Elba Torres Esquivel, quien también fue desaparecida ese día bajo sospecha de que la pareja robaba autos y asaltaba gasolineras en la ciudad de Morelia.
Elba alcanzó a darle su bolsa con su celular antes de que los policías la arrestaran, “ya le marqué a mi hermana pero me dicen que no pueden hacer nada, son órdenes de hasta arriba”, le pudo decir antes de que la llevaran al auto lavado junto a los ochos detenidos más.
Los nueve sospechosos fueron escoltados al auto lavado “La Estrella” y la policía se los llevó en dos camionetas particulares, una roja y una blanca. Al día siguiente, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció el arresto de seis sujetos “mientras desvalijaban dos vehículos que tenían reporte de robo”.
Entre los detenidos figuraban hombres de entre 17 y 28 años de edad que fueron arrestados en posesión de una camioneta y un auto, ambos “en avanzado estado de desmantelamiento”; sin embargo, el boletín nunca mencionó a Carlos Gaona, a Elba Torres, ni a otro joven que fue arrestado ese mismo día por la SSP.
Los tres desaparecieron aquella tarde de domingo sin que haya pistas de su paradero. “Mi corazón me dice que está vivo” aseguró doña Lilia mientras relataba los días posteriores a la detención y desaparición de su hijo Carlos.
Tras pagar 30 pesos de multa, Lilia salió de la cárcel y el lunes por la mañana acudió al Ministerio Público para buscar a su hijo. No hubo respuesta; entonces, presentó una denuncia por desaparición en la Fiscalía antisecuestros de la Procuraduría Estatal que quedó consignada con el número 603/2012/IV/DAE, misma que sigue sin avances desde el cinco de septiembre de 2012.
Desde entonces, solamente ha recibido rumores de lo que sucedió con su hijo, dicen que lo tienen trabajando como chofer para un grupo criminal, que es guardaespaldas de un jefe policiaco, que lo vieron en una camioneta de lujo y un policía federal le dijo: “olvídese de él, seguro ya se lo chingaron”, pero Doña Lilia no lo acepta.
Su hijo sigue vivo, lo supo sobre todo ese 29 de abril de 2016 que fue su cumpleaños 32 y dice que algún día va a tocar la puerta de su casa, aunque sea para saludar.
– ¿Sabe que su hijo va a volver?
– Yo sé que, a quien lo tenga, a quien me lo quitó, pues no se lo voy a poder quitar porque son muy poderosos, es la maña y el gobierno juntos, ¿yo cómo voy a poder contra ellos?, pero si lo puedo ver y saber que está bien, pues con eso me conformo. A lo mejor si hubiera una ley pero es muy difícil.
– ¿De qué sirve una ley contra la desaparición forzada?
– Pues ahora sí que a mí ya me fregaron, ahora sí que para que ya no frieguen a más gente y atrás de mí, a mi familia. A mí sí me gustaría que saliera esta ley porque hay más familia y cuanta gente que está pasando por esto, no se me hace justo que se lleven más gente.
Fuente: http://revoluciontrespuntocero.com/el-calvario-de-la-desaparicion-forzada-a-mi-ya-me-fregaron-que-no-frieguen-a-mas-gente-madre-de-joven-desaparecido
Fotografía: revoluciontrespuntocero