Por: Arturo Rodríguez García. 28/09/2017
Festivo septiembre que a sacudidas se transformó en luto. Nuestras heridas no han empezado a sanar porque aun no termina la desgracia para parientes que buscan a sus desaparecidos; por la expectativa de quienes lo perdieron todo y, como sea, quieren recuperar algo; por el miedo de las noches de insomnio y los días de agudeza auditiva que espera la indeseable alarma.
Es cierto que aun es temprano. Emotivos, supimos de la actuación solidaria de mujeres y hombres, del pueblo pues, que por todos se fue a partir el alma. Emotivos, hay quienes agradecen al gobierno por hacer aquello para lo que se le paga y olvidan lo que no ha hecho o hizo mal.
Nos apropiamos de la tragedia por un reflejo que reconoce los comunes rasgos: hijos, padres, hermanos muertos que son de otros, pero son también nuestras víctimas, nuestros muertos. Y en eso, la cotidianidad se ve alterada por días, semanas, meses y algunos pocos por años, hasta que nos acostumbramos a vivir bajo los parámetros anormales, las resignaciones gnósticas que abrazamos para hacer llevadera la angustia y las proclamas que exaltan la espiritualidad laica.
Es cierto, decía, que es temprano, pero también temprano debe ser el reclamo de justicia. Imprevisibles, los sismos pero no las negligencias como ocurrió con el edificio tan irregular que hasta helipuerto tenía en la colonia Hipódromo, y doloroso, como sólo duele cuando se trata de niños, el del Colegio Enrique Rébsamen.
Ayer la delegada de Tlalpan –y virtual candidata de Morena al gobierno de la ciudad— Claudia Sheinbaum, se lavó las manos, pero al mismo tiempo informó de procedimientos burocráticos que desde hace tres años se iniciaron en las instalaciones de ese centro educativo. Tres años de pasársela en oficios, declaraciones sin inspecciones exhaustivas, verificaciones que no se realizaron, denuncias ciudadanas que no procedieron. El resultado de esa cauda de trámites negligentes es la muerte de 19 niños y ocho adultos.
El día 19 pero de febrero de 2006 se puso de manifiesto una situación similar, cuando en una explosión –que también siempre se ha querido hacer pasar por causa de fuerza mayor—sepultó a 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos, al norte de Coahuila. Ahí, las inspecciones y procedimientos de verificación de la secretaría del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, llevaban tres años desde que identificaron que la estructura era insegura. Ahí, muy temprano, ocultaron pruebas.
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Fotografía: notassinpauta