Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza. UPN-Ajusco.
En junio de 2015 se realizó la primera evaluación a los asesores técnicos pedagógicos (ATP). Miles de maestros presentaron los exámenes correspondientes, a pesar de las suspensiones previas, de las protestas contra la reforma educativa, del poco tiempo de preparación, de infraestructuras lamentables, de fallas continuas en los equipos de cómputo, de la policía, etc.
Tanto para los ATP’s, como para los demás maestros convocados, el dilema era presentar o no el examen; un número considerable decidieron hacerlo. Pero un porcentaje variable, en diferentes estados, de diferentes niveles y zonas educativa, decidieron que no. Por ejemplo, en Durango, en medio de bloqueos a los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial (CBTIS) 89, 130 y 110, de la acción policíaca y la detención de cerca de 20 maestros, la secretaría de educación del estado reconoció que alrededor del 30 por ciento de los convocados no presentó el examen. Otras fuentes aseguraron que fue el 90%. En otros lados la situación fue similar (http://lasemanaahora.com.mx/?p=56543).
En términos colectivos, la cuestión era las resistencias, su potencia, su eficacia y su permanencia. En términos individuales, el problema era moral y laboral: presentar o no el examen, atenerse a las consecuencias o participar en una protesta generalizada. Un dilema fáustico, de los más difíciles, de esos que siempre surgen en estos casos, de los que nunca se sale indemne.
En agosto de 2017, otra vez los ATP’s vuelven a ser noticia. Otra vez como protagonistas de manifestaciones, mítines y protestas, en esta ocasión por razones distintas. Ya no por la evaluación, tampoco como parte de protestas generalizadas contra la reforma educativa, sino por el oficio CNSPD/0797/2017, firmado por la Mtra. Ana María Aceves, titular de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), en el que se anuncia la anulación del proceso evaluatorio iniciado en abril. Motivo: las irregularidades detectadas, en particular, porque el examen de la tercera fase no era el adecuado para valorar las competencias que debe tener un ATP.
Los maestros evaluados se presentaron ante las autoridades educativas estatales para exigir los resultados que debían darse el 11 de agosto, después de dos años de inducción, de una evaluación en tres fases, que incluía un plan de intervención de dos meses, informe de responsabilidades por parte de la autoridad educativa inmediata, y un examen con duración de 4 horas.
Ante las protestas, el secretario de educación pública dijo: “los vamos a mantener en el puesto durante todo este año, no van a perder la plaza, van a mantenerse igual”, o sea, no pasa NADA. Desde luego, los ATP’s no piensan igual. Felipe Bochomo Ontiveros, de Culiacán, lo dijo claramente: “…ganaron una promoción de puesto el 2015, misma que ya trabajaron durante dos años para que al final del proceso, se realiza una evaluación y les deben entregar una clave como ATP y que tenía que haber salido el viernes 11 de agosto…(y ahora)…nos mandata a trabajar otro año más porque argumentan que el examen que hicimos no era el adecuado” (https://olegario.mx/2017/08/protestan-en-la-sepyc-maestros-asesores-tecnicos-contra-proceso-de-evaluacion/).
¿Cómo es posible que después de dos años, de una convocatoria, de una evaluación en tres fases, de casi cinco meses de espera, el día que debían darse los resultados el INEE olímpicamente desconociera el proceso mismo de evaluación, por irregularidades en el diseño del examen de conocimientos? ¡Después de 5 meses! ¿Cómo es posible?
En cualquier otro sistema educativo, lo menos que se puede esperar de un desaseo como este es la defenestración pública de los responsables. En México no, ni en el INEE, ni en la CNSPD, los responsables son tocados con el pétalo de una rosa. La solución es otra: una prórroga, acompañada de una explicación a medias que a nadie convence (¿cuáles eran los reactivos inadecuados?, ¿por qué así?, ¿por qué hasta ahora?) y nada más.
No hay excusas para un comportamiento así, se mire como se mire. No es la primera evaluación que se realiza; los técnicos de la SEP y los políticos del INEE, o al revés, no son neófitos en el tema; no hay las grandes turbulencias de meses antes; sólo la operación cotidiana de un engranaje evaluatorio enorme, que consume recursos, requiere órdenes, demanda atenciones, exige coordinaciones de gestión. Nada extraño para una burocracia evaluadora que debía ser eficaz, eficiente y coherente. Nada extraño para una maquinaria que se pretende legítima. Lo normal.
Pero no fue así. Hasta el último día, precisamente cuando se tenían que entregar los resultados, se anuncia la eliminación de todo el proceso. Después de cinco meses de tensiones y angustia para las y los maestros convocados. En esas condiciones, lo menos que se puede esperar es una respuesta airada. Como fue en los estados, frente a las oficinas públicas, en corrillos y algunas manifestaciones. Y, a diferencia de otras ocasiones, ahora si merecieron una respuesta puntual: “No se preocupen, se quedan un año más”.
Por supuesto, el año que entra se evaluarán, más temprano que tarde tendrán que pasar otra vez por la evaluación. Y en dos años otra vez, y así. Toda su vida. “No se preocupen”. “Se les respetará siempre su derecho a ser evaluados”. Porque ahora resulta que la evaluación es eso, un derecho.
Las críticas no se hicieron esperar. De todos los tonos y estilos. Desde quienes encontraron argumentos para el fracaso de la reforma educativa, hasta quienes se mostraron preocupados por el mensaje que envía. Así lo dijo el director de Mexicanos Primero en Jalisco, Benjamín Manzano: “… Este incidente y su errónea forma de enterar a los docentes por parte de las autoridades, ha sido un desatino que pone en la incertidumbre laboral a los señalados. Si bien la anulación de los instrumentos de calificación por no cumplir con la calidad requerida, es un acto responsable de parte del INEE, no lo es hacerlo fuera de tiempo y en la última fase del proceso, mucho menos informarlo el día en que se deberían entregar los resultados. Estos acontecimientos ponen en estado de indefensión a los principales aliados de la trasformación educativa, a quienes, contra la presión de los detractores de la reforma educativa, caminaron con confianza a los procesos de evaluación para la promoción” (http://www.educacionfutura.org/evaluar-la-evaluacion-caso-atp-y-promovidos-2015/).
Como se ha vuelto costumbre, Mexicanos Primero (MP) mira más y más lejos. Reconoce los errores, exige cumplimiento de la ley y advierte los efectos negativos entre quienes se espera sean los principales aliados de la reforma: los maestros, directivos y asesores técnico pedagógicos que se evaluaron, los que confiaron en la evaluación, los que cumplieron con la ley. Ése es el problema principal, un problema de legitimidad y de eficacia; Mexicanos Primero sabe muy bien que la reforma educativa depende del reconocimiento que se tenga de sus procesos, de sus evaluaciones y del cumplimiento de sus metas y normas. Políticos como los que más, diseñadores, supervisores y evaluadores de la reforma, en esta organización están más que conscientes de los problemas derivados de una gestión ineficaz e ineficiente.
Otros comentaristas, apoyadores irrestrictos de la reforma, encuentran defensa hasta en lo indefendible, como Pedro Flores Crespo, quien expresó en su cuenta de facebook: “Coincido con @DavidResortera. Que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación – INEE @INEEmx no haya validado los resultados de la evaluación de ATP, es correcto. Ejerce, como dice David, su poder técnico. En un país en donde pocos reconocen errores, una acción de esta naturaleza se mal entiende y se juzga con calificativos muy severos (fracaso, ridiculez). Como ciudadano, prefiero escuchar que las autoridades asuman SU responsabilidad y se disculpen a que formulen – al vil estilo priista – teorías del “compló” o de la muy popular victimización” (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009425641016&fref=ts).
No es la primera vez que sucede una cosa así, la breve existencia de la evaluación docente, está plagada de ejemplos. En el 2015, a escasos días del proceso electoral, se suspendieron indefinidamente las evaluaciones. Para no ir más lejos, al mismo tiempo que se eliminó la evaluación de los ATP’s, se prorrogó la entrega de resultados de las evaluaciones de promoción para los directores de escuela. y así. No es la primera vez, seguramente no será la última.
Desde nuestra perspectiva, esta clase de problemas rebasan con mucho las cuestiones meramente técnicas. Y es que todo el entramado institucional involucrado en la evaluación (SEP, INEE, CNSPD, AEL), ha interpretado y jugado como ha querido con las reglas, las mismas que se desprenden de unas leyes que los legisladores aprobaron en tan solo diez días. Los requisitos y procedimientos, constantemente se modifican y seguirán cambiando; los plazos y las condiciones, parecen manipularse a conveniencia; y no nada más en este caso, sino en muchos otros aspectos del proceso, como el manejo de las listas de prelación y la asignación de plazas.
Pero para el enorme andamiaje institucional encargado de la evaluación, este conjunto de continuos problemas de implementación, son minucias, mera peccata minuta. Las pifias nunca serán sancionadas, simple y sencillamente porque el marco jurídico no contempla absolutamente nada al respecto.
Lo cierto es que este asunto de los ATPs ha generado reacciones y comentarios altamente hipotéticos, como suele suceder en estos casos. ¿A qué se debe en realidad la eliminación? El INEE dice que a problemas en los reactivos del examen de conocimientos, pero no dice cuáles, ni cómo ni por qué. Entonces el problema se dirige hacia la SHCP: no creó las claves de plaza para ese nombramiento específico. Recordemos que en la estructura de la SEP formalmente no existen los ATP’s, quienes desempeñan esa función son maestros comisionados en su gran mayoría. Otros más, dicen que los motivos tienen que ver con las contradicciones, desavenencias y falta de coordinación entre la SEP, el INEE y la SHCP, como sucede con la asignación de plazas, las listas de prelación, los resultados de la evaluación de ingreso entre tantos otros.
Quizá todas estas razones sean ciertas, de un modo u otro. Sin embargo, nosotros quisiéramos dirigir la atención hacia lo que podríamos llamar la eficacia política de la ineptitud, es decir, la paradoja de la normalización evaluadora y los efectos anestesiantes de la implementación. Veamos detenidamente.
Lo primero que resalta de las nuevas protestas de ATP’s es su rapidez, su soledad y su encuadramiento. Reaccionaron pronto y en defensa de la evaluación. ¡Qué diferencia con los maestros de 2015 que luchaban contra la evaluación! Ahora lucharon solos, además, no recurrieron a protestas masivas y generalizadas. Localmente, las y los maestros evaluados esperaban puntualmente la presentación de los resultados para contar con su clave de plaza –en caso de haber aprobado, por supuesto-. Son los ATP’s de la reforma educativa, no los que luchan contra la reforma educativa. Los que exigen cumplimiento de la reforma, los que se habían evaluado, los que clamaban por los resultados en tiempo y forma. Es lo que llamamos la paradoja de la normalización, pues la evaluación se va convirtiendo cada vez más en parte del habitus docente, a pesar de, o mejor, por sus mismas complicaciones y desaseos.
Por lo mismo, anunciar la eliminación del proceso aludiendo a una irregularidad en el examen de conocimientos, justo el mismo día en que se debían presentar resultados, luego de cinco meses de espera, y ya presentadas las evidencias y los exámenes correspondientes, denota, a todas luces, la incompetencia de los cuadros técnico-políticos responsables de la maquinaria evaluadora. Sin embargo, esto no se traduce en ilegitimidad de la reforma educativa, sino al contrario, en exigencia de un cabal cumplimiento de la ley. La impericia de los técnicos se convierte en un activo político de los reformadores; es a lo que denominamos la eficacia política de la ineptitud. ¿Por qué? Muy simple; en las protestas de los ATPs, la atención se dirige a las cuestiones de procedimiento, a los reactivos, al cumplimiento de la ley, a las coordinaciones intergubernamentales, a los problemas técnicos, jurídicos y administrativos.
La política se vuelve administración, dirían algunos. Ya no se cuestiona la reforma educativa, sino todas las deficiencias de su ejecución; lo que denominamos el efecto anestesiante de la implementación.
Esto plantea problemas muy difíciles para quienes se resisten a la reforma educativa, y junto con ella, a la evaluación. Nos encontramos en una nueva fase, donde la multiplicidad de sus acciones, la incoherencia entre organismos, la ineptitud de sus cuadros técnico-políticos, van generando efectos diferenciados de distinta magnitud e importancia. Por una parte, se exhibe una incompetencia que no causa nada, que no tiene consecuencia alguna en las instancias directivas y operativas de la evaluación (en otras partes, por mucho menos que esto hubieran sido despedidos u obligados a renunciar los responsables de la SEP y del INEE; aquí no). Por la otra, esto mismo potencia los ensamblajes de la reforma, sobre todo en lo que se refiere a la aceptación cada vez mayor, de las diversas evaluaciones y la lucha por la aplicación justa e irrestricta de una ley que hace algunos meses todavía se consideraba ilegítima e inaceptable.
Estos son los problemas de hoy. Distintos a los de hace unos meses. Reconocerlos es la primera forma de empezar a luchar contra ellos.