Jorge Salazar García. 04/06/2018
México, por su composición geológica, es beneficiario de cuantiosos recursos naturales. Entre los más codiciados están los contenidos en el subsuelo. Son bastante conocidos, por la estela de desastres que su extracción ha dejado en pueblos y comunidades, los metales preciosos (oro y plata, básicamente) y el petróleo. Mucha sangre ha corrido en nuestro país para evitar que los gobiernos satisfagan únicamente la avaricia de unos pocos, nativos y extranjeros. Los políticos, en lugar de aprovechar esos bienes para impulsar el desarrollo nacional y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, sólo han propiciado su saqueo irracional. Hoy, trágicamente, al despojo de metales preciosos se suman minerales estratégicos y tierras raras demandadas por la industria informática y militar. Viendo las graves consecuencias que su explotación rapáz arroja sobre los pueblos, contar con esas enormes riquezas pareciera una maldición. Por supuesto, eso no es así, el mal no está en ella; este se deriva de la corrupción y malinchismo tradicionales en las autoridades.
Para darse una idea sobre esos veneros de maná que tiene México, citamos el dato publicado en el Diario Oficial de la Federación (9/05/2014) teniendo como fuente al Servicio Geológico Mexicano de la Secretaria de Energía, donde se asienta que el 70% del territorio nacional (1’375,063 Km2) tiene potencial para el desarrollo de proyectos mineros…”. Como están las cosas, este hecho por los daños que causa se convierte en una realidad apocalíptica. Por ejemplo, la extracción del oro y la plata durante la Colonia y después de la Independencia diezmó a las comunidades indígenas al por mayor. Aunque la situación mejoró un poco gracias a la Revolución, con la llegada de los neoliberales al poder, la tragedia sin límite ha regresado para millones de mexicanos. Esto, como consecuencia de las reformas salinistas que permitieron el 100% de inversión extranjera en el sector minero, lo que allanó el camino a los grandes empresarios para despojar “legalmente” a los campesinos de sus recursos naturales; no obstante, que de acuerdo a Fundar[2], no genera riqueza para las comunidades y casi el 50% ésta en la pobreza.
La impunidad total de las compañías, por la destrucción y desgracias que ocasionan, está garantizada por las autoridades de los 3 niveles. Por esta razón, los empresarios, en aras de la ganancia rápida, sistemáticamente pisotean la Ley Minera (hecha por ellos mismos). La devastación ambiental y violación de los derechos fundamentales de pobladores y trabajadores son realidades que tienden a generalizarse debido a que ya está concesionado (COMIMEX[3]) el 15.7 % del territorio nacional por 50 años, prorrogables otros 50 a compañías extranjeras, principalmente. De acuerdo al estudio de Sánchez Salazar, 293 cоmpañías fоráneas оperan en la cuarta parte del país extrayendo principalmente оrо y plata (65%). En tan solo 10 años (2000-2010) han extraído la mitad de plata que se extrajo en 300.
Esas empresas tienen todo a su favor ya que la actividad esta considerada de utilidad pública y “preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”[4]; pagan casi nada de impuestos por hectárea no por volumen de mineral extraído, como debiera ser. Ese impuesto se compone de una cuota fija inicial por hectárea que va de 262 pesos a 210 000; y otra anual comprendida entre ¡10 a 2000 pesos¡[5] Con este pago se arrogan derechos para desalojar poblaciones, expropiar tierras, perseguir, encarcelar y matar opositores. Una vez agotadas las vetas, se marchan dejando destruidas, irremediablemente, tierras, aire, bosques, aguas y vidas.
Lo anterior viene al caso por la amenaza que las compañías Candelaria Mining y Almaden Mineral representan para los veracruzanos que viven en la región comprendida en los municipios de Alto Lucero y Actopan, donde están vigentes los proyectos mineros de “La Paila” y “el Cobre”. Estas empresas quieren hacer negocios de alta rentabilidad, les interesa la ganancia, no el bienestar en las comunidades asentadas en las áreas concesionadas, ni mucho menos el medio ambiente. Afortunadamente, la gente está cada día mejor informada y se organiza para defender y proteger su hábitat. Con ese objetivo, el 23 de mayo, algunos ciudadanos y organizaciones (Pobladores, LAVIDA, etc.) se congregaron en la ciudad de Actopan. Se reunieron en la plaza central más de 800 campesinos, religiosos y activistas de la región para manifestar su rechazo a esos proyectos. En esa ocasión, específicamente, demandaron al alcalde Paulino Domínguez declarar al municipio libre de minería tóxica, tal como lo hicieron, mediante actas de asambleas agrarias y populares, los habitantes de Alto Lucero y Actopan, el 7 de febrero pasado amparados en “el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Ante la negativa del funcionario (que acudió al finalizar el mitin) los presentes acordaron ampliarle el plazo y regresar por la respuesta el próximo jueves 7 de junio.
Para forjarse una idea de los daños que ocasionan las minas a tajo abierto, se muestran a continuación algunos datos al respecto.
BOSQUES.
*Abrir grandes tajos en la tierra destruirá 50 mil hectáreas de encinos, robles, sauces, higueras, guácima, guanacastes, cocouites, helechos, palmas, manglares y otras especies.
FAUNA
Corren peligro miles de aves migratorias que anidan en la región; así como armadillos, tlacuaches, tuzas, zorras, venado, coyotes y tejones, entre otros.
AGUA
*Se contaminarán con cianuro y otros químicos 250 mil litros de agua por hora.
* En una hora la mina consumirá el agua que una familia consumiría en 6 años.
*Los lodos sedimentarios con cianuro contaminaran ríos, lagunas costera, arrecifes y costas del mar.
* El balance hidrológico de la cuenca se afectarán modificando la geoquímica de los cuerpos de agua.
LAGUNA VERDE
Debido a que “Las sacudidas y vibraciones como resultado de las voladuras asociadas a la minería pueden producir… el colapso de estructuras…[6] en ninguna parte del mundo se ha autorizado una mina cerca de instalaciones nucleares. A pesar de ello en la mina la Paila, que se encuentra entre 2.5 y 3 km de la nucleoeléctrica se detonarán entre 5 y 7 toneladas de explosivos diarios, contraviniendo la norma internacional, lo cual podría ocasionar un accidente nuclear incontrolable.
Con respecto a la salud, hay evidencias que los envenenamientos, silicosis, carcinomas, dermatitis, malformaciones, daños a los riñones e hígado son frecuentes en las personas que viven dentro o cerca de las áreas mineras. Ante estas evidencias, la lógica indica que esos megaproyectos debe ser cancelados en tanto no garanticen el bienestar de la gente y el respeto a medio ambiente.
Regresando a la cita del 5 de junio, don Paulino podría erigirse en un político que escucha a su pueblo y proponer al cabildo que encabeza, la propuesta para declarar al municipio de Actopan libre de minería tóxica. De hacerlo, sería un alcalde digno y diferente a los gandules que sólo buscan conservar sus privilegios quedando bien con los poderosos a costa del sufrimiento de sus gobernados.
[1] María Teresa Sánchez Salazar, investigadоra del Institutо de Geоgrafía de la UNAM y titular del estudiо “La industria minerо-metalúrgica en Méxicо”.
[2] Centro de Análisis e Investigaciones de la sociedad civil, con sede en México.
[3] CAMIMEX. Cámara Minera Mexicana.
[4] Articulo 6 de la Ley Minera
[5] Articulo 59 del reglamento de la Ley Minera.
[6] EC-DG-INFSO-B4 (2000), “Review of potential environmental and social impact of mining” part II.)
